{image}http://eldia.co/images/stories/240811/003.jpg{/image}Sorpresiva resultaron las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, donde anuncia el retiro del proyecto gubernamental que pretendía introducir el ánimo de lucro en la educación superior, supuestamente porque no hay un consenso generalizado sobre este punto.
Pedro Arango, Fiscal de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), manifestó que el actual crecimiento de la conciencia política del estudiantado y de los colombianos en general, así como los diferentes procesos organizativos en defensa de la educación pública, son las verdaderas causas de la decisión del gobierno de retirar el proyecto de ánimo de lucro de las universidades públicas.
Nadie se debe confiar del anuncio dado por el presidente Santos, porque su gobierno se ha caracterizado por ejecutar las órdenes dadas por el Fondo Monetario Internacional e independientemente de retirar el proyecto de privatización de la educación superior, siempre tendrá la intención de introducir leyes y decretos orientados a pulverizar las universidades públicas, tal como lo ha venido haciendo con la educación media, aseveró Pedro Arango.
Es necesario analizar toda la nueva ley sobre educación superior, porque el gobierno puede dejar abierta la introducción del capital privado a las universidades públicas a través de varias figuras jurídicas como los decretos, o por reglamentación interna de las propias instituciones educativas.
Los colombianos no pueden seguir siendo engañados por los medios de comunicación, los cuales alaban la política neoliberal y son partidarios de la privatización de todo el patrimonio público, por tanto es necesario la organización y movilización para defender los derechos fundamentales y constitucionales de toda la población.
FECODE invita a todos los colombianos, especialmente a los estudiantes de secundaria y universitarios a participar de la gran jornada de movilización el próximo 7 de septiembre en defensa de la educación pública como derecho fundamental, y donde se le dirá al gobierno nacional que sus pretensiones de privatización serán detenidas con la lucha social.
