14 al 28 de marzo/14
“De la retórica de la normalización a la cruda realidad de violación estructural de los derechos humanos”
1. Continúan las violaciones de los derechos humanos en una extensión e intensidad que no permite hablar de una situación en vías de normalización. Es lo que se denuncia por las comunidades en Buenaventura, Catatumbo, Timba y Tambo -Cauca, finca Tranquilandia en Aracataca y en ciudades como Cali, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta. Los datos estadísticos afirman la percepción de las organizaciones sociales y las víctimas, lo que supone un agravamiento de la situación de derechos humanos.
2. Frente a esta realidad llama la atención el discurso oficial, reiterado en los medios de comunicación y en las reuniones mantenidas, de un proceso de normalización en la situación de los derechos humanos en Colombia. Diferentes organizaciones denunciaron la manipulación informativa que pretende encubrir la responsabilidad oficial, la estigmatización de quienes protestan y la impunidad generalizada de los más graves abusos cometidos.
3. Las denuncias en las regiones visitadas señalan la persistencia del paramilitarismo. En el Cauca, en municipios como El Tambo, Sucre, Balboa, Buenos Aires y Argelia, en el Magdalena (Aracataca) y en otros lugares. Los paras mantienen las estructuras políticas y económicas y el apoyo de sectores empresariales, así como la financiación del narcotráfico. Las denuncias de connivencia de la fuerza pública y de algunas autoridades locales con estas organizaciones criminales han sido constantes, así como la insistencia de la fuerza pública en negar la existencia de estos grupos y sus alianzas. La próxima liberación de líderes paramilitares acogidos al proceso de la ley de justicia y paz, como es el caso de Jorge Ivan Laverde “El Iguano”, está generando alarma social en numerosos departamentos del país.
4. La violencia contra las mujeres no cesa en el marco del conflicto armado y fuera de él. La reforma en 2013 del fuero penal militar ha reforzado la impunidad de estas graves violaciones a los derechos humanos.
5. En relación al conflicto armado se han recogido continuas denuncias de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como la falta de respeto del principio de distinción entre combatientes y civiles, la ubicación de instalaciones militares en el centro de los cascos urbanos de las poblaciones o en la cercanía de dotaciones públicas como colegios y hospitales.
La misión ha podido recoger testimonios escalofriantes de la dramática situación carcelaria que vive Colombia. A pesar de la declaración de la Corte Constitucional, las autoridades no han tomado medidas efectivas para eliminar el hacinamiento y la violación de los derechos de los internos. La población carcelaria ha aumentado en el último año y supera ampliamente la capacidad del sistema. Los prisioneros políticos sufren una situación de hostigamiento y discriminación, especialmente grave en la mala atención médica que reciben como se demuestra en los casos de los prisioneros políticos que son abandonados enfermos para que mueran.
6. La misión ha podido constatar el uso excesivo de la fuerza contra quienes reivindican los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
7. Con relación a las víctimas de violaciones a derechos humanos ha sido general la queja de la dificultad en el acceso a la Justicia, por los costes de desplazamiento, la opacidad, la falta de asistencia letrada y la lentitud de los procedimientos. A lo anterior se añaden los recortes en la protección por la Unidad Nacional de Protección alegando restricciones presupuestarias. En las comunidades de desplazados se denuncia la ausencia de las ayudas establecidas en la normativa vigente o su desvío a obras innecesarias. En general, se reconoce la profusión de normas jurídicas protectoras, así como el discurso favorable a las víctimas, aunque al mismo tiempo se denuncia su falta de aplicación en la práctica. Se ha manifestado una preocupación generalizada ante la posible retirada en 2014 de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se constató la ineficacia de la Ley de Víctimas.
8. La misión ha podido constatar la parálisis del proceso de restitución de tierras y las amenazas recibidas por quienes defienden la recuperación de las mismas. Los desplazados de la finca Tranquilandia (Aracataca, Cesar) manifestaron a esta misión que, ante las amenazas recibidas, sólo retornarían con acompañamiento internacional. La misión recibió información de cómo desde el Gobierno, al menos en la región de Urabá, condiciona la restitución a los informes de seguridad del Ejercito.
9. En las mismas comunidades campesinas se denunciaron los intereses creados por los terratenientes y las empresas que se beneficiaron del despojo. El uso abusivo de los recursos hídricos y la deforestación, en muchas ocasiones originadas por las grandes plantaciones de palma africana, está teniendo graves efectos en las distintas regiones visitadas. Asimismo, las actividades mineras de las multinacionales, o aquellas llevadas a cabo de forma clandestina, están teniendo un grave impacto en el medio ambiente, en la escasez de agua, por ejemplo en el centro del departamento del Cesar y en el Casanare, lo que atenta contra la sostenibilidad de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes. Grandes empresas fueron acusadas de beneficiarse de las violaciones de los derechos humanos y de violar derechos laborales y ambientales, como Bioagroindustrial, Pacific Rubiales, Tcbuen, Drummond, Cerrejón, Anglo Gold Ashanti, y entre otras las bananeras y comercializadoras Fyffess, Uniban-Turbana.
11. La misión tuvo denuncias de la violación de los derechos políticos, en especial por la generalización de la compra de votos en numerosas regiones del país en las pasadas elecciones y la imposibilidad real de participación de opciones que plateen una alternativa al actual sistema, sobre todo en las regiones sometidas a control paramilitar. El caso de la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, tiene una relevancia crucial en esta materia; destituido por una decisión administrativa, constituye un claro atentado a la soberanía popular y arroja dudas sobre los alcances que en materia de participación política se logren en las conversaciones de La Habana. Por otra parte, el hecho de que el Gobierno colombiano desconozca las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye un grave precedente desestabilizador del sistema Interamericano de derechos hjumanos. Por todo ello, llama la atención el silencio de la comunidad internacional y, en especial, de la Unión Europea y de los Gobiernos de España e Irlanda.
