Una de las reformas incluye la supresión en los despachos judiciales de los cargos de escribiente y sustanciador, por lo tanto, se reduce en dos cargos la nómina de cada juzgado. Más la eliminación de los citadores. En Colombia hay aproximadamente 4.000 despachos, multiplicado por tres cargos en cada uno, equivale a la salida de unas 12.000 personas.
Adicionalmente habrá cambios en la estructura de la rama. El secretario del despacho del juzgado ya no será de carrera, sino en un cargo de libre nombramiento y remoción por parte del juez respectivo. Actualmente estos puestos deben ser ocupados por abogados profesionales, el cambio significaría que esto no tendría que tendría que cumplirse.
“Esto da al traste con toda la expectativa que teníamos de que en Colombia se lograra tener una rama judicial al margen toda influencia política, sino que fuera a través del concurso de méritos. Y, por supuesto, está generando bastante inestabilidad en todos los empleados”, expone Fernando Otálora, Presidente de Asonal Judicial.
Por si fuera poco, el Presidente de la República le acaba de otorgar facultades al fiscal general para reestructurar este ente, lo cual, también genera incertidumbre porque puede suprimir cargos en la Fiscalía en todo el país. La posibilidad de demandas e indemnizaciones por los despidos abre un boquete de recursos que afectaría el presupuesto del sistema judicial.
Otálora ve en estas medidas un ataque directo a la justicia en Colombia. No desconoce las fuertes críticas que últimamente han arreciado contra la rama, pues muchas de ellas son constructivas, pero “no podemos destruir en el imaginario colectivo la idea de justicia, porque eso preocupante en un Estado Social de Derecho”.
Y agrega, “es indudable que se está atentando contra la autonomía y la independencia del poder judicial colombiano, sobre todo, para ponerlo al servicio de las grandes maquinarías. En este momento, la rama judicial está siendo atacada por todos los frentes, no sabemos las pretensiones de ello porque provienen tanto de personajes de la vida pública como de altos funcionarios del Estado”.
