Las medidas se ejecutarán contra las empresas Rockhopper Exploration, Desire Petroleum Public Limited Company, Argos Resources, Falkland Oil and Gas Limited y Borders & Southern Petroleum.
La decisión fue comunicada en cinco resoluciones, signadas con los números 128, 129, 130, 131 y 133 de la Secretaría de Energía, encabezada por Daniel Cameron, publicadas este lunes en el Boletín Oficial.
El gobierno de Argentina determinó que las operaciones de las petroleras «en la Plataforma Continental Argentina” que adelantan estas cinco empresas son «ilegítimas y clandestinas».
La Cancillería argentina manifestó en un comunicado que «la declaración de clandestinidad dará lugar al inicio inmediato de las acciones civiles y penales contra las citadas empresas, las que incluyen imputación de delitos aduaneros y fiscales, así como la aplicación de las sanciones administrativas».
Añadió que el estado de «clandestinidad» de las empresas y la puesta en marcha de acciones legales será comunicado también a los países sede de las petroleras, al Ente Regulador de la Bolsa de Londres, al Tesoro británico, a la Organización Internacional de Comisiones de Valores y a la Bolsa de Nueva York.
En las referidas resoluciones, el gobierno argumenta que las empresas mencionadas «no cuentan con una autorización, concesión o permiso otorgado por las autoridades competentes del gobierno argentino».
Asimismo, se señala que las actividades de esas compañías «resultan ilegítimas y clandestinas por estar realizándose en una zona que se encuentra bajo la soberanía de la República Argentina y al margen de lo que disponen sus leyes y reglamentos específicos».
En tanto, se indica que «todo lo obrado ha sido en el marco del firme propósito de poner en marcha todas las acciones legales, judiciales o administrativas en defensa de los legítimos derechos de la República Argentina».
A estas empresas, se les otorgó un plazo de 10 días para que realicen el descargo pertinente, «garantizando el ejercicio de su legítimo derecho de defensa», lapso que transcurrió «sin haber obtenido respuesta alguna» de las mismas.
La información se genera «en el marco de las gestiones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional en relación con el ejercicio de la soberanía nacional sobre los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la Plataforma Continental Argentina”, explicó.
Este nuevo episodio del diferendo entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Malvinas, se da a pocos días de que la presidenta Cristina Fernández participe de la reunión de Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que tratará el tema de Las Malvinas, el próximo 14 de junio.
En el mes de marzo, el canciller Héctor Timerman había anunciado el comienzo de una nueva estrategia de acciones legales ante la ilícita exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur, señalando que con ella el Estado afirma «la soberanía sobre el área y sus recursos» naturales, tanto a las empresas petroleras como a las que les prestan servicios tercerizados.
De estas manera, las acciones legales también serán extensivas a empresas que son propietarias de pozos y plataformas petroleras, que «brinden apoyo logístico» y otras que «aportan apoyo financiero, inversiones y asesoramiento sobre inversiones», lo que incluirá denuncias penales y comerciales contra «bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo» que operan en el país y en el exterior, según señaló entonces Timerman.
«El plan es para preservar la paz y procurar la resolución pacífica» del conflicto de soberanía, explicó el Ministro en esa oportunidad, y señaló que las acciones se basan en la violación de dos principios: el de la resolución de Naciones Unidas y el de que ninguna de las partes (Argentina y Reino Unido) puede introducir modificaciones unilaterales en lo que dure el conflicto.
