{image}http://eldia.co/images/stories/100112/05.jpg{/image}El Espectador conoció en detalle los motivos de la Corte Suprema para pedir nuevas investigaciones por una posible red de corrupción en los hospitales distritales.
Fue en 2006, en tiempos de la administración del alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, que los hospitales se convirtieron en fortines políticos utilizados para el pago de favores y cuotas burocráticas, y se propiciaron alianzas entre gerentes, concejales y funcionarios, que fueron patrocinados por Samuel Moreno Rojas cuando era congresista. Un cartel que sirvió de plataforma para financiar en parte su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. La afirmación es del exparlamentario Germán Olano y su testimonio acaba de abrir un frente inédito en el expediente del carrusel.
Samuel Moreno, acusado por la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y cohecho, deberá enfrentar una nueva investigación, esta vez en la Corte Suprema de Justicia, por los delitos que habría cometido como senador, así como su hermano Iván Moreno. Y paralelamente, por orden del alto tribunal, la Fiscalía iniciará nuevas pesquisas en contra del exalcalde Luis Eduardo Garzón, del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, del controvertido contratista Julio Gómez, del abogado Manuel Sánchez Castro, de siete concejales y dos gerentes de los hospitales Meissen y Simón Bolívar.
La decisión de la Corte es del pasado 4 de noviembre y fue firmada por los magistrados Javier Zapata, José Leonidas Bustos y Julio Enrique Socha. En el documento de nueve páginas, conocido por El Espectador, se citan los testimonios de Germán Olano y la contratista Gloria Inés García Coronel —además de documentación allegada por parte del CTI de la Fiscalía— en los que relacionan el presunto interés de Samuel Moreno como congresista respecto de la construcción del hospital Meissen para que la obra, que costó $33 mil millones, le fuera adjudicada a una empresa de Julio Gómez y la interventoría al abogado Manuel Sánchez. Ambos apoyaron la campaña de Samuel a la Alcaldía.
Los testigos refirieron que Gómez, Sánchez y los hermanos Moreno Rojas eran amigos del entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano. Pero, sobre todo, muy allegados a Carlos Hernando Lizcano Benítez y a Luis Guillermo Cantor Wilches, ambos nombrados como gerentes de los hospitales Meissen y Simón Bolívar, respectivamente. De hecho, sobre Cantor Wilches, el informe que presentó Gustavo Petro en noviembre de 2010 sobre el seguimiento a la contratación de Bogotá reseñó que desde que se había posesionado como gerente a finales de 2009 el número de empleados se había disparado, a pesar de que la cifra de usuarios no había aumentado y no había oficinas para instalarlos.
En su reporte Petro etiquetó a Cantor Wilches como “cercano a la casa Moreno Rojas” y resaltó que el incremento de funcionarios en el hospital había ocurrido apenas meses antes de las elecciones al Congreso en 2010. Germán Olano aportó más detalles y dijo ante la Corte que en reuniones en el apartamento de Manuel Sánchez, con la presencia de Julio Gómez, el abogado Álvaro Dávila y Samuel Moreno, se mencionaron las buenas relaciones entre el entonces senador y el alcalde Garzón, con su secretario de Salud Zambrano, así como el apoyo político de algunos concejales a la directora del IDU, Liliana Pardo, también procesada por el carrusel.
“Es en estos encuentros en los que Julio Gómez y Manuel Sánchez hicieron saber del interés de Samuel Moreno en el contrato para la construcción del hospital Meissen”, se lee en el auto de la Corte Suprema. Con una particularidad increíble: la firma del abogado Manuel Sánchez fue la encargada de evaluar las propuestas presentadas para la construcción de ese centro de salud y, al tiempo que se escogió a la unión temporal conformada por las empresas de Julio Gómez, se pedía que la interventoría la hiciera Sánchez, es decir, quien escogió al contratista. Con esta base la Corte abrió una nueva investigación contra Moreno Rojas por estas vueltas denunciadas por Germán Olano.
No es todo. También se menciona la supuesta manipulación en la designación de Lizcano Benítez y Cantor Wilches como gerentes de los hospitales controlados por la familia Moreno Rojas cuando Samuel era alcalde. “Dichos nombramientos eran una exigencia porque obedecían a intereses particulares, principalmente del senador Iván Moreno, como lo hacen ver, además de Olano, los testigos Gloria Inés García Coronel y Héctor Manuel Lemus Montañez”, destacó la Corte. En esencia, se sugiere que los Moreno necesitaban a alguien de confianza como gerente del Simón Bolívar porque se aproximaba la construcción de una torre nueva por un valor de $60 mil millones.
Germán Olano y Gloria Inés García contaron con lujo de detalles cómo manejaba Iván Moreno la salud en Bogotá, al punto de que ya era corriente oír que los hospitales tenían dueño. Además, que explotaba económicamente el hospital Simón Bolívar “a través de una unidad renal o un departamento de imágenes en las que el senador estaba interesado para obtener el 25% de las utilidades, según lo hizo saber el secretario de Salud Héctor Zambrano al excongresista Olano Becerra”. Y algo más grave: se relató que el gerente de ese hospital, Cantor Wilches, les exigía dinero a los contratistas con destino a la campaña de Iván Moreno. Igual habría ocurrido en el hospital Meissen.
La Corte Suprema también pidió investigar a Iván Moreno por el nombramiento de funcionarios en instituciones del Distrito durante la Alcaldía de su hermano, en especial en el Simón Bolívar y la Secretaría de Educación, “en este último caso a través de la subsecretaria Martha Vega”, quien fue su secretaria de Educación cuando fue alcalde de Bucaramanga. Con estas denuncias la Corte abrió otro expediente en contra de Iván Moreno, quien el pasado 8 de noviembre fue llamado a juicio por los delitos de cohecho, concusión e interés ilícito en la celebración de contratos por el escándalo de la malla vial de Bogotá.
La Corte añadió en su documento que el gerente del hospital de Kennedy, Fabio Barrera Barón, también le entregó una obra a una firma de Julio Gómez en 2007, cuyo contrato fue modificado en varias oportunidades tanto en valor y plazos, como en condiciones. En dicho contrato, refirieron los testigos, habría tenido intereses el concejal José Juan Rodríguez, amigo personal de Julio Gómez. La dupla Gómez y Manuel Sánchez, así como las posibles irregularidades en la red de contratación del sector salud de Bogotá, se habrían replicado en los hospitales de El Tunal, Tintal, Bosa y Usme.
Además, en entidades como el Fondo de Seguridad del Distrito (nexos entre Mauricio Solano, gerente del Fondo, y el polémico contratista Emilio Tapia); en la Unidad Especial de Servicios Públicos y en el Acueducto, particularmente en la presa de Canta Rana”. Por este episodio la Corte pidió investigar al concejal Antonio Sanguino, por su presunta injerencia en el Acueducto y sus posibles vínculos con el gerente de entonces, Édgar Ruiz. También a los concejales José Juan Rodríguez por sus nexos con Julio Gómez y Isaac Moreno, y a Darío Fernando Cepeda por su presunto interés en la designación del gerente del hospital San Blas.
Orlando Parada será investigado por “su relación con el contratista Manuel Sánchez, a propósito de la filtración del contenido de diligencias judiciales y violación de la reserva, así como maniobras para eludir la acción de las autoridades”, según se denunció en la Corte. Hipólito Moreno y Jorge Ernesto Salamanca también por nexos con Julio Gómez. Además de esos concejales —cinco de ellos llamados a interrogatorio por la Fiscalía—, el exalcalde Luis Eduardo Garzón ta
mbién será investigado porque, anotó la Corte, no puede ignorarse que estos hechos ocurrieron durante la administración de Luis Eduardo Garzón y si tuvo relación con Álvaro Dávila, Julio Gómez y Manuel Sánchez.
En síntesis, la Corte y la Fiscalía buscan desentrañar una nueva arista del cartel de la corrupción en Bogotá: cómo, al parecer, los hospitales del Distrito se feriaron la burocracia para pagar favores políticos, financiar campañas y enriquecer a los Moreno y sus enlaces a costa de un sector tan vulnerable y sensible. Por ahora va quedando en claro que el desastre de la malla vial bogotana es apenas un síntoma diagnosticado y no la enfermedad completa, que corroyó la capital del país.
“Es prudente que investiguen”: Luis E. Garzón
El exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón debe ser investigado porque las anomalías empezaron durante su período, dijo la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, Garzón le dijo a este diario que le parece pertinente y prudente que tanto la Corte como la Fiscalía indaguen cualquier sospecha de irregularidad y aseguró que está dispuesto a participar en las pesquisas judiciales, en caso de que las autoridades lo consideren necesario.
Garzón resaltó que contra él no hay investigación directa por actos de corrupción. Cuestionado sobre el papel que su secretario de Salud Héctor Zambrano podría haber desempeñado en el cartel del sector salud, el exalcalde aseveró que de Zambrano nunca recibió quejas de los usuarios u organismos de control en relación con posibles intereses ocultos sobre los hospitales de la ciudad. “Por él no puedo responder”, dijo Garzón, “pero sí es claro que nos ayudó enormemente a mejorar la eficiencia de los hospitales”.
