Básicamente la propuesta del Concejal es que los contratos de las concesiones terminen en un año y la Secretaría de Educación Distrital no pueda extender este periodo. La administración de Gustavo Petro ha manifestado en múltiples ocasiones su intención de poner fin a esta figura tan criticada por los sindicatos de la educación. Sin embargo, no ha puesto fechas para ese término.
El cabildante Argote Muñoz relató un poco de contexto que es bueno tener claro. Los colegios en concesión fueron construidos durante la administración de Peñalosa. Son buenas infraestructuras edificadas con plata del Distrito en los lugares donde se presenta la más alta demanda educativa y donde más se necesita, es decir, en Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba.
El detalle es que no funcionan de manera directa con la Secretaría de Educación sino, que habiendo la plata, los entregaron a manos particulares para su administración y con el mejor precio de los costos educativos para niños en Bogotá. Esos particulares no son cualquiera, son empresas consolidadas como cajas de compensación familiar, fundaciones religiosas o universidades privadas.
En total son 25 colegios y 9 operarios, donde no hay ninguna organización social popular sino grandes empresas de la educación en el país, que han manejado los contratos con ánimo de lucro. A cambio, han logrado resultados no muy alicientes con relación a las pruebas de Estado. Ninguno de los 25 ha conseguido ubicarse en un rango de Muy Superior; un 25% ocupó Superior; un 30%, en Alto; la mayoría están en Medio e, incluso, algunos en Bajo.
El Concejal Argote agrega: “Estoy investigando que algunas de estas instituciones se valen de estar atendiendo niños de estrato 1 y población vulnerable, presentan proyectos a la cooperación internacional y a las entidades nacionales para pedir recursos, porque según ellos están haciendo una obra social al atender población infantil de alta vulnerabilidad. Por lo que no solo estarían recibiendo dineros del Distrito, sino otros recursos”.
Ahora bien, la propuesta se basa en que la educación es un derecho amparado por la Constitución; el Estado tiene la obligación de suministrarla de manera directa y solo allí donde no puede ofrecerla, podría contratarla. Entonces, el concejal precisa: “Si los colegios que se entregaron en concesión son del Distrito; si la plata para pagar el costo de la educación la pone el Distrito; el gobierno no puede concesionar esos colegios, es ilegal. De manera que mi propuesta es que se acabe esa concesión, el gobierno de Bogotá retome esos colegios, los vuelva mejores que lo que dicen que están. Sean jornada única, con bilingüismo, artes y lo que una buena educación requiere. Sí es posible desde el Estado mismo ofrecer ese servicio”.
Los contratos de las concesiones acaban a mediados o principios del próximo año. Desde el año pasado hay una puja, con amenazas de por medio, por extender este plazo. La Secretaría dice que de acuerdo a investigaciones no extenderá el término. Pero Argote quiere asegurarse de que “eso se discuta desde ahora para que la Secretaría no tenga excusas”.
