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El Gobierno de Santos evade su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos y el libre ejercicio de la labor sindical

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{image}http://imagen.eldia.co/cache/logos/cut_595.jpg{/image}Denunciamos nacional e internacionalmente el incremento de los hechos de violencia contra el movimiento sindical; 12 dirigentes y afiliados han sido asesinados durante el presente año; el día 29 de julio fue asesinado Hernán Álvarez de Sutimac , siendo el sindicalista 2.896 en nuestro registro desde el año 1986, en medio de una impunidad del 97%, configurando una política sistemática de arrasamiento contra el movimiento sindical colombiano. Como consecuencia de la victimización contra los dirigentes y activistas sindicales, el Gobierno Nacional desde 1997, acordó  con el movimiento sindical crear por ley un programa de protección para cesar los asesinatos de sindicalistas.

Hoy debemos denunciar el desmonte gradual y paulatino de la responsabilidad de proteger el derecho a la vida y la integridad física de los sindicalistas. El Ministerio del Interior en un CERREM extraordinario realizado el 18 de julio y a espaldas de las organizaciones victimizadas, delegó en la Unidad Nacional de Protección – UNP, en cabeza del Doctor Andrés Villamizar Pachón, la responsabilidad de expedir mediante Resolución Administrativa No. 048 del 27 de julio de 2012, el recorte al valor mensual de combustible de los esquemas de protección dura en más del 50%, lo cual nos deja a los protegidos en una situación de vulnerabilidad para hacer nuestro trabajo en las regiones de alto riesgo.

De manera que el gobierno cumple su pretensión política de inmovilizar las actividades sindicales, la labor de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones políticas de oposición victimizadas.

La CUT reclama al Presidente Santos y al Ministro del Interior, Doctor Federico Rengifo, atender la solicitud de reunirse con las centrales, donde queremos expresarle nuestras inquietudes y preocupaciones frente al tema de protección, más ahora cuando le están entregando atribuciones a la UNP, y lo que hacen es desmejorar las condiciones de seguridad.

Llamamos a nuestros afiliados, al movimiento sindical y defensores de los derechos humanos a expresar su rechazo a estas medidas que solo llevan al detrimento de nuestra seguridad.

DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente

WITNEY CHÁVEZ SÁNCHEZ
Secretario General

LUIS ALBERTO VANEGAS Z.
Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad

Bogotá, 1 de agosto de 2012

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