Las graves denuncias de los últimos días sobre la negligencia gubernamental y la corruptela en la “cadena” de los medicamentos están generando una nueva oleada de indignación nacional. A nadie convence la explicación oficial de que se “procedió conforme al reglamento” y no hay responsables, en la pérdida de la vigencia de miles de medicamentos en manos del ministerio de la desprotección, cuando para el paciente y la población en general es un verdadero viacrucis obtenerlos.
A nadie convence tampoco la disculpa de unas “inconsistencias técnicas en los informes” que hoy presentan las Empresas Promotoras de Salud, EPS, para justificar lo injustificable, un incremento del 400 y hasta el 500% en los precios de los medicamentos que recobran al Fosyga. En ambos casos lo que se descubre es un comportamiento infame y vergonzoso contra la salud de los colombianos.
Aunque para amplios sectores de la opinión pública estos hechos aparecen como casuales, inauditos y desconcertantes, en realidad son desarrollos inscritos en la lógica de un modelo de salud para el mercado que bajo los postulados de la Ley 100 de 1993 convirtió el derecho a la salud en un negocio de alcance nacional e internacional.
El negocio de los medicamentos tiene al menos cuatro actores principales: las grandes multinacionales, los intermediarios, el gobierno nacional y el Congreso de la República.
Las grandes multinacionales de la industria farmacéutica, que imponen sus precios de monopolio y perpetúan sus privilegios al amparo de las patentes y de los Tratados de Libre Comercio; la industria farmacéutica es hoy tan rentable como la industria militar. Llama la atención que Colombia paga los precios más altos de la región por los mismos medicamentos, lo cual indica nuestra infinita capacidad de sumisión frente a las multinacionales.
La cadena de los intermediarios duplica y triplica el precio desde su origen hasta el usuario y abre paso a la cadena de los recobros que instauraron las EPS para aumentar sus ganancias no sin antes imponer toda una serie de trabas para el acceso a los medicamentos que desataron infinidad de tutelas con un costo adicional aún no cuantificado.
El gobierno nacional no sólo se hizo el de la vista gorda, sino que bajo el emblema de la “confianza inversionista” decretó la libertad de los precios de los medicamentos, abonando el terreno para la especulación y la corrupción generalizada que hoy escandaliza al país.
El Congreso de la República, entre tanto, sigue poniendo pañitos de agua tibia; ¿Qué pasó con las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011? Atrapadas en la lógica del aseguramiento y la privatización cambiaron todo para que todo siga igual, o peor, como bien lo demuestran las recientes denuncias. La última reforma incluye disposiciones como la compra directa por el estado, la “importación paralela” y los precios de referencia, pero están allí, en el papel como un canto a la bandera mientras el negocio y la corrupción siguen campantes.
El tema de los medicamentos hace parte de una lógica de mercado que debe ser sustituida por una lógica del derecho y con mayor razón en un modelo que abandona cada día la salud pública y el enfoque preventivo con lo cual aumentan significativamente el peso de los medicamentos en el conjunto del sistema y por supuesto en sus costos.
En esa perspectiva del derecho es necesario un nuevo modelo de salud que derogue la Ley 100 de 1993 y que supere la mercantilización y la privatización; de no ser así, seguiremos expuestos a la negligencia y a los negociados del cartel de los medicamentos.
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES –CUT-
TARCISIO MORA
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160; Presidente Secretario General D. Seguridad social
Bogotá, marzo 2011.