Comunicado del Comité Nacional Paro
                                 30 de mayo de 2021
A 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser escuchados, el gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no solo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación, como forma razonable de abrir espacio a escuchar y resolver las justas razones de las movilizaciones.

El gobierno nacional ha priorizado los discursos de odio y declaraciones estigmatizan tés y el tratamiento militar contra quienes ejercemos el legítimo derecho a la protesta. Los miles de detenidos, los cientos de heridos, de ellos 51 con lesiones oculares y los más de 70 personas asesinadas, 14 de ellas en la noche del viernes en Cali, por la policía y por personas vestidas de civil que acompañan a efectivos de policía, dan cuenta del horror desatado, inadmisible en cualquier Estado democrático. Igualmente, el Presidente de la República y el gobierno siguen guardando un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, el ESMAD, al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta.

En los últimos dos días, la simulada voluntad de negociación del gobierno nacional, resultado de la contundencia de la protesta social y de la presión internacional, se desvaneció por completo, son múltiples y nítidas sus expresiones: el Ministro del Interior desautorizó a dos viceministros
que habían ya firmado un acuerdo para aliviar el corte de vía en Buenaventura, en una alocución desde Cali el Presidente anuncia el más grande despliegue militar en el sur occidente, el Ministro de Justicia Wilson Ruiz, afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas
callejeras, hurtos, etc., y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila señala en una entrevista que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.

El viernes al final de la noche el país conoce el decreto 575, que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes. Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado. Al respecto son muy esclarecedoras las últimas declaraciones de la CIDH “Reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna, y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”, y “Los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
El escalamiento de las medidas militares y policivas agravan la ya muy delicada situación de derechos humanos, se bloquea, se malogra y se desperdician los esfuerzos realizados para iniciar la negociación, prolongando innecesariamente y a altísimos costos, una solución, que en todo caso será a través de una negociación.

Después de seis días, en la madrugada de hoy el gobierno nacional nos envió observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta que habíamos logrado cerrar después de 9 días de exploración y concertación el pasado lunes 24 de mayo. Con los “ajustes” el gobierno pretende que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del ESMAD, la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía, el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto, las declaraciones condenando las violaciones de derechos humanos y la estigmatización en las protestas y la comisión de garantías que realizaría seguimiento al acuerdo, entre otras. Además, incorporan una exigencia al Comité Nacional de Paro, para que condenemos y criminalicemos los cortes temporales de vías, o mal llamados “bloqueos”, desconociendo la postura que hemos hecho pública y las decisiones que se han tomado en varios territorios de reorientar los cortes de vías.

No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación. Es importante recordar que en la comisión del gobierno encabezada por el comisionado de paz participaron los ministros de trabajo, vivienda y del interior, consejería de derechos humanos, la subdirección de planeación, funcionarios del ministerio de defensa y la Policía Nacional y una gran cantidad de asesores de varios ministerios, y que cada palabra, cada renglón y cada párrafo acordado fue intensamente discutido y consultado por ellos. Lo que nos lleva a concluir que la pretendida voluntad para negociar que expresaba el anterior comisionado de paz ya no existe en el gobierno nacional y que se ha impuesto una política de guerra contra el Paro Nacional.
Todo esto coincide con las declaraciones del expresidente Uribe en una entrevista a un periódico español donde señala que al Presidente Duque le falta firmeza en el manejo del paro y con la declaración del partido de gobierno, el Centro Democrático, donde solicitan militarización y rechazan cualquier negociación con el Comité Nacional de Paro.

El Comité Nacional de Paro, coincide y agradece las declaraciones del representante especial de Secretario General de la ONU, cuando señala “la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos”, y la declaración de 17 embajadores de la Unión Europea manifiestan “respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una
salida sostenible a la crisis”. Igualmente nos alegra y acompañamos a los gobernadores y alcaldes que han manifestado su rechazo al decreto 575 y el anuncio de continuar buscando la vía del diálogo.

Tenemos la convicción de que en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho podremos resolver este conflicto mediante el diálogo y la negociación y exigimos que se firme el preacuerdo de garantías logrado el 24 de mayo, al gobierno nacional y a quienes acompañan este proceso de interlocución, Monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal, a Carlos Ruiz Massieu jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Julieth de Rivero jefa en
Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personas e instituciones que han venido acompañando este proceso.

El Paro Nacional continua, y por ello convocaremos a realizar las más grandes organizadas y pacíficas movilizaciones de nuestra historia, a impulsar un gran diálogo con la juventud y la sociedad sobre las agendas de cambio que la ciudadanía está exigiendo en las calles y a convocar a una cumbre social y política en defensa de la democracia.

¡¡¡A PARAR PARA AVANZAR!!!                     ¡¡¡VIVA EL PARO NACIONAL!!!
                              COMITÉ NACIONAL DE PARO
Bogotá, 30 de mayo de 2021

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