Por José Fernando Ocampo T. Bogotá, 12/11/14.-
El mundo entero se ha horrorizado ante los sangrientos hechos ocurridos recientemente en México en los que individuos no identificados atacaron una manifestación de estudiantes de una escuela normal rural en el Estado de Guerrero dejando un saldo de seis personas ejecutadas, cuarenta y tres desaparecidos, y veinticinco heridos.
El ataque a los estudiantes normalistas se compagina con la lenta pero aplastante embestida en países como México, Colombia y de Centroamérica, todos firmantes de acuerdos de «libre comercio» con Estados Unidos que han impulsado políticas de desfinanciamiento de la educación y su privatización de la primaria a la universitaria. Los países avanzados del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, etc., basaron gran parte de su progreso económico en el establecimiento del derecho a una educación universal y gratuita para todo ciudadano. Hoy día los países avanzados, con Estados Unidos a la cabeza, nos predican lo que ellos mismos no hicieron: impulsan, con diferentes matices, en varios países de América Latina el modelo neoliberal de la destrucción de la educación pública para convertirla en otro negocio más, haciendo muy costosa e inalcanzable para las grandes mayorías una educación de alta calidad. Los que carezcan de los medios necesarios sólo podrán permitirse una educación barata, sinónimo de mediocre y de baja calidad.
En Colombia la propuesta de que la educación se rija por los intereses del mercado cobró fuerza cuando el entonces Ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, hoy Presidente de Colombia, puso en vigor actos legislativos en el 2001 que recortaron en billones de pesos el presupuesto para la educación pública. El corrimiento hacia la privatización, y la agresión contra los derechos laborales de los docentes arreció en los posteriores ocho años del gobierno de Álvaro Uribe y continúa sin cesar bajo la Presidencia de Santos.
Tanto en Colombia como en México el estudiantado y el magisterio se han manifestado de diferentes maneras en oposición a las políticas neoliberales y en defensa de la educación pública, enfrentando en particular en México medidas sumamente represivas por parte de las autoridades. Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, gran amigo del Presidente de Colombia Santos, la agresión contra luchadores sociales en México se ha convertido, en palabras del Obispo de Saltillo Raúl Vera en un «hábito». El país azteca también sufre de la narco-política. Como subraya el comentarista Víctor Quintana, «los sucesos de Guerrero revelan que en este país no son casos aislados un presidente municipal ligado al narco, como el de Iguala, ni la cúpula de un partido político tibio ante la delincuencia de sus militantes, como la del supuestamente izquierdista, PRD. Que la delincuencia ha penetrado desde el patrullero hasta las altas esferas de la administración de la justicia».
Como si esto fuera poco militares colombianos se encuentran metidos hasta la coronilla en la militarización de las fuerzas policiales mexicanas. Hace poco el diario norteamericano Washington Post aseguraba que «siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos». Entre ellos se destaca la figura del General Oscar Naranjo, ex Director de la Policía Nacional de Colombia, miembro de la International Drug Enforcement Association, filial de la DEA estadounidense, y quien fuera ascendido a general de cuatro soles en 2010 por el Presidente de Colombia, siendo el primer policía de Colombia de ostentar ese rango. Más aún: ambos países padecen en este momento de una gigantesca corrupción a todos los niveles de gobierno. Tal parece que cada día México se asemeja más a Colombia y viceversa.
