AFL-CIO/CLC/CUT/CTC
16 Febrero, 2017
Las organizaciones sindicales colombianas, canadienses y estadounidenses abajo firmantes acogen las recientes respuestas de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos a las peticiones de los trabajadores las cuales documentan el fracaso del gobierno colombiano en cumplir con las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales bilaterales. Tanto el informe de Canadá como el de Estados Unidos documentaron fallas en la protección de los derechos de los trabajadores, como lo exigen los acuerdos entre Colombia y los dos países de América del Norte.
Si bien los informes son bienvenidos, en sí mismos no mejorarán la situación de los trabajadores colombianos. En consulta con las Centrales Obreras de cada país, los tres gobiernos deben trabajar juntos para mejorar las leyes y su aplicación para que los trabajadores colombianos puedan acceder al trabajo decente y a la justicia en el trabajo sin demoras indebidas, amenazas, intimidación y violencia.
En el informe de los Estados Unidos se destacan las fallas consistentes en reducir las formas ilegales de subcontratación que limitan el acceso a los derechos de los trabajadores. El informe exige inspecciones competentes en el lugar de trabajo, recaudación de multas o condenas por los culpables de violaciones y reducción del clima de violencia que impide a muchos trabajadores ejercer derechos básicos.
El informe canadiense formula recomendaciones especialmente claras en las que se pide la eliminación de los «contratos sindicales» y de los «pactos colectivos», que se utilizan para negar a los trabajadores el derecho a formar sindicatos o afiliarse a ellos y participar en una verdadera negociación colectiva. Además, en el informe se pide a Colombia derogar el Decreto 583 (aprobado en abril de 2016) que abrió la puerta a la subcontratación de todos los empleos sin reglas claras para limitar la subcontratación abusiva. En particular, el informe canadiense también pidió un estudio exhaustivo del frecuente uso excesivo de violencia por parte de la policía antidisturbios de Colombia (ESMAD) contra los trabajadores que ejercen derechos básicos.
Ambos informes señalan que la legislación colombiana que penaliza las violaciones de la libertad de asociación y libertad sindical no ha producido una sola condena entre más de 1.100 denuncias presentadas y el gobierno ha dedicado pocos recursos a esos esfuerzos. Asimismo, en muy pocos casos los mecanismos para negociar acuerdos de formalización han asegurado un empleo directo estable y duradero con derechos legales para los trabajadores.
Acogemos con satisfacción el hecho de que el informe de los Estados Unidos establece un período de consulta de nueve meses para generar compromisos que produzcan cambios reales. Sin embargo, debemos señalar que las peticiones para hacer cumplir las protecciones de los trabajadores en el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y Guatemala no han terminado con las violaciones cotidianas, la violencia contra los trabajadores o permitido el libre ejercicio de los derechos de los trabajadores en más de ocho años de consultas.
