{image}http://www.eldia.co/images/stories/logos/cut.jpg{/image}La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, una vez analizado conjuntamente el Plan de Acción Sobre Derechos Laborales y los hechos que se han desarrollado con posterioridad a su firma, hemos decidido hacer un llamado a los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, para transformar el modelo actual de integración económica y social en las Américas y en particular entre nuestros países.
Consideramos que ese modelo amplia los derechos y privilegios de las corporaciones y multinacionales a costa de los trabajadores, de los consumidores, del medio ambiente y en desmedro del aparato productivo de las naciones más débiles. A pesar de que el acuerdo podría aumentar los flujos comerciales bilaterales, creemos que dichas actividades comerciales solo beneficiarán a una pequeña minoría en ambos países pertenecientes a las élites del gran capital.
Un acuerdo equitativo y justo incluiría mecanismos más fuertes y más efectivos para la protección de los trabajadores, del medio ambiente, del aparato productivo y de otros derechos sociales; reglas justas para la inversión, los servicios, la propiedad intelectual, y el comercio agrícola y de bienes de consumo; políticas compensatorias vigorosas para aquellos sectores que serán desplazados o que caerán en desventajas a causa del acuerdo; políticas nacionales orientadas hacia el desarrollo de la infraestructura industrial, agrícola, vial, de servicios; impulso a la investigación, la formación laboral permanente, medidas fuertes para la protección social y las negociaciones colectivas centralizadas, son también medidas absolutamente necesarias para que ambos países crezcan y se desarrollen equitativamente.
Nos comprometemos a oponernos y rechazar al TLC EE.UU.-Colombia y trabajaremos para fomentar asociaciones sociales y productivas amplias para avanzar en una visión diferente de la integración para la región.
Igualmente denunciar los continuos ataques a los trabajadores en ambos países. En Colombia, los trabajadores siguen siendo asesinados por ejercer sus derechos fundamentales en el espacio laboral. La tasa de homicidios se elevó en 2010 sobre la del año anterior, y hasta la fecha 16 sindicalistas han sido asesinados este año. La tasa de condenas para los responsables de esos crímenes –incluyendo a los autores materiales e intelectuales- no pasa la decena. La combinación de violencia anti-sindical y los obstáculos legales sustanciales para el ejercicio de los derechos laborales fundamentales han tenido un grave efecto. Hoy, la informalidad laboral está por encima del 60% con más de ocho millones de colombianos que trabajan por cuenta propia; de una población económicamente activa de veinte millones, solo 4% de los trabajadores colombianos están sindicalizados (unos 800 mil) y menos del 1% de los trabajadores están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva, (unos 190 mil) .
En los Estados Unidos, los trabajadores del sector público y privado son sujetos de ataques antisindicales. La ola reciente de iniciativas estatales para hacer retroceder o eliminar los derechos a la negociación colectiva para los trabajadores del sector público, para facilitar la de descertificación de los sindicatos, para prohibir proyectos de acuerdos laborales e introducir reglas del “derecho al trabajo”, son tan solo algunas de las maneras en las que los trabajadores han sido atacados a lo largo del país. La falta de aprobación de la muy necesitada legislación federal, como la Ley de Libre Elección Sindical que ayudaría a recuperar la Ley Nacional de Relaciones Laborales, hace muy difícil formar nuevos sindicatos o negociar convenios colectivos. Tal como ocurre en Colombia, también hemos sufrido un fuerte descenso tanto en la densidad sindical como en la cobertura de la negociación colectiva.
Nos comprometemos a luchar en ambos países por la aprobación de una legislación que ofrezca a los trabajadores los derechos laborales fundamentales, y trabajaremos en campañas conjuntas para asegurar que los derechos que tenemos sean plenamente puestos en práctica en relación con los empleadores comunes.
La negociación del Plan de Acción sobre Derechos Laborales firmado entre los Presidentes SANTOS y OBAMA, el cual no fue consultado con las centrales obreras colombianas, si bien incluye algunas medidas que los sindicatos colombianos reclaman desde hace años, es una reedición del Pacto Social de 1994 y del Acuerdo Tripartito firmado en el desarrollo de la Asamblea de OIT en el año 2006, los cuales no resolvieron las graves violaciones de las libertades sindicales y los derechos humanos. El ofrecimiento de resolver mínimos problemas es una estrategia centrada básicamente en lograr la ratificación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso Norteamericano. Actuaciones del Gobierno y los empresarios con posterioridad a su firma corroboran estos temores y nos generan por lo menos tres preocupaciones principales en relación con este plan.
Implementación:
El Plan de Acción sobre Derechos Laborales compromete al gobierno de Colombia a emitir nuevas leyes y regulaciones, crear nuevas instituciones, mejorar procesos, y contratar nuevo personal en fechas específicas. Aunque estas nuevas herramientas son de importancia, necesitamos asegurarnos de que ellas sean usadas y que sean efectivas para reducir los asesinatos y las amenazas, reducir el alto índice de impunidad y crear un sistema de relaciones laborales en el que los trabajadores puedan ejercer libremente sus derechos laborales fundamentales sin temor.
El gobierno de Colombia ya ha fallado en el cumplimiento de varios de sus compromisos en relación con el Plan de Acción. Esto desnuda que son meros anuncios. La manifestación expresa del Gobierno, empresarios y miembros del Congreso de la República de que no acabarán las Cooperativas de Trabajo Asociado ni la intermediación laboral, lo cual quedó claramente reflejado en el Decreto 2025; la represión y despidos en Colsubsidio por la creación del sindicato; la exigencia de los empresarios en Palmas del Cesar de implementar las Cooperativas de Trabajo Asociado para acceder a la negociación del pliego de peticiones; la negativa a prohibir los pactos colectivos en donde exista sindicato; la pretensión de hacer firmar a las centrales un acuerdo laboral con el gobierno y los empresarios sin permitir una discusión amplia, son entre otras una demostración de la poca intensión de cumplir con lo ofrecido.
La brutal represión desatada en Puerto Gaitán, departamento del Meta, contra los trabajadores petroleros, por el solo hecho de afiliarse al sindicato del sector, la USO, y exigir negociación del pliego de peticiones a las multinacionales, CEPCOLSA-CEPSA y respeto a la actividad sindical y a los derechos laborales a PACIFIC RUBIALES, demuestran no solo que el gobierno Colombiano le tolera a las multinacionales todos los abusos en contra de los trabajadores, sino que su plan de acción y acuerdo tripartito son un engaño. Mas ejemplos de esto lo constituyen hechos como la no citación de la mesa nacional de concertación, la agenda legislativa tramitada y aprobada en el congreso colombiano con leyes como la de SEGURIDAD CIUDADANA que legalizó la interceptación de comunicaciones, los allanamientos durante las 24 horas del día y penalizó las protestas y movilizaciones sociales hasta con 8 años de prisión. En resumen la agenda laboral que se está manejando en Colombia no tiene ningún efecto real frente a los tradicionales problemas de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Igual consideración tenemos del Acto legislativo de la sostenibilidad fiscal.
Ejecución:
El plan de acción no es parte del acuerdo comercial. En consecuencia, no está sujeto a los mecanismos de resolución de conflictos del acuerdo. El incumplimiento de la i
mplementación de estos compromisos puede constituir una violación del capítulo sobre trabajo del acuerdo. Sin embargo, no es claro si cada compromiso del plan puede ser plenamente sujeto a consulta y arbitraje bajo lo establecido en el capítulo sobre trabajo.
Alcance:
El Plan de Acción no nace mención de un número importante de áreas sustantivas. El error de no incluir ningún compromiso en relación con las negociaciones colectivas en el sector público, o sobre negociaciones colectivas por encima del nivel de empresa y sobre negociaciones colectivas en relación con pensiones ignora las mayores preocupaciones de las organizaciones aquí firmantes así como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, el Plan de Acción sobre Derechos Laborales contiene dos provisiones, relacionadas con pactos colectivos y servicios públicos esenciales, que son en esencia inconsistentes con las claras e inequívocas recomendaciones de la OIT para el gobierno de Colombia.
Las CUT reitera nuestra postura de no estar de acuerdo con el TLC entre Colombia y Estados Unidos, porque se trata de un acuerdo entre sociedades, estados y economías con grados de desarrollo muy desiguales, que implicará sin duda afectaciones graves a varios sectores como la agricultura, la industria manufacturera, la producción de medicamentos, etc. Se trata de un TLC que pone en riesgo un número considerable de empresas en Colombia y de una buena cantidad de puestos de trabajo en los Estados Unidos.
Por tal razón No firmaremos ningún compromiso o documento que este dirigido a explicitar un favorecimiento de nuestra parte a la ratificación del los TLC, por el contrario continuaremos nuestra campaña en su contra y nuestra coordinación y trabajo con el sindicalismo internacional para lograr su derrota e impulsar un intercambio comercial justo y una integración entre naciones en pie de igualdad. Particularmente en lo que concierne al TLC con Estados Unidos, construiremos una agenda unificada que nos permita sensibilizar a los más amplios sectores de la opinión pública norteamericana y colombiana sobre las inconveniencias de este tratado.
26 de julio de 2011
TARSICIO MORA GODOY
Presidente
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Secretario General
