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Condena contra un cabo del Ejército, amenaza para sus víctimas

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{image}http://lh5.googleusercontent.com/-GsqMk4f7NsY/Ua9RdOc9p9I/AAAAAAAAAdE/XzsWPg0aR2o/s595/ejercito.jpg{/image}La condena contra un cabo del Ejército se ha convertido en una amenaza constante contra los defensores, la fiscal y los padres de las víctimas. Piden protección, pero es difícil esperar algo de un Estado que se pone del lado de su fuerza pública, aún si esta es culpable.

La justicia condenó a 14 años de prisión al cabo segundo William Andrés Alzate Pérez y a 18 años a su hermano Herney Alzate Pérez, por la violación de dos menores de edad. La mayor condena fue agravada por el delito de pornografía infantil.

Tal como estableció la Fiscalía, de manera engañosa, el 13 de marzo del 2012 el cabo segundo Alzate Pérez junto a su hermano, prometiéndoles celulares y un viaje a la Argentina, llevaron a dos menores de edad “un rato a la residencia”. Allí las violaron. Posteriormente uno de los padres de ellas, al conocer los hechos, contactó a las organizaciones sociales, a la Fundación Sabana y a Sinaltrainal seccional Facatativá con el fin de instaurar la denuncia, previo intento de soborno.

Desde entonces, las intimidaciones por parte de los familiares y de terceras personas cercanas a los inculpados han arreciado. “En la audiencia en sentido condenatorio 27 de febrero, la fiscal seccional del caso y yo fuimos amenazados de manera verbal frente a todas las autoridades por los familiares. Gracias al Inpec, ellos no nos agredieron físicamente. Conocimos que estaban ofreciendo 4 millones de pesos para atentar contra mí y los padres de las menores”, relató Willman Muñoz, abogado defensor de los derechos laborales y de la comunidad.

Dando cuenta de ello, está radicada una denuncia en la Fiscalía de Facatativá y hay una investigación en proceso. El 29 de abril se profirió la condena. Hoy día, las menores reciben acompañamiento sicológico por parte del ICBF. “Estamos esperando por parte de las entidades nacionales las medidas de protección necesarias para mí, para las niñas y para sus padres”, dice el abogado Muñoz. Pues, incluso, hay constates amenazas cada vez que los familiares de las víctimas transitan por la calle.

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