{image}http://imagen.eldia.co/cache/cut/personajes/francisco-maltes_595.jpg{/image}Prioritaria la eliminación de la tarcerización y la ampliación de plantas de personal —Denuncia de despidos masivos en entidades públicas—
Convocado por la CUT, se realizó el pasado martes 21 de febrero el Foro Nacional por Trabajo Decente y contra la tercerización laboral en el sector estatal, evento en el que participaron unos 200 representantes de organizaciones sindicales estatales y subdirectivas de la CUT de varios departamentos.
El Foro fue el marco para que el sindicalismo estatal analizara y discutiera la lista de temas y problemas que le aquejan, entre los cuales es prioritaria la eliminación de la tercerización laboral (nóminas paralelas) y la ampliación de las plantas de personal en las entidades públicas.
También se abordaron, entre otros temas, la negativa del gobierno a expedir el decreto de negociación colectiva en el sector estatal; el aumento salarial, que si bien el gobierno lo determinó unilateralmente, los sindicatos estiman que debe ser concertado con ellos; y la necesidad de que en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales se discuta la derogatoria del Acuerdo 162 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que no garantiza la estabilidad de los funcionarios provisionales.
Presentes en el Foro estuvieron el presidente de la CUT, Tarcisio Mora; el Viceministro de Pensiones, Mauricio Olivera; los senadores Luis Carlos Avellaneda y Camilo Romero; el representante Wilson Arias; Ítalo Cardona, delegado de la OIT; Juan Diego Gómez, de la ISP; representantes de las subdirectivas de la CUT Tolima, Caldas, Bolívar, Bogotá, Antioquia y Norte de Santander, y de más de 30 organizaciones sindicales estatales de la CUT, como Sindistritales, Anthoc, Sempereira, Sinalserpub, Asounicol, Educal, Sintraiss, Sintrenal, ANEC, Asdep, Sindesena, Sintrabienestar, Sintraambiente, Sindemedilegal, Asfocundis, Acoldeca, Sintraicollantas, Sindicato del Fondo de Bienestar de la Contraloría, y Sindecol, entre otros.
Denuncias de despidos masivos
Francisco Maltés Tello, coordinador del tema de los estatales en la CUT y organizador del Foro, señaló que el mayor número de denuncias tuvo que ver con la continuidad de la tercerización en el sector público, pese a la voluntad política del gobierno nacional para solucionar este problema, que se ha agravado con los despidos masivos que en las últimas semanas se han registrado en varias regiones del país.
El caso más protuberante es el del Distrito de Bogotá, donde han despedido cerca de mil empleados públicos vinculados por contrato (tercerizados), muchos de ellos con años de trabajo en tales condiciones. Se mencionó el caso de los hospitales de Usme (200 despedidos), de Tunjuelito (150), de Champinero (100) y de Usaquén (65); como también 187 funcionario despedidos del Fondo de Cesantías y Pensiones del Distrito, 103 del Fopae y otros 100 de la Secretaría de Gobierno.
Ante esto la CUT le ha solicitado al alcalde Gustavo Petro que suspenda el despido de estas personas, que si bien trabajan por orden de prestación de servicios, todas están protegidas por el llamado “contrato realidad”, es decir, cumplen funciones misionales y horario, y están subordinadas a las entidades públicas.
También se presentaron reportes de despidos masivos en la Alcaldía de Barranquilla (300 funcionarios), en Soledad, Atlántico (150), en el Departamento de Atlántico (200), en el Municipio de Cali (300), en UNE de Medellín (200), en la Administración de Cúcuta (200).
Para el caso de Cúcuta, Otilia Cárdenas Peña, de la Subdirectiva CUT Norte de Santander, denunció que el alcalde de esta ciudad despidió los 200 trabajadores que estaban por cooperativas, con el argumento de que éstas se deben acabar. Pero 15 días después, en una maniobra clientelista, nombró 150 funcionarios por contrato para hacer exactamente lo mismo que hacían los despedidos.
Lo que ha ocurrido —sostiene Francisco Maltés— es que el anuncio del gobierno de querer formalizar el empleo y acabar con los tercerizados en el sector estatal, ha coincidido con la llegada a las alcaldías y gobernaciones de nuevos mandatarios, que en algunas regiones y ciudades han aprovechado para despedir funcionarios y reemplazarlos por otros con criterios clientelistas.
En este punto, y para dimensionar el tamaño del problema, viene al caso mencionar las primeras cifras que el Ministro de Trabajo ha recogido sobre nóminas paralelas en las entidades públicas. En el caso En Bogotá y en las administraciones departamentales trabajan 270.000 personas, pero de estas, sólo 100.000 son de planta y tienen contrato formal de trabajo. El resto labora por órdenes de prestación de servicio (OPS) y contratos temporales por honorarios, que son unas verdaderas nóminas paralelas por cuanto muchos de estos empleados llevan varios años trabajando en las dependencias públicas con este tipo de vinculación. Hay casos extremos como Arauca, Casanare, Nariño y los dos Santanderes, donde entre el 80% y el 90% de los funcionarios son de nómina paralela. Y en la Alcaldía de Cali se estima que por cada funcionario de planta hay tres contratistas.
El pliego de solicitudes del Foro
1- Solicitar al Gobierno mesas de trabajo con el movimiento sindical para mirar cómo continúa el proceso de eliminación de la tercerización, y un plan de acción para la ampliación de las plantas de personal en las entidades del Estado. En este sentido se recordó que el “censo” ordenado por el Ministerio de Trabajo y la Función Pública para determinar el número de trabajadores tercerizados en el Estado, arrojó datos preocupantes, como que en las entidades territoriales por cada trabajador de planta hay 2 tercerizados; y en las entidades de orden nacional la proporción es uno vinculado por uno tercerizado.
2- Exigirle al Gobierno coherencia en el propósito de acabar con la tercerización. Y en este sentido el llamado es a que empiece dando ejemplo por el propio Ministerio de Trabajo, donde laboran 400 trabajadores tercerizados. Al respecto Francisco Maltés denunció que en reciente reunión con los secretarios de educación de los municipios certificados, la Ministra de Educación planteó la posibilidad de que los municipios no contraten directamente algún personal (bibliotecarios, secretarias, almacenistas, etc.) y que mejor sean contratados con terceros. “Eso deja ver que no hay una política coherente en el gobierno”, precisó Maltés.
3- Que el Gobierno cumpla con la expedición del decreto de negociación colectiva concertado con el movimiento sindical en marzo de 2011, o sea ya hace un año. Es el mismo texto de acuerdo que en la pasada conferencia de la OIT el Gobierno mostró como ejemplo de los progresos de Colombia en materia de derechos laborales, pero nunca lo firmó, lo cual, según Francisco Maltés, constituye un “engaño” a la comunidad internacional.
4- Solicitar a la Corte Constitucional hacer seguimiento de las Sentencias C-614/09 y C-901/11., tal como ha hecho seguimiento en otros frentes, como la sentencia sobre el Plan Obligatorio de Salud (C-770).
5- Solicitar al Gobierno Nacional que su bancada en el Congreso que vote favorablemente el proyecto de Ley 257, “por la cual se dictan normas para suprimir y prohibir la contratación laboral mediante cooperativas de trabajo asociado y demás formas de tercerización laboral”, presentado por el senador Alexander López.
6- Preparar el 2º Encuentro Nacional Estatal para el 22, 23 y 24 de marzo del año en curso, en Bogotá, donde se fijen derroteros en defensa de la ampliación de las plantas de personal, la eliminación de la tercerización laboral, la estabilidad de los 120 mil provisionales, y el derecho a la nego
ciación colectiva en el sector público.
7- Denunciar el Acuerdo 162, que no garantiza la estabilidad laboral de los funcionarios provisionales. El sindicalismo considera este decreto inconstitucional porque se extralimita en la interpretación del acto legislativo 04 de 2011.
