DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA LXX JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Bogotá, 9 de agosto de 2022
Hace 74 años fue frustrada la opción de un gobierno popular, la que encabezaba el líder del pueblo Jorge Eliecer Gaitán, mediante su magnicidio, por las fuerzas del fascismo que anidaban en los partidos de extrema derecha.
Desde el 7 de agosto se ha iniciado en Colombia un gobierno democrático y progresista, con gran respaldo popular liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez. Se ha proclamado así un gobierno del cambio.
Para llegar a este venturoso hecho se reunieron una serie de acciones y circunstancias nacionales e internacionales, que lo permitieron.
En lo nacional, la firma del acuerdo de paz con la extinta insurgencia de las Farc en noviembre de 2016, el paro agrario de 2013, el paro camionero del 2016, el paro nacional universitario del 2018, el paso a segunda vuelta por primera vez de un candidato presidencial alternativo en 2018 con más de 8 millones de ciudadanos que votaron por él; el paro nacional de 2019, antes de la pandemia, el estallido social de 2021 la mayor expresión de movilización social en los últimos 75 años.
En lo internacional, los estallidos sociales de Chile y Ecuador y la segunda oleada de gobiernos progresistas en América Latina, en Chile, Argentina, Bolivia, Honduras y Perú.
Todo ello contribuyó a que un magnicidio o un fraude, abortaran. Pero el escenario de llevar al gobierno elegido al fracaso por acciones de fuerza de la oposición y el fascismo sigue siendo probable.
Se configura, entonces, un gobierno que enfrenta los desafíos y retos de establecer la paz total y avanzar en justicia social y ambiental.
A este triunfo del pueblo contribuyó la CUT, al invitar a votar masivamente.
Hoy debemos reiterar nuestro compromiso con un respaldo al programa y las transformaciones democráticas del gobierno de Petro.
La situación económica, social, política y de violencia son muy desfavorables. Es el país que dejan los gobiernos de la oligarquía y, en particular, los de los últimos 32 años, de violencia y neoliberalismo.
Inflación desbordada con anuncios de una recesión mundial, amplia devaluación del peso, crecimiento del PIB con altas tasa de desempleo, déficit fiscal, déficit en la balanza comercial, crecimiento desbordado de la deuda, raspada la olla en toda la administración pública por Duque y, además, con múltiples vigencias futuras, contratos y nombramientos amarrados, desfinanciación de presupuesto del 2023, es decir, el gobierno popular de Petro y Francia se enfrentarán a una jungla económica. Así mismo la corrupción es exuberante y las masacres, asesinatos de líderes sociales y violaciones a los DD. HH. no pararon.
Y todo esto en medio de los desafíos de la violencia de la guerrilla, las disidencias, el narcotráfico, el paramilitarismo y con unas fuerzas militares que basadas en la doctrina militar actúan en connivencia con varios de estos grupos ilegales. Y en el plano internacional se destacan los vientos de guerra mundial con la posición agresora y provocadora de EE. UU., tanto en el este europeo con la OTAN que desencadena la invasión Rusa a Ucrania, como con la visita realizada por la presidenta de la cámara de dicho país, Nancy Pelosi, a Taiwán, desafiando la soberanía de China sobre dicho territorio.
A este deteriorado y precario panorama nacional e internacional se enfrenta el nuevo gobierno.
Para ello el gobierno de Petro ha propuesto buscar la paz total reanudando las negociaciones con el ELN y buscando conversaciones y acogimiento a la justicia de los otros grupos ilegales. Tarea compleja y difícil que la CUT debe apoyar dentro de su mandato fundacional de luchar por la solución negociada al conflicto armado y la paz. Así como exigir se implemente de manera integral el acuerdo final de paz de La Habana.
Los otros temas de avanzar en la justicia social y ambiental están contemplados en su agenda legislativa de este año, tales como la reforma tributaria, ley contra el hambre, presupuesto 2023, reforma política, reforma al congreso, prohibición del fracking, reforma al sistema general de regalías, creación del ministerio de la igualdad, jurisdicción agraria, ley de baldíos, reforma a la ley 418 de 1997 y traslado de la policía al ministerio del interior. Otras normas se presentarán oportunamente, como la ley contra las drogas, la de sometimiento a la justicia, las reformas a la salud, la educación, el sistema general de participaciones (educación, salud, agua potable y saneamiento básico), laboral y pensional, entre otras.
En todos estos anuncios hay medidas que significará oposición del gran empresariado, de los megarricos, de los terratenientes y de sectores militaristas.
Es decir, en la medida que el gobierno de Petro quiera avanzar, habrá necesidad de remover múltiples obstáculos y para ello se requerirá, además de conseguir respaldos políticos en el congreso, una fuerte movilización social y la CUT debe ser un importante actor en ella, tal que desactive esas acciones de la oposición y se pueda obtener logros en la paz total y atender el hambre, la pobreza y el desempleo.
La CUT reivindica como eje de su accionar sus principios fundacionales de ser independiente frente al Estado, las instituciones religiosas, los patronos y los partidos y movimientos políticos.
La CUT frente al gobierno del presidente Gustavo Petro apoyará y respaldará inclusive con la movilización pacífica, los temas de su programa de gobierno e iniciativas que se correspondan con los trabajadores, la población y el país, todo en consonancia con sus principios fundacionales.
La CUT trabajará por una amplia participación ciudadana en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y planteará en dicho espacio su agenda laboral para que quede incluida una política institucional de trabajo digno y decente y la necesidad de desarrollar el estatuto del trabajo.
La CUT planteará su agenda laboral al gobierno encaminada a que:
-Se elimine toda forma precaria e ilegal de contratación laboral, como la tercerización ilegal, las OPS, los contratos sindicales.
-Se combata la informalidad laboral y se promuevan políticas de producción agropecuaria e industrial que generen empleo e ingresos dignos.
– Se derogue la regresiva ley 789 de 2002, para recuperar el trabajo diurno hasta las 6 pm, el 100% de dominicales y festivos, la tabla indemnizatoria y el carácter laboral del aprendizaje.
-Se promueva la seguridad social.
-Se respetarán las libertades sindicales acabando con los pactos colectivos, extendiendo las convenciones a todos los trabajadores, implementando la negociación multinivel o por rama o actividad económica, dando garantías a la protesta, en especial a la huelga.
-Se cumplan los acuerdos tanto de la comisión de concertación para los pensionados, como la de las negociaciones con los trabajadores del estado.
– Se implementen acciones administrativas y de gestión que garanticen la no violación de los derechos laborales y sindicales desde el ministerio del trabajo, así como también herramientas y términos para el acceso a la justicia laboral.
-Fortalecimiento y protección del movimiento sindical y reparación colectiva por ser víctima del conflicto armado.
-Pleno desarrollo de los postulados de la OIT en materia de trabajo decente y ratificación de convenios como el 190 sobre acoso laboral y sexual en el trabajo.
-En todas estas medidas deberán desarrollarse políticas transversales de género que reconozcan el trabajo no remunerado y la economía del cuidado.
– En lo pertinente, la agenda laboral hará curso en primera instancia por la Comisión Permanente de Concertación de políticas salariales y laborales.
Para todo este accionar de respaldo al programa y las transformaciones democráticas del gobierno y de generar e incidir en la agenda laboral, la CUT, además de la movilización social, establecerá diálogo y concertación con la bancada del Pacto Histórico, la Coalición de la Esperanza y el Acuerdo Nacional. Todo este actuar de la CUT las realizará sin menoscabo de su autonomía e independencia.
LXX JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA CUT
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