EDITORIAL / Abril 26 de 2017
Mientras los titulares de los medios nacionales miran hacia el vecino con sus enconadas y violentas protestas, en las latitudes nacionales se pasan por alto situaciones que afectan a cada uno de los colombianos.
Puede decirse que somos un país inconforme y que por todo nos quejamos. No obstante, mientras la aprobación del presidente Juan Manuel Santos se desmorona y llega, según la última encuesta de Yanhass y publicada por Noticias RCN, a solo el 16%, las condiciones laborales de los colombianos también se deterioran y los protagonistas se levantan de las mesas de negociaciones. Esto debe ser de interés de todos, puesto que la mayoría somos, la clase trabajadora.
A finales de marzo, los sindicatos y las federaciones del sector estatal, que negociaban el denominado pliego nacional estatal con el gobierno, se levantaron de la mesa y condicionaron su regreso hasta que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, haga presencia.
Este llamado es debido que el jefe de la cartera es quien debe ilustrar la situación fiscal del país, que para todos es sabido no es la mejor. Bueno, eso arguyen desde el gobierno nacional. Así, en su momento, la ministra de Trabajo, Clara López, quien hace poco renunció al Polo Democrático, y con evidente tendencia de izquierda por años, reconoció que se solicitó al ministerio de Hacienda que se haga presente y a la vez presente un informe de la situación macro del país y “la fiscal, así como todos los elementos que sirven para la determinación de las condiciones del pliego del sector público colombiano que cubre a más 1’200.000 trabajadores”.
En las negociaciones del pliego nacional estatal están las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las federaciones de empleados públicos como Fecode, Fenaltrase, Utradec, Fecotraservipúblicos y Unete, que a su vez reclaman la presencia del ministro Cárdenas.
Ante lo que consideran un ‘limbo’, estas organizaciones saldrán hoy, a partir de las 9:00 a. m., en la plaza Bolívar de Armenia, a protestar con el fin de buscar salidas y una respuesta del gobierno nacional, pues hasta el momento no hay un solo acuerdo sobre este pliego radicado dentro del decreto 160 de 2014.
En resumen, los trabajadores estatales piden 5 puntos por encima de lo de ley, es decir el IPC, a lo que el gobierno ha propuesto 0,15%, es decir $2.500 mes para quienes devenguen un salario de $1.500.000. “Es una pérdida del poder adquisitivo”, aseveran las centrales.
Otro de los puntos es la falta de una política clara de estabilidad laboral, contra la tercerización y la ampliación de la planta de personal. Esto en los sectores salud, justicia, magisterio, profesores universitarios, Sena, Inpec, Dian, Aerocivil, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Ideam, ministerios de Transporte, del Interior e Icbf.
Siendo uno de los grupos más representativos, Fecode, que aglutina a los maestros, destaca aspectos como la contratación de los servicios de salud de los maestros, política educativa, bienestar y carrera docente, entre otros temas. Asimismo, se pide el 7,5% del PIB para educación, lo que de acuerdo con sus reclamaciones, es solo lógico para las necesidades de salarios, planta docente, infraestructura, dotación, bienestar y pago de deudas.
Posiblemente para algunos, las peticiones pueden ser exageradas, sin embargo es necesario que el gobierno nacional atienda el llamado y las inquietudes de sus gobernados, en el objetivo de intentar frenar una crisis que puede desencadenar un paro nacional, que en lugar, y eso lo debemos tener claro, traería más efectos negativos, a esta economía que no se muestra en una dinámica de crecimiento.
Requerimos llegar acuerdos, —se llegaron a ellos en La Habana— que las partes sean conscientes, que haya ánimo conciliador, y así conjurar un evento que puede evitarse si atendemos nuestros problemas y dejamos de ver los del vecino, aunque esos también nos pueden dar un coletazo, y ponemos sobre la mesa el bienestar de los trabajadores colombianos, no solo el de los estatales, sino de todos, en cumplimiento del artículo 25 de la Constitución: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
Tomado de: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-seccion-opinion-titulo-trabajo_justo-op-16136
