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Claro y Movistar deben devolverle al Estado 11 billones de pesos en infraestructura

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{image}http://lh4.googleusercontent.com/-H_J0bwAojP0/Uhy6GG9v-nI/AAAAAAAACfA/lSJXxI1Fhs8/s500/corte-constitucional.jpg{/image}Un fallo de la Corte Constitucional declaró exequible la reversión de activos para las empresas privadas de telecomunicaciones. Esto equivale a que Claro y Movistar deberán devolver al Estado toda la infraestructura que usaron de este, lo cual supera los 11 billones de pesos.

El fallo, conocido este viernes, hace referencia a dos artículos claves, uno de la Ley 422 de 1998 y otro de la Ley 1341 de 2009, obligando a respetar las cláusulas de reversión de activos acordados con las transnacionales Claro y Movistar y que deben ejecutarse en marzo del 2014, cuando lleguen a su final las concesiones de la telefonía móvil celular a cargo de estos operadores. 

Resulta que ambas multinacionales estaban usufructuando las antenas, oficinas, centros de atención al público, software, redes… entre otros, que fueron pagados con las facturas de los colombianos, es decir, son patrimonio público. Y deberán devolverlos al Estado una vez se acaben sus concesiones en marzo próximo.

Especial relevancia tiene el espectro electromagnético. Hace pocos meses el Ministerio de las TIC ejecutó una subasta pública donde extendió la concesión del espectro, el Ministro Diego Molano y el presidente de la República, sabían del impedimento legal y aun así siguieron con la venta.

“Los más de 11 billones de pesos de activos de Claro y Movistar son del pueblo colombiano, el Ministro Diego Molano en su afán por proteger los intereses de las transnacionales no quiso actuar al respecto y deberá ser investigado por su conducta omisiva e irresponsable que denunciaré ante el Procurador General de la Nación y la propia Fiscalía General de la Nación” señaló el Senador Alexander López.

Ahora, el mayor riesgo lo corren unas 50 millones de líneas telefónicas, pertenecientes a ciudadanos, que están conectadas a estos operadores y las empresas deben tomar medidas alternativas para que sigan funcionando. Para ello, el Gobierno deberá diseñar un nuevo esquema que garantice la otorgación de manera legal del espectro electromagnético, no como la polémica subasta.

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