{image}http://eldia.co/images/stories/230811/001.jpg{/image}La Comisión Colombiana de Juristas entidad que hace parte de la Coalición colombiana Contra la Tortura, quien presento el pasado jueves 18 de agosto su último informe contra la tortura en Colombia.
Ana María Díaz, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, informo que según la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes” , tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas en 1984, la tortura es entendida como “todo acto por el cual se infringen intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves” los cuales pueden ser de carácter físico o mental, con el fin de castigar, obligar a la confesión de la persona o un tercero, o reprimir la protesta social.
En Colombia se ha presentado la tortura como parte de una estrategia sistemática y generalizada operada por los diferentes grupos que participan de las hostilidades del conflicto armado. La tortura se ha utilizado como medio de persecución política, con el propósito de obtener información o confesiones; se desarrolla en institutos penitenciarios, en lugares de reclusión de secuestrados o en sitios anónimos y clandestinos, señaló Díaz.
Los propios miembros de la fuerza pública han sido victimas de prácticas de tortura como un mecanismo de instrucción militar. La violencia sexual ha sido reconocida por instancias internacionales defensoras de derechos humanos como forma de tortura.
La subdirectora mostro su preocupación ya que pese a la gravedad del fenómeno de la tortura en Colombia, que entre julio de 2001 y junio de 2009 registra al menos 1834 personas torturadas, se ha dado una práctica de invisibilización e impunidad de parte de la justicia colombiana, la cual no muestra mayores esfuerzos por identificar, juzgar y sancionar a los perpetradores del delito.
Según la unidad de derechos y derecho humanitario de la fiscalía, de los casos denunciados al menos el 74% se encuentran sin sentencia condenatoria, lo cual incentiva a los perpetradores del delito, tanto como impide que este sea reconocido y repudiado por la sociedad. También se recalco que el Estado colombiano es responsable de los crímenes al menos en un 90.5% de los casos. El 44.2% de los casos han sido perpetrados por los agentes del Estado, el 48% de los casos por grupos paramilitares y el 9 % por grupos guerrilleros. No solo se observo un notorio aumento de los crímenes en el periodo comprendido entre 2001 y 2009, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dictado sentencias donde señala los acuerdos entre grupos paramilitares y funcionarios del Estado, develando la complicidad de ambas partes en la planeación y ejecución de los crímenes.
Finalmente se denuncio como aún existen grupos paramilitares que mantienen su accionar represivo en varias zonas del país, lo cual es ratificado por el informe de 2010 de la Fiscalía General de la Nación.
