El Comando Nacional Unitario conformado por las centrales sindicales CUT, CTC y CGT y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC, rechaza de manera categórica la ofensiva del empresariado y gremios económicos cicateros, la oligarquía más regresiva y el uribismo, que pretende tumbar el salario mínimo decretado para 2026. Esta arremetida no es jurídica ni técnica: es política y de clase, dirigida contra un avance histórico que fortalece el ingreso real de la clase trabajadora.
El decreto es plenamente legal y constitucional. La ley y la Comisión Nacional de Concertación establecen que, ante la ausencia de acuerdo entre empresarios y trabajadores, el Gobierno Nacional está facultado para fijar el salario mínimo. Además, desarrolla el artículo 53 de la Constitución, que consagra el salario mínimo vital y móvil, principio sistemáticamente negado por los gobiernos al servicio de las élites, así como reiterados estudios de la OIT sobre los ingresos dignos y los salarios vitales.
Los datos desmontan la narrativa del miedo. Desde 2022, el salario mínimo ha crecido por encima de la inflación y, en paralelo, el desempleo, la inflación y la pobreza, la informalidad han disminuido, con creación de empleo en comercio, turismo, actividades administrativas y sector agrario. No existe evidencia seria que pruebe que los aumentos del salario mínimo destruyen empleo; por el contrario, fortalecen el mercado interno y dinamizan la economía.
Aparejado a la expedición de los decretos de salario mínimo, el gobierno nacional expidió varios actos administrativos desindexando múltiples bienes y servicios del incremento del salario mínimo, tales como copagos, cuotas moderadoras, multas, comparendos y arriendos, entre muchas, es más, los costos de la producción no son solo salariales ellos solo representan una parte. Están además los costos financieros que son altísimos, cuyo responsable es el Banco de la República al mantener las tasas de interés exageradas.
Por eso no estamos de acuerdo con que los alcaldes castiguen ahora el pueblo con escandalosas alzas en el transporte de más del doble de inflación en Cali, Medellín y Bogotá.
El aumento decretado para 2026 representa una diferencia mensual de $223.737 frente a la propuesta empresarial del 7%. Esto equivale a $2.684.844 adicionales al año para cada trabajador, una suma que para las familias populares significa comida, transporte y vida digna, mientras que para las élites no representa más que una fracción mínima de sus márgenes de ganancia.
Tampoco es cierto que el aumento del salario mínimo sea el detonante de la inflación. En Colombia, el incremento de precios ha estado impulsado principalmente por decisiones empresariales y por la inflación de los productores. Un ejemplo claro es el anuncio de aumentos en tarifas como el transporte público, que pretenden trasladar automáticamente el alza salarial a los usuarios, como si todos los costos fueran laborales, cuando en realidad pesan más factores como combustibles, intermediación financiera y rentas monopólicas. El problema no son los salarios de los trabajadores, sino un modelo con su sistema económico que permite la especulación y protege las ganancias del capital a costa del ingreso popular. La negociación de los salarios y en especial del salario mínimo y vital hace parte de una lucha de intereses de clase en la distribución de la riqueza, que implica el avance o retroceso no solo del poder adquisitivo, sino de la igualdad y justicia social.
En ese sentido, el Comando Nacional Unitario reafirma que el salario mínimo no es un costo, sino un instrumento de justicia social y reactivación económica, parte fundamental de la generación de la riqueza en donde la fuerza de trabajo es fundamental. Defender el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro es defender la Constitución, la democracia social y el derecho del pueblo trabajador a vivir con dignidad. No permitiremos retrocesos: este logro se defenderá en el plano político, jurídico y con la más amplia movilización social. No pasarán.
En consonancia, convocamos a la clase trabajadora y demás sectores populares a defender en la calle el decreto del incremento del salario mínimo realizando una amplia concentración frente a los Palacios de Justicia en todo el país desde las 10:00 am, el próximo miércoles 28 de enero del 2026.
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