Bogotá, Mayo de 2019
El III Congreso de Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores es el espacio donde se reúnen los jóvenes de nuestra Central a discutir los temas concernientes al sindicalismo colombiano, las tareas, el qué hacer, la cualificación y formación, así como pensarse las formas en que los jóvenes fortalecen la Central y la movilización de los trabajadores en el justo reclamo de sus derechos fundamentales.
Desde la Central consideramos fundamental el papel de los jóvenes en el sindicalismo, pero no como una bandera más de los movimientos sociales, sino como una participación activa y consiente que dé pie a solucionar los problemas organizativos pero que sobre todo permita acrecentar y fortalecer la enorme movilización social y de trabajadores que necesita el país más aún cuando la arremetida en contra de la clase trabajadora es más fuerte con el gobierno de Iván Duque, su Plan Nacional de Desarrollo y la profunda injerencia del imperialismo, especialmente norteamericano, que enmarca todo el aparato económico y ha encontrado inmersión directa a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE organismo en el que recientemente ha entrado Colombia.
La tarea de los jóvenes es clara; organizar y movilizar a la inmensa mayoría de colombianos afectados por el sistema y las políticas que legislan en contra de los mismos. Los jóvenes, especialmente los de la CUT, deben ser los líderes de la movilización que exija el respeto de los derechos laborales, la lucha por la soberanía y la democracia; y, que en este momento de la coyuntura nacional, se opongan al gobierno de Duque.
Desde el Departamento de Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores junto con los jóvenes del equipo de juventud y los asistentes al II Encuentro de Jóvenes de la CUT realizado el 15 y 16 de marzo de 2019, luego de profundas y enriquecidas discusiones sobre los temas del VII Congreso Nacional de la CUT, hemos creado el presente documento todo a fin de que sea insumo y contribuya a las discusiones preparatorias en las regiones y del mismo Congreso de Jóvenes.
1. SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
El mundo atraviesa una profunda crisis económica, a pesar de que a mediados del 2018 el Fondo Monetario Internacional había proyectado un crecimiento de la economía mundial de 3,9%, en enero de este año presentador la “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial” en donde estimaron que el crecimiento mundial fue tan solo de 3,7% concluyendo que la expansión mundial se ha debilitado. Lo que resulta aún peor, es que las perspectivas para 2019 y 2020 apenas llegan al 3,5%.
La difícil situación interna que vive Estados Unidos como principal potencia imperialista del mundo, contribuye con la agudización de las contradicciones económicas mundiales. USA está al borde de su meta de inflación y la Reserva Federal aumentado varias veces durante los últimos años la tasa de interés para intentar bajar el consumo, enfriar la economía, con el grave problema del encarecimiento del crédito y la disminución de la inversión. Para ello, el gobierno de Trump ha decido adelantar una reforma tributaria que baja la tasas impositiva corporativa del 35% al 20% y recargando el recaudo fiscal en mayores impuestos para las clases medias y pobres, que hoy ya llegan a 45 millones de estadounidenses.
Pero lo más grave de la situación internacional es el incremento desmesurado de la deuda global que alcanzó la cifra record de 182 billones de dólares, creciendo un 60% desde el 2007 y con la característica que han crecido en mayor medida los créditos de alto riesgo que pasaron de 300.000 millones en 2010 a 800.000 millones de dólares en 2018. Todos estos datos demuestran que luego de la crisis del 2008, la economía estadounidense no ha logrado recuperarse y que en cambio, ha profundizado el endeudamiento como posible salida.
Esta situación económica se ha complementado recientemente con la agudización de una guerra económica entre el imperialismo estadounidense y otras potencias económicas como China y Rusia, por la evidente necesidad de poner en diferentes mercados del mundo los excedentes de sobreproducción de sus economías.
Las diferentes contradicciones económicas, la amenaza por el control de sus mercados, la confrontación diplomática y los reverses geopolíticos de los Estados Unidos, lo han obligado a agudizar el sometimiento en determinados lugares del mundo donde tienen control. En nuestro caso concreto, se ha profundizado la política de neocolonización y sometimiento en Colombia, Venezuela y el resto de nuestro continente, a través del respaldo directo a gobiernos que han optado por garantizar los intereses de los Estados Unidos en la región como es el caso del presidente Iván Duque.
En Colombia la situación no dista de lo sucedido a nivel mundial. Los flujos netos anuales de inversión extranjera pasaron de 6.000 millones de dólares entre 2002 y 2010 a 14.000 millones entre 2010 y 2016. La inversión extranjera directa (en minería, petróleo, industria, transporte, comercio, etc.) a marzo de 2018 sobrepasó los 182.000 millones de dólares y la de portafolio (acciones en bolsa, bonos, TES, etc.) alcanzó los 87.000 millones de dólares. Por otro lado el endeudamiento del país en 8 años pasó de 234 a 527 billones de pesos. En términos concretos, la economía colombiana cada vez más se ha vuelto dependiente a la variable del capital extranjero y del endeudamiento financiero.
En ese contexto, el 7 de agosto de 2018 Iván Duque se posesionó como presidente de Colombia. El nuevo presidente inició su carrera como consultor de la CAF (Banco de Desarrollo para América Latina) en donde negoción créditos externos para Colombia por más de 8.500 millones de dólares entre 2002 y 2010. También trabajó en el BID entre 2001 y 2013 y ejerció como Consejero Principal de la Dirección Ejecutiva para Colombia, Perú y Ecuador, tramitando todo lo necesario para los préstamos en esa región del continente.
Era evidente, por sus antecedentes y por los partidos políticos que lo apoyaron, que el Gobierno de Iván Duque, fiel a sus antecesores Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos, tomaría la decisión de recargar el modelo de capital extranjero sobre la producción, el ahorro y el trabajo nacional, bajo la fórmula de mayores gabelas a las grandes multinacionales y el capital especulativo; y bajos salarios, reducción de costos laborales e impuestos para la clase media, los asalariados y los sectores más desfavorecidos. En efecto, las primeras políticas que adelantó contenían graves ataques a los colombianos: una reforma tributaria que la rebajó las cargas a las grandes empresas y la negativa durante meses para negociar con el movimiento estudiantil que exigía mayor presupuesto para la educación superior y reevaluar el papel de endeudamiento del ICETEX contra las familias colombianas.
El culmen de los pésimos gobiernos que le antecedieron y la profundización de Duque de la política de servilismo al capital financiero internacional y las grandes multinacionales, han dejado un escenario caótico para particularmente para el empleo. La tasa general de desempleo pasó del 9,4% en 2017 a 9,7% en el 2018, la tasa de ocupación disminuyó del 58,4% al 57,8% según cifras del DANE . Lo anterior, sumado al perturbador hecho de que 6 de cada 10 colombianos se encuentran en la informalidad o el rebusque. Pero estas cifras son mucho más graves para la juventud, en los jóvenes entre 14 y 28 años, el desempleo llega al 16,9% y la ocupación ha bajado con respecto al 2017. La situación se agrava cuando se revisan a profundidad los datos sobre cotización a pensión, pues en el 2012 el 46% de los cotizantes lo hacían durante los 12 meses y ahora escasamente la cifra llega al 34% , lo que indica que cada vez son menos los trabajadores que logran conseguir un contrato indefinido que le permita cotizar permanentemente a pensión.
El Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque está construido bajo los criterios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, este está diseñado para que todo el aparato político y económico del país siga en función del imperialismo y el capital financiero internacional y nacional que se ven reflejados en la deuda externa que ha alcanzado el 40% del PIB y que por supuesto es el principal egreso del país por encima de los intereses y la calidad de vida de los colombianos.
El Plan aspira continuar el ajuste fiscal que recae sobre la clase media y baja del país, se encuentra establecido que el PND será financiado mayoritariamente desde el sector privado que goza además de exenciones tributarias y reducción de la tarifa del impuesto de renta a través de la Ley de Financiamiento.
Pretende profundizar los ya miserables niveles de expoliación que viven los trabajadores colombianos. El documento presentado recientemente introduce una serie de mecanismos para pasar por encima de los derechos de los asalariados del país y “formalizar la informalidad”: i) pretende introducir el “Piso de Protección Social” como una herramienta para que los trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo puedan acceder a salud pero desmontando las garantías del Sistema General de Seguridad Social; y ii) busca promover los “Beneficios Económico-Periódicos – BEPS” como un microseguro para la vejez que no se equipara de ninguna manera a la pensión. El Plan de Desarrollo de Iván Duque es un Pacto en contra de Colombia: Pacto de la Inequidad.
El documento también incluye unas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración pública con la posibilidad de fusionar o suprimir entidades y con ellos poner en peligro importantes empleos del sector público.
De manera paralela y como aspecto principal, el Ministerio de Trabajo promueve una discusión en torno al “pago por horas” que se convierte en otro mecanismo a través del cual se busca acabar con los contratos estables, indefinidos y con plenas garantías. Todas estas estrategias son formas abaratar los costos salariales y acabar con la estabilidad y la posibilidad de los trabajadores para asociarse, negociar y movilizarse por sus derechos.
A este pésimo panorama económico y político, se le suma los incumplimientos de Gobierno Nacional con la implementación de los acuerdos de paz, que hoy se evidencia en la intentona del presidente Duque por objetar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Destrozar la JEP significa romper con el corazón de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC y la forma en la que se garantice a las víctimas como actor fundamental, el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. Fracturando el anhelo de paz de la juventud colombiana de lograr contar con una Colombia en Paz, dejando a un lado la horrible noche de la guerra.
2. JÓVENES PAZ, DERECHOS HUMANOS Y POS-ACUERDO.
La coyuntura actual en el panorama nacional, regional e internacional, nos convoca a los y las jóvenes a tomar postura y decisiones frente a la implementación de la política neoliberal en un sistema que viene deshumanizando y terceriza a todos los sectores de la población menos favorecida y más vulnerable, todo esto producto de la profundización del modelo cimentado en beneficio del imperialismo, en especial del norteamericano, que en Colombia tiene injerencia de la mano de la oligarquía, los partidos tradicionales, el gran capital financiero del país y por supuesto de la entrada a la OCDE promovida por el gobierno anterior y claramente respaldada por Duque.
Plantear estas reflexiones desde la voz joven responde a una historia en la que no se ha contado con los suficientes espacios de participación y decisión, pero ante todo a que persiste un inagotable compromiso con la construcción de país, y en la actualidad la búsqueda de organización propia desde la juventud para influir en todas las dimensiones de la realidad social, política, sindical, económica y cultural de nuestra sociedad.
Colombia hoy, luego de más de 60 años de conflicto armado vive un momento de paz, una idea de paz imperfecta, que desde diferentes posiciones ha fragmentado a la población en general, gracias a las acciones que devienen desde los centros de poder político y económico, que junto con los medios de comunicación, los grupos sucesores del paramilitarismo, las disidencias de las FARC y las bandas criminales enlazan la trama social de una profunda corrupción y miedo, es por eso que se hace imprescindible que se haga una defensa férrea de la Justicia Especial para la Paz, frente a la andanada de Duque de objetar 6 de los 159 artículos llevando al abismo las garantías del acuerdo mismo. Todo en miras a que la terminación del conflicto armado entre el Estado y las FARC perdure en beneficio del pueblo colombiano, de las víctimas y de la reconstrucción de la memoria histórica del país.
Tendremos en cuenta las diferentes voces y posiciones que se presentaron en el marco del IV Congreso Nacional de la CUT y los anteriores espacios de Juventud Trabajadora, como pre-textos que generarán la discusión, el debate y diálogo, centrando su posición en la mirada y sentir de las juventudes, la coyuntura actual con un enfoque en derechos humanos, en donde la defensa de la vida desde una visión integral y sostenible sea transversal. Y desde esta perspectiva se proponen como elementos base para la discusión de la Juventud CUT previo al Congreso y como perspectivas de acción de la Central y la unidad de organizaciones sindicales y sociales, los siguientes aspectos o compromisos:
• Defender la Paz más allá de la terminación del conflicto armado, en la exigencia de la implementación y cumplimiento de los Acuerdos, así como, continuar el camino de la búsqueda de solución dialogada con otros actores armados y la reactivación de la mesa de negociación con el ELN bajo la perspectiva de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El Acuerdo de Paz es fundamental en la medida que abre las puertas para que la movilización social del país se ocupe de la defensa de la salud, la educación, el trabajo digno y demás derechos fundamentales de los colombianos, para que la lucha social no sea estigmatizada como en décadas anteriores.
• Posicionar a las víctimas del conflicto como centro en la búsqueda de la Paz, reconociendo y defendiendo sus derechos y rodeando desde las organizaciones los mecanismos y procesos que les permitan alcanzar la Verdad y una Reparación Integral y Transformadora.
• En el marco de los DDHH, defender la vida y el medio ambiente, posicionando la discusión y exigencia urgente de voluntad política y acciones sociales que permitan un desarrollo sostenible.
Es tarea urgente preguntarnos acerca de las acciones que desde la Central y desde la Juventud emprenderemos para posicionar en la agenda pública la necesidad de proteger y respetar nuestros recursos naturales. Hemos de ser líderes que convoquen a los trabajadores desde todos sus espacios para atender los temas ecológicos que hoy convocan el debate a nivel mundial.
• Defender la educación como Derecho humano fundamental, atendiendo las condiciones estructurales para su garantía plena desde la defensa de lo público, una financiación adecuada, las condiciones para el ejercicio de las libertades inherentes a los seres humanos y la construcción de un relato colectivo para la paz.
De manera particular, posicionar como la crisis nacional en educación afecta a los jóvenes, quienes en la actual coyuntura no contamos con las posibilidades de formación necesarias y nos vemos enfrentados a los obstáculos que se establecen en la relación entre oferta educativa y oferta laboral. Una sociedad que descuida y vulnera el derecho a la educación de las jóvenes generaciones se está condenando al olvido y el atraso.
• Fortalecer, empoderar y posicionar la CUT y las organizaciones sindicales desde sus particularidades, respondiendo en unidad a las acciones sistemáticas de estigmatización y violencia antisindical y contra líderes sociales. Como jóvenes trabajadores hemos de impulsar desde nuestras organizaciones que la movilización social, el sindicalismo y la consolidación de organizaciones sociales son derechos fundamentales que exigen garantía del Estado.
Ante una historia de victimización y violencia contra los trabajadores sindicalizados hemos de emprender una campaña nacional que permita mostrarle a la sociedad que el sindicalismo es Democracia.
• Continuar la lucha por la erradicación del trabajo infantil, combatiendo todos los discursos que pretenden disfrazar la grave vulneración de derechos a niños, niñas y jóvenes. En este marco, la exigencia por el Trabajo Decente de los adultos, se convierte en garantía de progreso para todos.
• En la defensa integral de Derechos, se ha de propender por el empoderamiento y posicionamiento político de la Juventud Trabajadora en las diferentes instancias de las organizaciones, de manera que nuestras reflexiones, preocupaciones e iniciativas tengan carácter vinculante y convoquen a la discusión a todo el Movimiento Sindical, en un ejercicio de doble vía al interior de la Central que permita una experiencia de unidad y creatividad.
• Los jóvenes trabajadores nos vemos gravemente afectados por el Plan Nacional de Desarrollo puesto que profundiza las políticas de gobierno que censuran, limitan y eliminan derechos fundamentales, así como la negación del trabajo decente y la garantía de las condiciones básicas laborales. Por eso desde la perspectiva de la defensa de la paz y los Derechos Humanos es necesario oponernos al PND de Duque.
• Promover desde la Central políticas diferenciales y equitativas que respondan a las necesidades de la Juventud y de los Trabajadores en el marco de la lucha por el Trabajo Decente.
• Favorecer y fortalecer las redes y organizaciones de jóvenes que contando con espacios de participación e incidencia, permitan avanzar en la consolidación de la unidad sindical y social requerida para enfrentar la actual coyuntura en la profundización de la política neoliberal, encarnada en el nefasto Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque.
3. CONTEXTO LABORAL Y SITUACIÓN DE LOS JÓVENES TRABAJADORES.
Tercerización y desempleo
El modelo económico colombiano se ha estructurado en el plano laboral sobre la premisa de “Sin mano de obra barata, no hay neoliberalismo que valga”. La apertura a nuevas formas de contratación por medio de la Ley 50 de 1990, causo un gran impacto respecto a las garantías de estabilidad laboral de trabajadores, teniendo en cuenta la legalización de la intermediación laboral a través de la aparición de empresas de servicios temporales, permitiendo la vinculación por medio de contratos de prestación de servicios para cubrir transitoriamente el desarrollo de actividades.
En los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, se dio continuidad a las políticas de flexibilización laboral, fortaleciendo la intermediación con la intensión de que el sector privado generará mayores ganancias para las empresas y en el sector público, se redujera el presupuesto destinado para funcionamiento.
En este contexto la informalidad y la tercerización son la forma predominante de vinculación laboral de los jóvenes, quienes se enfrentan a su vez a nuevas barreras para el acceso al trabajo formal, por las pocas oportunidades de acceso a la educación y cualificación de actividades que permitan el desarrollo de trabajos cualificados. Muestra de ello, es el estudio presentado por ProExport en el año 2012, en el cual valoran como “ventajas de competitividad laboral en Colombia”, ser el cuarto Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLV) menor de la región, tener la jornada diurna más competitiva de 6:00 am a 10:00 pm, con los menores recargos suplementarios diurnos y ofrecer varios tipos de contrato en diferentes empresas temporales.
Bajo ese modelo, el porcentaje de desempleo en Colombia pasó de 7,8% en 1993 a 19,7% en el año 2000. En los últimos 3 años Colombia presenta un aumento consecutivo del desempleo, siendo la tasa más alta en enero de 2019 presentada desde el 2011 y sobrepasa la barrera de 3 millones de desocupados después de enero de 2010. Para 2018 la tasa se ubicó en 9.7% y a su vez, la tasa de informalidad fue del 63.19%, lo que quiere decir, que de cada 100 colombianos económicamente activos, 10 están en el desempleo y 63 están en el rebusque o la informalidad. En el caso de los jóvenes, es aún peor, pues la tasa de desocupación para el 2018 fue de 16.9%, doblando la tasa de desocupación del país y la de América Latina. Además el 29.7% está vinculado al sector comercio, hoteles y restaurantes, el cual presenta mayor informalidad.
La tasa de ocupación se calcula desde metodologías amañadas del DANE, pues el concepto de ocupados en Colombia según el DANE corresponde a personas que trabajaron por lo menos una hora remunerada en dinero o especie en la semana, lo que quiere decir que, cualquier persona en la informalidad, rebusque, o que haya ayudado a un familiar en una labor son “ocupadas”. Con esta ampliación del concepto, en contra de cualquier seriedad metodológica, resulta fácil disminuir las cifras de desempleo.
Esta política ha sido calculada para garantizar las ganancias de multinacionales y en el caso del Estado para garantizar que la principal variable de las finanzas públicas sean el pago de la deuda y la sostenibilidad fiscal, esto con regresivas reformas laborales y pensionales en las cuales predominan la informalidad, la tercerización y las formas precarias de contratación. Políticas que se profundizan en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de Iván Duque, en el que el emprendimiento se convierte en la política laboral del Estado, centrado en una “nueva forma de producción del sector minero” al cual se destinan 8.9% del Plan Plurianual de Inversiones. Esto no es nada nuevo, es la continuidad de una estructura laboral llena de ocupados informales y denominados “cuenta propia”, pero ahora bajo el calificativo de “emprendedores”, de los cuales el 93% se terminan quebrando anualmente. Las proyecciones de generación de empleo para el periodo 2018-2022, no solucionan ninguna problemática laboral, por el contrario continúan la creación de empleos en el sector con mayor informalidad: el comercio, el cual solo aportaría el 27.6% a la creación de empleo del país en su mayoría informales.
Flexibilización y precarización del mundo laboral
En el mundo laboral se representa la constante contradicción que existe en la humanidad, en aquellos que ostentan el poder económico y aquellos trabajadores y trabajadoras que les venden su fuerza de trabajo. Así los estados y su ordenamiento jurídico trata de regular esta contradicción, por medio de las leyes o convenios internacionales que privilegian en gran parte aquellos que cuentan con la capacidad de pagar la fuerza de trabajo y seguir enriqueciéndose por medio de ella.
En esta lógica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como supuesta garante internacional de los derechos laborales de la clase trabajadora, ha acordado para todos los países del mundo algunas disposiciones para que sean adoptadas por su marco legal y jurídico. En nuestro caso está regido por el Código Sustantivo del Trabajo una reglamentación obsoleta creada en 1950, el cual ha tenido sustanciales modificaciones, dentro de ellas se encuentra la Ley 50 de 1990 como una herramienta del patrón para reducir el costo de la contratación y el despido del personal, dando viabilidad a la flexibilidad de los contratos, reduciendo los costos de las cesantías y la posibilidad de realizar la terminación de los contratos sin justa causa.
Profundizando la flexibilización laboral en el gobierno de Uribe se promulgo la Ley 789 del 2002, la cual arrebato de tajo la remuneración por hora de trabajo extra y la jornada nocturna, propiciando la extensión de la jornada laboral, precarizando el empleo en Colombia y arrebatando garantías prestacionales al modificar el régimen pensional (CUT, Central Unitaria de Trabajadores, 2014).
Además en ese mismo gobierno por medio del decreto # 933 del 2003 reglamentó los contratos de aprendizaje, por medio del cual los aprendices SENA o de otras instituciones de formación formales y no formales pueden acceder a una oportunidad laboral, pero con un reconocimiento salarial inferior al salario mínimo supliendo las mismas obligaciones de un trabajador regular de la empresa. Esta reglamentación se hizo con la excusa de darle empleo aquellos jóvenes que estén terminando sus estudios o darle la oportunidad de tener su primer empleo (Pedraza Avella, 2008). En últimas es legalizar la precarización laboral para el primer empleo de los jóvenes colombianos, incentivando la aceptación de esas condiciones salariales a las nuevas generaciones de trabajadores, logrando naturalizar la debacle de los derechos laborales.
En lo que respecta al trabajo infantil, Colombia tiene una dificultad latente. Según cifras del Ministerio del Trabajo, hay 1.039.000 niños en esta situación en el país. Logrando identificar que los menores de edad más afectados por esta práctica son (Sostenible, 2015):
– Los niños de 15 años para los que se registran 28.225 casos en el país.
– Los niños de 12 años para los que se registran 25.301 casos.
– Las niñas de 15 años para las que se registran 23.390 casos.
– Las niñas de 12 años para las que se registran 20.857 casos.
– Los niños de 16 años para los que se registran 12.071 casos.
Esta situación catastrófica para niños y jóvenes en Colombia en donde el mercado laboral precarizado tiene como mayor víctima la juventud, porque al ser los nuevos empleados sufren la inclemencia de las nuevas reformas labores y pierden la posibilidad de contar con servicio de salud digno, pensión y cesantías.
Ante esta problemática es urgente promover con la movilización social y sindical el Estatuto del Trabajo reconocido por la Constitución Política de Colombia, en donde se fijen mayores garantías legales para la consecución del trabajo digno, eliminando por completo las contrataciones flexibles y logrando garantizar mayores de formalidad laboral y por lo tanto en acceder a plenos derechos de seguridad social, pensión y sindicalización de los jóvenes trabajadores.
De igual forma es urgente que la Central y sus sindicatos filiales flexibilicen su estructura organizativa para lograr vincular a este grupo importante de trabajadores precarizados, dentro de ellos la mayoría jóvenes trabajadores y además logre vincular en sus pliegos de peticiones y convenciones colectivas reivindicaciones que mejoren las condiciones laborales de este importante grupo de trabajadores del país.
Relación obrero patronal, entorno laboral y riesgos psicosociales.
Como ya sabemos la relación obrero patronal por naturaleza es una relación desigual, y no pocas veces producto del abuso de esta condición en favor del empleador, el entorno laboral se ve afectado y la vida de los trabajadores en Colombia también.
El acoso laboral, las cargas excesivas de trabajo, el cumplimiento de metas exageradas, material de trabajo precario, tipos de contratación que hacen que el empleador no tenga responsabilidad de velar por entregar herramientas de trabajo, o por implementar un sistema de gestión donde tenga que especificar a qué riesgos están expuestos sus trabajadores y cuál será el plan de acción para que sus trabajadores se vean menos expuestos al riesgo, o por hacer visitas periódicas de las ARL como es el caso de trabajos como Rapi y tele trabajo, ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores en Colombia en especial de los jóvenes que son en la actualidad los que más están expuestos a ocupar este tipo de empleos.
El estrés laboral, enfermedades como la tendinitis, el túnel del carpo, el síndrome de quervain, son de las patologías más comunes en el entorno laboral y adicional a eso los accidentes de trabajo en donde por lo general al no tener un empleador directo conlleva a no asumir responsabilidad en los casos de accidentes laborales que puedan generar perdida en la capacidad de trabajo.
Para tratar de nivelar esa brecha de desigualdad entre el obrero y el patrón, y gracias a la lucha de los trabajadores, la ley ha creado herramientas para que los empleadores tengan que asumir responsabilidades con respecto al riesgo psicosocial, como son: exigir a las empresas la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo S-SST, en el que se tiene que especificar el riesgo al que el trabajador se expone e indicar un sistema de gestión para minimizarlo; crear un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo en COPASST, que se encarga de promover y vigilar que se cumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo a través de actividades de divulgación y promoción de la información , garantizando que los riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo se disminuya, es decir, desde vigilar que los puestos de trabajo sean ergonómicos , hasta promover que los trabajadores hagan por su cuenta pausas activas; o como el Comité Paritario de Convivencia Laboral que como función principal se encarga de recibir y dar trámite a las quejas en las que se describa un posible caso de acoso laboral o intervenir en las situaciones de convivencia que aun cuando no constituyen un acoso podrían llegar a serlo.
Sin embargo, se evidencia que las empresas que implementan dichas herramientas lo hacen para cumplir requisitos que impone la ley y evitar sanciones, desconociendo que estas propenden por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Por otro lado, se evidencia que los trabajadores no conocemos estas herramientas, por lo que tampoco se socializa o capacita al trabajador en estas temáticas generando naturalización de los riesgos laborales que puedan generar el padecimiento de alguna enfermedad o accidente que afecte su calidad de vida. En especial los trabajadores jóvenes que no ven cercana la posibilidad de padecer algún tipo de enfermedad por la cual disminuya su calidad de vida y la posibilidad de trabajar.
Por lo anterior, es necesaria la vinculación de los trabajadores en los comités correspondientes a cada herramienta que permita la vigilancia de las acciones realizadas por el empleador frente a la garantía de condiciones adecuadas en el trabajo generando educación, organización y movilización que permita el avance en el área de salud mental y física de los trabajadores, porque ya sabemos “quien no conoce sus derechos, no sabe cómo defenderlos”.
Automatización del trabajo y teletrabajo
El desarrollo tecnológico actual desencadena un grave problema para los trabajadores, la automatización del trabajo, en el que las empresas cambian la mano de obra por una máquina, que por menos costo no solo agilizan el trabajo haciendo lo que harían varias personas a la vez, sino que también reducen el gasto de seguridad social, instalaciones, dotaciones, etc. Situación que impacta de manera negativa aumentando los índices de informalidad y desempleo.
Además de lo anterior, clientes satisfechos porque pueden hacer sus diligencias con apenas un clic, como es el caso del sector Bancario, se convierten en un incentivo más para adoptar estas herramientas por parte de los empleadores, sin embargo, es claro que la solución a la problemática laboral generada por el desarrollo tecnológico no es evitar el acceso a la población a estos servicios que agilizan las tareas incomodas y dispendiosas.
Por otro lado, la globalización que consigo trae innovación tecnológica muy pocas veces se dirige al beneficio de la clase trabajadora, por el contrario, deteriora la calidad del trabajo como es el caso del Tele Trabajo.
En lo que tiene que ver con el fenómeno del Teletrabajo el cual es definido por la OIT como: “Una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación». (Citado en Vittorio Di Martino, 2004). Y en Colombia es definido como: «Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo». (Artículo 2, Ley 1221 de 2008); es decir, el trabajador lleva la carga laboral a su casa mientras el empleador le brinda las herramientas tecnológicas; y como el trabajador estará en su casa y manejará “su propio tiempo” el empleador disipará su responsabilidad en acciones como la adecuación de puestos de trabajo, generación de enfermedades catalogadas de origen laboral e incluso incidentes y accidentes de tipo laboral.
Eso sin contar que el contrato de trabajo se ve afectado, ya que muchas empresas implementan estas formas de trabajo como una opción de mano de obra más barata, por lo que conlleva a el aumento de vinculaciones por medio de contratos de prestación de servicios, contratos a término fijo, trabajo informal.
Propuestas como la contemplada en el plan de gobierno de Iván duque, la cual induce a los jóvenes a desconocerse como clase obrera y asumirse como socios y emprendedores de las nuevas formas de trabajo impuestas por el mercado tecnológico. Pues lamentablemente a los jóvenes, aquellos a los que el mercado les vende en los medios de comunicación que la inestabilidad laboral es la opción, que es mejor no pensar en emprender aquí, que nos toca vivir el presente sin pensar en el mañana. El panorama es desolador, a sabiendas de que estamos a nada de la posibilidad de implementar un PND donde se impulsan cada vez más estas políticas.
La obligación que tenemos los trabajadores en Colombia, en especial los jóvenes, es la de organizarnos y movilizarnos en contra de políticas que quieren implementar los gobiernos neoliberales como el de Iván Duque, que deterioran cada vez más el panorama laboral.
Contexto laboral en los jóvenes rurales.
El mundo rural es mucho más desigual frente a la situación de los jóvenes urbanos, debido que las brechas sociales, económicas y laborales son más profundas para los jóvenes rurales, indígenas y afrodescendientes.
“Casi el 40% de los jóvenes rurales se encuentra en condición de pobreza, 1.6 veces la incidencia de los jóvenes en zona urbana. Aún más, el porcentaje de jóvenes rurales que se encuentra en condición de indigencia triplica la proporción de la zona urbana (16.7% vs. 4.8%) y en ambos casos se evidencia una incidencia más alta para las jóvenes rurales. Sumado a esto, todavía el 40% de los jóvenes rurales carece de acceso a una adecuada fuente de agua mejorada, mientras que solo el 3% de los jóvenes urbanos enfrentan esta carencia”. (Pardo, 2017)
En ese sentido, los jóvenes rurales tienen mayores dificultades de ingresar al mundo laboral al tener menores posibilidades de acceder a una formación académica, en el ámbito de la educación básica y media, como también en la formación técnica, tecnológica y sobre todo la educación superior. Al no existir en las zonas rurales instituciones de educación superior que permitan el acceso efectivo de los jóvenes, generando que al ingresar al mercado laboral en su gran mayoría tengan salarios bastante bajos.
“Al respecto, sobresalen amplias brechas entre hombres y mujeres jóvenes de la zona rural. En primer lugar, la tasa de ocupación de los hombres jóvenes es 2.2 veces la de las mujeres jóvenes rurales (70% vs. 32%). En segundo lugar, los trabajos por cuenta propia y como jornalero o peón son principalmente ocupados por los hombres, mientras que los trabajos sin remuneración y el trabajo doméstico son realizados en su mayoría por las mujeres jóvenes. En tercer lugar, el salario promedio de los hombres es 37% superior al de las mujeres. En cuarto lugar, mientras que el 66% de los hombres realiza actividades en la rama de agricultura, ganadería y caza, el 48% de las mujeres jóvenes trabajan en actividades distintas a las agrarias como la industria manufacturera, comercio al por menor, hotelería, educación, actividades de entretenimiento y recreación, y servicios. En quinto lugar, la tasa de desempleo es más alta para las mujeres (7.5%) que para los hombres (4.4%). Por último, mientras 8% de los hombres son NINI, la proporción es 5 veces superior para las mujeres (42%)”. (Pardo, 2017)
En ese orden de ideas, existe una migración masiva por parte de los jóvenes rurales hacia las ciudades, debido a la falta de oportunidad de trabajo en el campo, en total el 53% de los jóvenes migra a la ciudad. Ante este panorama la CUT debe exigir al gobierno nacional el desarrollo de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz, como una herramienta para el desarrollo social, económico y cultural del campo colombiano, y por lo tanto, de sus nuevas generaciones.
Es necesario, priorizar la focalización de programas rurales en los jóvenes desde las organizaciones sindicales filiales a la Central. En general los programas diseñados para el desarrollo de la zona rural como de acceso a tierras, vivienda o desarrollo de proyectos productivos no prioriza de manera directa a los jóvenes rurales como potenciales beneficiarios.
Bibliografía
CUT, Central Unitaria de Trabajadores. (2014). POLÍTICA DE JÓVENES: “La juventud trabajadora hacia el sexto congreso nacional”. Bogota: CUT.
Pardo, R. (2017). DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD RURAL EN COLOMBIA. Santiago de Chile: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Pedraza Avella, A. C. (2008). El mercado laboral de los jóvenes y las jóvenes de Colombia: realidades y respuestas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud , 19-28.
Sostenible, S. (12 de Junio de 2015). Semana Sostenible. Obtenido de Semana Sostenible: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/trabajo-infantil-colombia-1039000-ninos-trabajan-ilegalmente-pais/33183
4. ORGANIZACIÓN DE LA CUT Y LOS JOVENES TRABAJADORES.
• Construir mecanismos que permitan mayor articulación entre Depto. Nacional de Juventud Nacional y Departamentales.
• Política de organización
• Censo Nacional de Jóvenes
• Campaña de crecimiento y afiliación a la CUT.
• Construcción de la Escuela de jóvenes de la CUT: Contenidos, metodologías pedagógicas, niveles.
• Reforma estatutaria:
Propuestas para discusión
1. Discutir y redefinir los requisitos para impulsar el ingreso de los jóvenes a las subdirectivas y ejecutivos nacional.
2. Circunscripción especial para la elección de los directores del Depto. De Juventud de las Subdirectivas y Nacional.
3. Fortalecimiento y ampliación del Equipo Nacional de Juventud CUT.
4. Ubicar una reforma estatutaria para recoger las expresiones organizativas del mundo del trabajo juvenil.
5. AGENDA DE MOVILIZACION Y PERSPECTIVAS DE LOS JOVENES TRABAJADORES.
Política promoción del empleo para las y los jóvenes.
Campaña contra la tercerización laboral por trabajo digno para la juventud.
La categoría de trabajo decente, resulta limitada toda vez que concilia la contradicción existente entre capital y trabajo, basando sus reivindicaciones en la satisfacción de prestaciones sociales y seguridad social, aceptando que el trabajo siga siendo concebido como una mercancía fundamentando la continuidad de la explotación al trabajador.
Por tanto, consideran que este concepto debe ser variado por el de trabajo digno, concepto que implica la lucha del movimiento sindical por la finalización progresiva de la contradicción existente entre capital y trabajo en torno a la consecución de una sociedad distinta en la cual los/as jóvenes puedan acceder a un trabajo que no sea objeto de explotación por parte del capital.
Conforme a lo planteado anteriormente, la juventud trabajadora de la Central Unitaria de Trabajadores promoverá la movilización en lo referente a:
1. Propugnar por que el Estado garantice el empleo por primera vez, en el sector público o privado, a todos/as los/as jóvenes que lo requieran, el cual debe cumplir con todas las condiciones de un trabajo digno.
2. Propiciar la realización de Convenios por parte del sector privado y las instituciones de educación superior, con participación del movimiento sindical, con el fin de garantizar el empleo por primera vez a las y los jóvenes estudiantes en el marco del concepto de trabajo digno, sin precarización y ejerciendo una constante veeduría que garantice su cumplimiento transparente.
3. Propugnar para que se establezcan normas y políticas que garanticen la vinculación laboral juvenil mediante un empleo formal, cumpliendo con las condiciones inscritas en el concepto de trabajo digno; y que se propenda por la creación de puestos de trabajo, en lugar de recurrir a la sustitución de empleados mayores bajo la óptica de reducción de “costos” laborales.
4. Exigir medidas para la creación de empleo con perspectiva de eliminar todas las brechas de género y la segregación ocupacional, que hagan parte de las políticas y planes nacionales de desarrollo, yendo más allá de la mera reducción del indicador del desempleo femenino, y bajo la noción de desarrollo económico sostenible.
5. Promover entre los sindicatos filiales la promoción de la capacitación de los/as jóvenes en actividades técnicas y académicas, como estrategia para la consecución de un trabajo digno.
6. Ejecutar programas enfocados en los grupos de mujeres y hombres jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad, que respondan a sus necesidades específicas, propiciando políticas en el mercado laboral destinadas a promover la autonomía económica, la superación de la pobreza y la equidad de género.
7. Propugnar por la satisfacción de la necesidad de educación y de formación profesional de la juventud trabajadora del país, como vía para avanzar en materia de empleo digno para una vida digna, con un enfoque que refuerce la identidad de la juventud trabajadora y promueva su empoderamiento.
8. Impulsar espacios de diálogo social con el Gobierno para el diseño de medidas y políticas sostenibles para promover el trabajo digno para la juventud trabajadora. En estos se promoverá la participación de las mujeres jóvenes y que sus necesidades y expectativas hagan parte prioritaria en las agendas.
9. Introducir en los debates sobre la reparación colectiva al movimiento sindical, las expectativas y agendas de la juventud trabajadora, en especial de aquella a cuyas familias afectó directamente la violencia antisindical.
10. Promover la agenda laboral de las mujeres, y la aplicación del marco internacional de los derechos humanos de las mujeres y las recomendaciones de los órganos de control en relación con el trabajo productivo y reproductivo.
11. Ser parte activa de las acciones del movimiento sindical para la eliminación de la tercerización e intermediación laboral ilegales, y participar de la negociación de acuerdos de formalización referentes a la juventud trabajadora.
Desde esta perspectiva, el Congreso se trabajara y proyectara su movilización con la juventud trabajadora en:
12. Mantener la lucha por políticas que garanticen el concepto de trabajo digno, menoscabado por los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia.
13. Propugnar por la promulgación del Estatuto de Trabajo que garantice todos los derechos laborales individuales y colectivos.
14. Construir y conquistar políticas públicas para la formalización de empleo y la eliminación de toda forma de precarización laboral; exigiendo el fortalecimiento de la inspección del trabajo y otros medios de control, a fin de evitar prácticas fraudulentas y la garantía de los derechos de asociación y sindicalización para la juventud.
15. Se compromete a organizar y capacitar, por si y a través de los sindicatos filiales, a la población juvenil como sujeto activo en la lucha sindical, con el fin de fortalecer los derechos que les son inherentes en el mundo del trabajo. La CUT debe estar a la vanguardia de los cambios de contratación para garantizar la protección y cumplimiento de los derechos laborales.
16. Promoverá la implementación estratégica de la negociación colectiva como instrumento para garantizar la formalización laboral en su ámbito de incidencia, capacitando integralmente a la juventud para el ejercicio efectivo de este derecho.
17. Propugnará por la implementación de políticas públicas de rehabilitación para los/as jóvenes en condiciones de fármaco dependencia toda vez que constituye una población que no ha podido acceder al trabajo digno.
SOBRE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
El término de trabajo infantil esbozado en el documento y políticas esgrimidas por la CUT debe ser reemplazado por el de explotación infantil, toda vez que el concepto trabajo hace referencia a una actividad social que propende por la dignificación del ser humano, características que no se compadecen con dicho fenómeno.
El Ministerio de Trabajo reiteró que en Colombia 796.000 niños, niñas y adolescentes, entre 5 y 17 años, son víctimas de explotación laboral infantil, lo que corresponde al 7.3% de los menores en el país, estas cifras son a diciembre de 2018. Las cifras en el total nacional, demuestran que los sectores que concentraron mayor número de niños, niñas y adolescentes trabajadores fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (44,4%) y comercio, hoteles y restaurantes (30,1%), industria manufacturera (11,0%) y servicios (7,0%). Los departamentos con mayor número de casos registrados de trabajo infantil son Antioquia con 24.770 casos, Boyacá con 13.052, Tolima con 7.631, Cundinamarca con 8.168, Bolívar con 7.501, Valle del Cauca con 3.398, Nariño 2.643 y Cauca 1.330 casos.
La apuesta política desde la Central constituye la continuación de la lucha histórica del movimiento sindical regional y mundial para eliminar el trabajo infantil y asegurarse de que todos los niños, niñas y adolescentes puedan acudir a la escuela, por tanto, rechaza los argumentos que determinan como inevitable el trabajo ejercido por este grupo poblacional arguyendo que resulta provechoso a nivel económico, socialmente aceptable o que redunda en beneficio de los menores implicados y sus familias.
En ese contexto, la CUT exhorta a pronunciarse contra el trabajo infantil en todas sus manifestaciones, prestando la adecuada atención a sus diversas causas y ramificaciones; en la economía formal y en la informal; mediante la provisión pública y universal de educación gratuita, obligatoria y de calidad; ayudando a mejorar los ingresos familiares; creando y manteniendo una concientización y un compromiso por parte de la sociedad civil organizada; haciendo campañas para el cumplimiento de los Convenios de la OIT 138 y 182 y que los empleadores garanticen el respeto de dichas preceptivas en todas sus operaciones, incluyendo sus cadenas de suministros; y manteniendo las presiones sobre las instituciones nacionales e internacionales para asegurarse de que las políticas comerciales, económicas y financieras apoyen la eliminación del trabajo infantil en lugar de empujar a los/as niños/as y adolescentes a abandonar la escuela para ingresar al mundo laboral en detrimento de su desarrollo, para ello es necesario lo siguiente:
18. Promover políticas públicas diferenciales y equitativas teniendo en cuenta la etapa vital en que se encuentren los/as jóvenes, propiciando que los menores de 18 años finalicen con éxito su etapa de capacitación básica para posteriormente propugnar por su correcta inserción al mercado laboral en términos de trabajo digno.
19. Promover acciones de sensibilización, capacitación y formación de los padres/madres para impulsar campañas sobre erradicación del trabajo infantil.
20. Propugnar por la consecución de una política pública de apoyo integral a la familia, dirigida hacia los padres y madres con hijos/as menores de edad, otorgando oportunidades de trabajo digno, subsidios; y teniendo en cuenta el ambiente social, económico y cultural en el cual viven los niños/as y adolescentes colombianos.
21. Promover formas alternativas de uso del tiempo libre de los niños/as y adolescentes.
22. Propiciar e incidir en la generación de políticas públicas que garanticen educación gratuita y de calidad para los niños, niñas y adolescentes, destacando la importancia que suscita la materialización de condiciones necesarias y suficientes para que sean incluidos de forma efectiva en el sistema educativo y permanezcan en él.
23. Propugnar por la inserción de la temática laboral dentro del ámbito educativo, en todo caso garantizando que los niños/as y adolescentes la aprehendan como un aporte a la sociedad y no un mecanismo de enriquecimiento individual, fortaleciendo la noción de lo colectivo.
24. Promover políticas públicas para erradicar la explotación infantil por parte de las redes del narcotráfico y las bandas criminales.
SOBRE LOS ENCUENTROS DE JUVENTUD EN LAS SUBDIRETIVAS
Dentro de la agenda e movilización de la juventud trabajadora y para seguir promoviendo espacios de discusión, organización y movilización de los aspectos juveniles dentro del mundo del trabajo, es necesario:
25. Promover la realización de Encuentro de Juventud Trabajadora en cada subdirectiva, con el fin de discutir temas afines a los trabajadores jóvenes, las problemáticas en los territorios y las iniciativas de movilización, partiendo del plan de trabajo del departamento a nivel nacional y las orientaciones dadas según los espacios de dirección de la CUT
26. Promover iniciativas organizativas y campañas dirigidas a los/as jóvenes ubicados en modalidades de trabajo precarias, tales como: contrato obra – labor, termino fijo, tele trabajo, Call Center, trabajo en plataformas digitales contrato de aprendizaje, tercerización, trabajadores en zonas francas, trabajadores de microempresas, del hogar, estatales, régimen de trabajo social (madres comunitarias), corretaje, trabajadores informales e independientes, propugnando por su sindicalización, con el fin de fortalecer la vinculación laboral formal.
27. Se compromete a organizar y acompañar a los/as jóvenes trabajadores/as del campo, población vulnerable en sus derechos laborales y altamente lejana de la institucionalidad estatal. Igual forma a los excombatientes en proceso de reincorporación e incursión en el mundo del trabajo.
28. Propiciará y generará, un Equipo Nacional de Juventud y Equipos juveniles de apoyo a nivel regional y local, garantizando que sus integrantes gocen de permisos sindicales para participar en todas las actividades realizadas por los Departamentos de Juventud de la CUT a nivel nacional, regional y local, y sus sindicatos filiales; comprometiéndose a garantizar las condiciones materiales necesarias y suficientes para que el accionar de estos organismos sea completamente efectivo.
29. Se compromete a propiciar, fortalecer, y supervisar la creación de Departamentos de Juventud en la totalidad de los estamentos que conforman a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, subdirectivas y sindicatos filiales, garantizando su independencia y propugnando por la eficacia de su gestión.
LA MOVILIZACION, LA PAZ, LOS ACUERDOS DE NEGOCIACION Y LOS SECTORES SOCIALES, POLITICOS Y POPULARES
A lo largo y ancho del país, distintos procesos de movilización se dan en el marco de la lucha por la paz, la implementación de los acuerdos con los trabajadores y sectores sociales y populares, pero también por la constante tarea de avanzar en la conquista de nuevos derechos, en aras de alcanzar un nivel de vida digna. Es así como hoy nos encontramos con la Minga indígena, campesina, étnica y popular del suroccidente colombiano; la negociación de los trabajadores estatales y el magisterio colombiano; las movilizaciones ciudadanas exigiendo la renuncia del Fiscal General de la Nación, pero también, las movilizaciones en rechazo a las objeciones hechas por el presidente de turno a la Justicia Especial para la Paz JEP; por la vida, el territorio y el medio ambiente; por el derecho a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos y en solidaridad con la hermana República de Venezuela. Todo esto se ha venido desarrollando en el marco de la preparación del Paro Nacional, con el fin de enfrentar en la lucha callejera y popular el Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas neoliberales de este gobierno. Por ello, es necesario que la juventud trabajadora y sindicalista de la CUT, se movilice por:
30. La implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno y las FARC-EP, por la reapertura de diálogos con el ELN y que se inicie proceso de negociación con el EPL, reconociendo su estado beligerante a esta insurgencia colombiana. Pero además, es necesario movilizarse por una paz completa, una paz con justicia social.
31. En rechazo a la corrupción, pero también, exigiendo la verdad sobre los grandes escándalos del país en esta materia como Odebrecht, la ruta del sol y los vínculos con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, entre otros casos.
32. La implementación de los acuerdos con los trabajadores, sea del sector público o privado, producto de una negociación colectiva.
33. Con los sectores sociales y populares, en defensa de la vida, el agua, el territorio, el medio ambiente, la soberanía y la democracia.
34. Por la relación colectiva al movimiento sindical, por la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. En defensa de la Jurisdicción Especial por la Paz. Por los derechos humanos y en contra del asesinato sistemático de los líderes sociales.
35. En solidaridad con los pueblos en conflicto como Venezuela, Siria, entre otros, rechazando todo tipo de intervención imperialista y exigiendo respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos.
36. Por la desmilitarización de la vida juvenil. Por la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
37. En contra a la violencia de género y los feminicidios
38. En contra del Plan Nacional de Desarrollo que no es ningún pacto por la equidad y muchos menos un pacto por Colombia. El cual inicia el próximo 25 de abril y se encamina a preparar un gran paro cívico.
39. Por el acceso y permanencia a la educación, salud, trabajo y vivienda digna
40. La conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora
