La Ley de Primer Empleo y el desmonte de los parafiscales ¿Trampa o alternativa?
Director Departamento de la Juventud y del Menor Trabajador
La reducción sistemática del Estado y por consiguiente su desentendimiento de las obligaciones en la garantía de los derechos de la población joven, y el traslado de éstos a un sistema privado en el que se paga para acceder a ellos, ha sido una de las dinámicas impulsadas por los gobiernos de turno durante la última década.
El precario presupuesto nacional para atender a dicha población; aunado al poco interés en la creación de un verdadero Sistema Nacional Público de Empleo, ha conllevado a que proliferen la intermediación y la subcontratación.
La política laboral que impuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante los 8 años de mandato, a través de la Ley 789 de 2002 y una serie de decretos reglamentarios, ahondaron la tasa de desempleo, desestimuló el empleo formal y conllevó a que los trabajadores perdiesen poder adquisitivo y los empresarios se ahorraran más de 4 billones de pesos al año, ampliando la brecha entre ricos y pobres.
La reducción sistemática del Estado y por consiguiente su desentendimiento de las obligaciones en la garantía de los derechos de la población joven, y el traslado de éstos a un sistema privado en el que se paga para acceder a ellos, ha sido una de las dinámicas impulsadas por los gobiernos de turno durante la última década.
La política laboral que impuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante los 8 años de mandato, a través de la Ley 789 de 2002 y una serie de decretos reglamentarios, ahondaron la tasa de desempleo, desestimuló el empleo formal y conllevó a que los trabajadores perdiesen poder adquisitivo y los empresarios se ahorraran más de 4 billones de pesos al año, ampliando la brecha entre ricos y pobres.
