Bogotá, D.C., abril 20 de 2017
Las centrales y federaciones sindicales firmantes del presente comunicado, luego de revisar la situación política y jurídica por la que atraviesa el proceso de negociación colectiva con el Gobierno Nacional, comunicamos a nuestra militancia sindical y la opinión pública:
1. Mantenemos firme nuestra voluntad de consolidar un acuerdo laboral nacional de manera armónica e incluyente y el anhelo de trabajar en la mejora continua de los derechos laborales de los empleados estatales de Colombia, así como que el mismo sea fruto de la negociación entre Gobierno y organizaciones sindicales, y en lo posible por consenso entre estas últimas.
2. Es nuestra voluntad acatar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aunque no la compartimos, en el sentido de reanudar la negociación una vez surtidos los procedimientos legales para las actividades de coordinación e integración de pliegos, procedimiento tramitado sin éxito entre todas las organizaciones en el día de hoy; no sin antes manifestar que hay al menos cinco sentencias de tutela que negaron las pretensiones similares frente al proceso como la del Tribunal Superior del Cesar.
3. Consideramos que la vía judicial no es el camino para resolver las diferencias políticas al seno de los trabajadores. Por ello, rechazamos que algunas pequeñas nuevas organizaciones, busquen como en el presente caso, y arriesgando la negociación general, que sean sentencias judiciales las que otorguen lo que no logran con su propia lucha.
4. Le hacemos un llamado urgente al Consejo de Estado, para que dada la importancia y la afectación a los empleados públicos de Colombia, estudie y defina a la mayor brevedad en segunda instancia lo pertinente, considerando los principios de proporcionalidad y representatividad y los argumentos esgrimidos por las organizaciones aquí firmantes, y las sentencias de los demás tribunales del país.
5. Luego de reunidas todas las organizaciones sindicales como se ordenó, y ante la imposibilidad de trabajar en una mesa con dos subcomisiones y firmar un solo acuerdo como se lo propusimos a las otras organizaciones desde el principio de autonomía y autocomposición y ante la negativa de las mismas, hemos solicitado al Ministerio de Trabajo, proceder a determinar la proporcionalidad de participación en la mesa con base en dicho principio consagrado en el decreto 160 de 2014.
6. Los hechos hasta ahora acontecidos, ponen en juego la representatividad sindical, debido a la grave omisión del gobierno en el cumplimiento de otra sentencia de hace más de 4 años, que le ordena la realización del censo sindical que determine la representatividad numérica de cada una de las centrales y federaciones y que hubiera evitado la actual dificultad.
7. Entre tanto y para el presente proceso, acreditaremos a más tardar el próximo martes 25 de abril nuestra representación numérica con la certificación de las cuotas sindicales y los extractos bancarios, para evidenciar una vez más, como lo hemos hecho en el tiempo legalmente y mediante la movilización social que ha abierto estos espacios, nuestra enorme representatividad en la negociación colectiva, aspecto que además a la fecha desconocemos que las otras organizaciones hayan acreditado. Dicha omisión o cumplimiento selectivo de sentencias por parte del Gobierno Nacional, similar al que emplea con las sentencias sobre formalización laboral, deja ver claramente que el Gobierno Nacional es principalmente quien pretende dilatar el proceso de negociación, y trasladar la responsabilidad de ello nuestras centrales y federaciones sindicales decidiendo cuáles sentencias cumple y cuáles no.
Ante la situación evidenciada, responsabilizamos de la dilación del proceso de negociación colectiva, incluyendo la definición del salario de los trabajadores estatales al Gobierno Nacional, y llamamos a redoblar esfuerzos para la movilización nacional del día 26 de abril del presente año.
CUT, CGT, CTC, FECODE, FENALTRASE, UTRADEC, FECOTRASERVIPÚBLICOS y ÚNETE
