21 de Octubre de 2014
Sr. Luis Eduardo Garzón
Ministro de Trabajo. Bogotá, Colombia
Re: Violencia del trabajo, Impunidad, la subcontratación y el Plan de Acción Laboral
Estimado Sr. Garzón,
Estamos muy agradecidos por la invitación al dialogo con usted en la Embajada de Colombia. Estamos un poco preocupados por las declaraciones que hizo en la prensa por lo que usted dice que los compromisos del Plan de Acción Laboral Colombia – Estados Unidos (LAP) se han logrado, cuando los informes que recibimos muestran que el opuesto es el caso. Mientras que hemos observado algunos cambios positivos a nivel institucional y legislativo en cuanto a la mejora de los derechos laborales desde el inicia del LAP, seguimos muy preocupados acerca de los muchos obstáculos que permanecen. Uno de los mayores obstáculos es que la violencia contra los sindicalistas sigue con 35 sindicalistas asesinados el año pasado y al menos 14 este año. Mientras que esto es una disminución del número de muertes por antes del inicio del LAP es todavía indicativo de un problema que exige nuestra atención. Nos gustaría mucho trabajar con usted para garantizar que el LAP no sigue siendo una formalidad pero que se convierte en un instrumento que transforma las vidas de los trabajadores colombianos. En esencia, nos gustaría ver más resultados sobre el terreno y la transformación de la vida de los trabajadores en los sectores prioritarios esbozados en el LAP. Además del LAP, hay varios casos preocupantes que quisiéramos discutir con usted con la esperanza de que pueda intervenir para mejorar estas situaciones.
Creemos que el actual proceso de paz puede servir como una oportunidad histórica para garantizar que no se repitan los errores laborales del pasado en una Colombia postconflicto y para abordar causes del conflicto y la violencia contra los sindicalistas. Es nuestra esperanza que este proceso genera los debates necesarios sobre como desmantelar los grupos armados, garantizar que se haga justicia, que la verdad completa de todos los factores que generan violencia laboral e impunidad junto con la responsabilidad de agentes estatales y no estatales se revela plenamente con el fin de garantizar la no repetición de dichos delitos laborales en el futuro. Además, esperamos que los debates que fueron generados por el proceso de paz hablen de la discriminación racial, la desigualdad y la marginalización que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes así sus derechos laborales pueden ser fortalecidos y que tengan la capacidad de formar sindicatos para defender sus derechos sin temor a la persecución.
Aprovechamos esta oportunidad para preguntarle las siguientes preguntas:
1) ¿Cuán diferente es la estrategia general y el enfoque de su Ministerio a la del ex ministro Rafael Pardo? ¿Qué esfuerzos se están realizando para cumplir con las obligaciones previstas en el Plan de Acción Laboral Colombia – Estados Unidos (LAP)? En particular, ¿qué medidas está tomando su Ministerio para garantizar contratos directos para los trabajadores en el puerto, minería, azúcar, aceite de palma y sectores de flor? ¿Cuántos empleadores han encontrado — por lo civil o criminal — responsable de subcontratación ilegal y las actividades antisindicales? ¿Su oficina se centra en reintegrar a los cientos de trabajadores de esos sectores que han sido despedidos ilegalmente para organizar o asociar con un sindicato? ¿Se han organizado reuniones con los actores claves en estos sectores (empresas, contratistas, trabajadores y partes interesadas) para trazar un plan para avanzar hacia la plena aplicación del Plan de Acción Laboral?
2) Mientras que entendemos que la provisión de medidas de protección cae bajo el mandato de la unidad nacional de protección y que la justicia cae debajo de la oficina de la Procuraduría General, el nivel de violencia y amenazas de muerte contra sindicalistas y activistas laborales sigue siendo alto. Por lo tanto, nos gustaría saber qué esfuerzos su Ministerio está llevando a cabo para reducir la violencia contra sindicalistas y garantizar que las personas responsables de asesinar, amenazar y atacar a los sindicalistas y activistas sean llevadas ante la justicia.
3) La CUT anunció recientemente su apoyo al proceso de paz en el Congreso e insistió a que los grupos en el trabajo de conflictos para una Colombia post-conflicto donde se detiene la violencia contra sindicalistas, los derechos laborales y libertades sindicales (derecho de asociación, negociación y huelgas) se restablece y las inspecciones laborales son tratadas en forma oportuna y eficiente y que haya atención más rápida a los conflictos laborales y sindicales. ¿Cómo está aprovechando su Ministerio la oportunidad de las conversaciones de paz para garantizar que los abusos laborales que se llevaron a cabo en los últimos cincuenta años de conflicto en las manos de los grupos armados están incluidos en los esfuerzos de verdad, justicia y reparación. ¿Cuál es su perspectiva sobre el proceso de paz y qué crees que es necesario para crear un nuevo entorno para los derechos laborales que se ocupa del pasado y evita que ocurran más abusos?
4) Mientras que aplaudimos los esfuerzos del Ministerio de Trabajo para contratar a más investigadores e imponer más multas, estamos preocupados por la facilidad con la cual las empresas evitan de pagar multas. ¿Podría contarnos el número de multas emitidas por el Ministerio en el 2014 y el número que han sido pagadas? Además, estamos preocupados que la violación de los derechos laborales se convierte en una sabia elección económica para las empresas, como multas, incluso cuando se pagan, representan menos de un coste que respetando debidamente los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la cantidad promedio de cada multa, tanto para aquellos que han sido pagados y los que han emitido?
También nos gustaría pedir su intervención en los siguientes casos/problemas:
Recientes amenazas de muerte
El 2 de septiembre, los sindicatos en el Valle del Cauca recibieron una amenaza de muerte del grupo paramilitar Los Rastrojos. En esta amenaza, los destinatarios son declarados como objetivos militares y advirtieron que deben cesar sus actividades en cuatro días o sufrir las consecuencias. Entre los mencionados se encuentran la Federación Sindical de CUT cuyo ex representante de Cali Álvaro Vega sufrió un intento de asesinato a principios de este año; SINTRAIME, que emprendió recientemente una huelga contra la compañía gigante estadounidense de carbón Drummond; Presidente de SINTRAEMCALI Jorge Ivan Velez, cuya unión sufrió dos ataques incluyendo explosivos y una bomba de fuego esta pasada primavera; y otras organizaciones laborales de la región circundante. Previamente, el 6 de julio, Geovanny Serrano, Director de prensa y Angel Tovar, Secretario de comunicación, de SINTRAEMCALI recibieron una amenaza declarando «…a la muerte los delegados de sintraemcali que apoyaban a Santos. La orden de mi general propone un golpe de estado por limpieza del sintraemcali…» Esta amenaza incluye Presidente de SINTRAEMCALI Jorge Ivan Velez, senador Alexander López Maya y los trabajadores de SINTRAEMCALI que se reintegraron.
El 22 de septiembre, prominentes defensores de los derechos humanos colombianos recibieron una amenaza de muerte del grupo paramilitar sucesor de Los Rastrojos, que dejó un panfleto en las oficinas de ONG de derechos humanos de Redepaz. El documento identifica a los analistas León Valencia y Ariel Ávila como «objetivos militares.» Entre los objetivos está Julio Roberto Gómez, el director de la Federación laboral CGT.
Ataque químico contra CUT unionista en Cali
El 26 de junio, Álvaro José Vega, miembro del Comité Ejecutivo de CUT sufrió un ataque químico en la ciudad de Cali en la Calle 15 cuando 34 hombres desconocidos le lanzaron una sustancia química que dio lugar a quemaduras y su hospitalización.
Vice Presidente del sindicato Sinaltrainal sobrevive intento de asesinato
José Onofre Esquivel Luna, un empleado de Nestle y dirigente sindical de SINALTRAINAL, sobrevivió a un intento de asesinato a las 7 de la noche el 16 de junio en Medellín. El guardaespaldas de Onofre disparo contra el asesino, matando a uno y dejando al otro lesionado, a quien las autoridades detuvieron más tarde. Los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de Colombia y la región han pedido una investigación para aclarar los actores detrás de este ataque y garantizar la protección a largo plazo del movimiento laboral de Colombia.
Granada lanzada en la entrada de la sede del Sindicato SINTRAELECOL en Caldas
El 18 de junio de 2014, una granada fue lanzada hacia la oficina de SINTRAELECOL; las autoridades confirmaron que el alfiler se quedó adentro y así no explotó. Este intento de ataque llega después de que pasados ataques legales fueron lanzados contra el presidente de la unión y bombardeos intentos similares han ocurrido previamente. El manejo de la evidencia en este caso y pasados casos ha sido cuestionado, y los ataques han ido en gran medida sin ser investigados.
Dirigente sindical de CUT en Buenaventura recibe amenazas
Ana Cristina Bermudez, un líder sindical con la Federación Sindical de la CUT en la ciudad de Buenaventura en el Valle del Cauca recibió amenazas de muerte por su trabajo en junio. La autoridad nacional de Afrocolombianos (ANAFRO) alienta enérgicamente al Vice Ministro del Interior, Natalia Gutiérrez, de tomar una decisión sobre este caso y garantizar la protección de la Sra. Bermudez en su trabajo laboral y los derechos humanos.
Pedimos amablemente que el Ministerio tome medidas para garantizar que se investiguen las amenazas y los ataques y los perpetradores ante la justicia.
Problemas con los mecanismos de protección
El 7 de octubre, CUT informó que existe mucha incertidumbre sobre la capacidad financiera de la UNP para cubrir los mecanismos de protección para los sindicalistas. Esto es debido a una reestructuración de diez instituciones, un déficit público de 12,5 billones de pesos para cubrir los costos de dichas instituciones y el escándalo de corrupción que involucro al UNP. CUT informa que la UNP planea desmantelar 100 esquemas de protección que benefician a unos 200 trabajadores. Hay problemas con el pago de sueldos y gastos de transporte para los escoltas que impiden el movimiento y el trabajo de los sindicalistas.
Varios sindicatos están reportando problemas graves con la implementación de los mecanismos de protección otorgada por UNP. En el caso de SINALTRAINAL a nivel nacional y el sindicato de USE en Cali, por ejemplo, hemos recibido reportes de la unidad de protección nacional haciendo un trabajo inadecuado de proteger a los sindicalistas. SINALTRAINAL informa que sindicalistas son negados boletos, vehículos para el transporte no tienen gas y escoltas no están recibiendo los gastos de viaje a pesar de que algunos de estos sindicalistas tienen órdenes de medidas colectivas bajo la organización de Estados Americanos (OEA). En el caso del sindicato de Emcali (USE), los sindicalistas no reciben gas para que sus escoltas puedan operar sus autos, entonces tuvieron que devolverlos a la UNP y escoltas han tenido que reducir su acompañamiento porque no se les paga los gastos de viaje. En el caso de la USO, se han reducido las medidas de protección y existen preocupaciones acerca de las operaciones de empresas subcontratadas para proporcionar diferentes aspectos de los mecanismos de protección.
También estamos preocupados por los derechos laborales de los escoltas subcontratados por la UNP para proteger a los sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes afrocolombianos. Hemos recibido varios informes de nuestros socios de los derechos humanos en relación a este tema. Según El Colombiano, por lo menos 40 escoltas están programados para protestar hoy en Medellín y podrian ir a la huelga. Estarán protestando que el contratista Experto Seguridad es no les proporciona beneficios a que tienen derecho. También están preocupados por no haber sido pagados los costos incurridos en septiembre y las condiciones de trabajo pobres.
Pedimos amablemente que el Ministerio intervenga para hacer frente a estos obstáculos relativos a medidas de protección de sindicalistas y el trabajo para garantizar los derechos laborales de escoltas.
Trabajadores afrocolombianos
Según las conclusiones los Congresistas Miller y McGovern en el reporte de octubre 2013, pensamos que los trabajadores afrocolombianos son particularmente vulnerables a los abusos de derechos laborales debido a la discriminación racial, la desigualdad y la marginalización histórica. Como tal, su situación requiere esfuerzos adicionales para garantizar la mejoría de sus derechos laborales y aumentar la sindicalización entre esta población. Para los afrocolombianos, desempleo y empleo formal sigue siendo una gran preocupación, ya que la mayoría esta empleada en la economía informal. Mujeres afrocolombianas continúan siendo vulnerables a la explotación, el robo salarial y el mal tratamiento. Esto requiere que el Ministerio adopte políticas diferenciales de empleo que estimulan el empleo de los afrocolombianos. Con el fin de desarrollar políticas efectivas, sin embargo, estadísticas de trabajo adecuadas que incluyen categorías étnico-racial son necesarias para que las políticas y programas dirigidos a estas poblaciones sean más eficaces.
Creemos que los esfuerzos emprendidos por el sector público y privado con el apoyo de ACDIVOCA para emplear jóvenes afrocolombianos e indígenas desplazados y marginalizados en colaboración con organizaciones como AFRODES y otros es un paso positivo en esa dirección. Tales programas pilotos deben continuar, deben ser ampliados y mejorados para garantizar que los trabajadores puedan organizar y formar sindicatos. Sin embargo, se requieren más esfuerzos de largo alcance para mejorar los derechos laborales de la población afrodescendiente.
Pedimos amablemente que el Ministerio de los derechos laborales para los afrocolombianos una prioridad y que trabajar con el Consejo de trabajo afrocolombianas para idear un plan para mejorar el empleo y garantizar los derechos laborales de esta población.
Sector portuario
No vemos ninguna mejoría dramática en la situación que enfrentan los trabajadores portuarios. Entendemos que el gobierno ha emitido dos decretos y leyes, pero que las empresas portuarias sólo los ignoraron. Las zonas humanitarias y la crisis de derechos humanos frente a Buenaventura están vinculadas para protección de los derechos laborales. Puesto que el desempleo es un problema que lleva a la violencia y la criminalidad, el Ministerio puede hacer mucho para mejorar esta situación garantizando que puestos de trabajo en Buenaventura vengan con protecciones laborales completo a partir de los trabajadores del puerto. Nos preocupa que cientos de trabajadores fueron injustamente despedidos tras la introducción de el Plan de Acción Laboral Colombia – Estados Unidos (LAP) en los puertos de Buenaventura y Turbo seguirán sin que sus situaciones sean resueltos y que continúan operando bajo condiciones muy precarias. Nuevos despidos continúan ocurriendo. El 15 de septiembre, 32 trabajadores fueron despedidos que fueron contratados por CIAMSA SA., una subsidiaria de BULKTRADING. Estas personas fueron despedidas sin recibir ninguna compensación y sus beneficios no fueron pagados en total. Hay una preocupación que CIAMSA planea despedir a unos otros 24 trabajadores.
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Terminal de Contenedores de Buenaventura, COMPAS y Grupo Portuario continúan contratar trabajadores a través de intermediarios, un modelo que bloquea la actividad sindical y la posibilidad de atender adecuadamente las condiciones de trabajo, salarios, el pago total de los beneficios y los riesgos laborales. El 6 de octubre, Elias Porto Carrero murió mientras que trabajaba en el muelle 12 para uno de estos contratistas cuando fue atropellado por un tractor. Esta muerte pudo haber sido prevenida si hubieran tomado las medidas básicas de precaución. Además, las medidas de protección del puerto Unión de Buenaventura están bajo revisión y existe preocupación de que estos no serán renovados.
Pedimos amablemente que el Ministerio intervenga para garantizar la contratación de estos trabajadores directos, abordar la cuestión de los trabajadores despedidos y las preocupaciones de protección.
Sector Azucarero
Al igual que el sector portuario, seguimos preocupados por los trabajadores despedidos antes y desde el inicio de el Plan de Acción Laboral Colombia – Estados Unidos (LAP). Los trabajadores de las refinerías de La Cabaña y María Luisa que fueron despedidos debido a su afiliación con SINTRAINAGRO deben ser reintegrados. También trabajadores despedidos debido a sus conexiones con SINTRACATORCE y los más de 300 trabajadores que fueron despedidos de la refinería de San Carlos. En este último caso, varios funcionarios han recibido sanciones disciplinarias que no han avanzado.
Pedimos amablemente que el Ministerio se reúna con el liderazgo de SINTRAINAGRO y SINTRACATORCE para poner en marcha un plan para resolver estas cuestiones pendientes.
Sindicato de trabajadores petroleros (USO)
Actividad sindical y la protesta social en el sector petrolero continúan siendo sistemáticamente reprimidos y criminalizados. Los trabajadores que intentan unirse a sindicatos están en la lista negra, intimidaron, interrogaron por los empleadores o sufren acciones disciplinarias o son despidos. Dos dirigentes de la USO, Dario Cardenas, Vicepresidente en Meta y Rafael Rodríguez Moros, Fiscal en el Centro de USO permanecen en la cárcel bajo cargos dudosos. La mayoría de los trabajadores en este sector trabajan indirectamente haciendo sus condiciones de trabajo precario e impidiendo sindicación. La USO ha sufrido un gran número de asesinatos.
Justicia en casos laborales
Por último, pedimos que el Ministerio de Trabajo monitorea para garantizar un juicio justo y para a proteger a los testigos en los casos en curso DAS inteligencia laborales y el caso Operación Dragón. Estos son los casos de trabajo particularmente atroz, cuyos resultados determinarán en gran parte el futuro curso de acción de los funcionarios, las fuerzas de seguridad, seguridad privada y otros en la violencia y la persecución de sindicalistas. Es vital que se realicen sin obstáculos y sin represalias contra los abogados, los trabajadores y los testigos.
ASOTRECOL
Nos complace saber que su Ministerio ha intervenido en este caso. Esperamos que continuara haciéndolo hasta que haya una resolución positiva para los trabajadores despedidos y enfermos.
Una vez más, gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes sobre estos temas y esperamos su respuesta a nuestras preguntas y casos/cuestiones planteadas.
Atentamente,
Gimena Sánchez-Garzoli
Senior Associate for the Andes
WOLA
Carta original:
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