En Colombia siguen matando sindicalistas. Con los 24 de este año ya suman 2.879 los compañeros/as asesinados desde la fundación de la CUT, incluidos Luciano Romero Molina (2005) y Henry Ramírez Daza (2010), refugiados temporalmente en Asturias y ultimados al regresar al país.
De poco sirve la retórica del gobierno presidido por Juan Manuel Santos legitimando la existencia de los sindicatos y la defensa de los derechos humanos, si en campos y ciudades los grupos paramilitares -en alianza con la fuerza pública- continúan amenazando y matando a los obreros para que se salgan de los sindicatos y paralizarlos mediante el miedo.
La perorata del gobierno colombiano -tan difundida por los medios de comunicación- sobre una supuesta mejoría en los derechos humanos, no logra borrar realidades muy graves: las agresiones y la impunidad continúan. La mitad de los sindicalistas asesinados habían recibido amenazas de muerte, pero este delito no se investiga. Tampoco se busca a los 221 sindicalistas desaparecidos desde 1986. En menos del 5% de los homicidios se conocen los responsables materiales de tanto crimen. Nunca la justicia colombiana ha dicho quiénes son los autores intelectuales del genocidio sindical, pero los sindicatos tienen bases para señalar a sectores de la patronal criolla tradicionalmente enemiga de las organizaciones obreras, y a un grupo de grandes empresas de los Estados Unidos y de Europa, como Chiquita Brands, Coca Cola, Nestlé, Unión Fenosa, Drummond y otras, a las que les viene muy bien la matanza.
No les basta a estos empresarios con sobreexplotar la mano de obra colombiana, como lo hace la petrolera canadiense Pacific Rubiales, o la española Repsol, los dueños de las plantaciones de banano o de palma aceitera, cuyas tasas de ganancia suben al desaparecer los convenios colectivos.
Ahora quieren también mayor acceso a las riquezas de los territorios y con ese propósito el lobby empresarial viene lavando la cara del gobierno colombiano en las asambleas de la OIT, al tiempo que impulsa un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia. En Estados Unidos sus multinacionales aspiran también a quedarse parte del pastel. La carrera es por quién saquea primero.
Tienen prisa y un par de serios obstáculos por delante: la sangre obrera, pues podría afear la cuidada imagen corporativa el hacer negocios parados encima de tantos muertos. Y la férrea lucha de los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades negras, sobrevivientes de siglos de exclusión violenta, abocados a otro carrusel de terror, sangre y despojo.
Ni los campesinos, ni los indios, ni los negros colombianos, están dispuestos a permitir la usurpación de sus tierras y el robo de las riquezas naturales. Se han sumado a la defensa de la Madre Tierra que está siendo destruida por la avaricia de unos pocos. En alianza estrecha con los sindicatos, vienen luchando para evitar que se firmen estos tratados leoninos disfrazados de inversión para generar empleo de calidad, pues suponiendo que eso fuera cierto –y no lo es- sería “pan para hoy y hambre para mañana”
Colombia ha sido convertida en un laboratorio del horror para defender los privilegios de las élites. Y ese camino de obreros sin sindicato, trabajo sin derechos, pueblos sin territorio y crímenes de Estado sin castigo, es muy mal ejemplo para otras latitudes en donde el capitalismo voraz saca las uñas.
La lucha de los obreros, campesinos, indígenas , negros y estudiantes colombianos contra el modelo neoliberal, el terror, la impunidad y el neocolonialismo, es una acción valerosa que merece la pena seguir apoyando. Sus triunfos o derrotas repercuten en todo el mundo laboral.
*Javier Orozco P. es ex dirigente de CUT Colombia, Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la violencia en Colombia, iniciativa solidaria que cuenta con el apoyo de la UGT para acoger a sindicalistas amenazados de muerte.
