Julio 24 de 2020
Declaración del Comité Nacional de Paro
El Gobierno Nacional debe cesar su política contra las clases medias y el pueblo
Reafirmó el presidente Duque, en el discurso de instalación de las sesiones del Congreso de la República, su decisión de continuar gobernando al servicio del capital financiero y los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Así lo hizo durante la II emergencia decretada, mientras dilata, con más ofertas de crédito y parciales respaldos, el pago de las nóminas y las primas, las soluciones de fondo para las MiPymes y ayudas ciertas y suficientes para los diversos sectores agropecuarios a los que, aparte de llamarlos “Héroes”, los siguen condenando a competir con las importaciones subsidiadas de los Estados Unidos y la Unión Europea, mientras se desatiende la urgencia de centrar esfuerzos en producir los alimentos que habrán de consumir los colombianos y que habrán de impulsar la reactivación económica que requiere el país.
Al mismo tiempo, tomó decisiones contra los trabajadores y trabajadoras, diluyó el pago de la prima de servicios, autorizó despidos, reducciones en los ingresos y promueve que, parte de la reforma laboral, se aplique por decretos-Ley, propugnando, además, la implementación de propuestas que reformen el sistema pensional, con el ánimo de acabar con la prima media y otras prestaciones sociales de asalariados y asalariadas. Y eso lo hace, mientras extiende los mismos auxilios -completamente insuficientes- para los sectores independientes e informales, presenta un proyecto de Ley de hipoteca inversa que facilita la toma, por parte del capital financiero, de las propiedades de las clases medias y el pueblo que no disponen de ingresos ni gozan de una pensión y hoy, más empobrecidas por la pandemia, se vuelven presa fácil de esa nueva estrategia de despojo. Mientras tanto, se niega a aprobar el proyecto de Ley presentado por 54 senadores para crear la Renta Básica de Emergencia -equivalente a un salario mínimo mensual- forma expedita de entregar recursos a los nueve millones de familias que los requieren con urgencia para pasar la cuarentena y, ante las tomas de tierra urbana, en lugar de formular políticas de solución se procede a desalojarlos. La misma realidad padecen quienes están apiñados en inquilinatos.
Pero, los reclamos no dan espera, los estudiantes de universidades públicas y privadas exigen presupuesto, matrículas cero y alivios, gestores culturales, artistas y deportistas, transportadores de diversas modalidades, propietarios y empleados de establecimientos nocturnos y prestadores de servicios y productores de bienes de consumo levantan protestas, pidiendo rebaja de impuestos y respaldos para atender el pago de servicios públicos, arriendos y empleados. El trato dado por el gobierno nacional a la comunidad LGBTI y a sus peticiones solo merece la condena de la opinión pública. Igual trato merece el aumento de las Violencias Basadas en Género y los feminicidios.
Al mismo tiempo que legisla de manera cicatera frente a las necesidades de la mayoría de la población, relaja la cuarentena llevándola hasta situaciones altamente peligrosas para quienes se ven obligados a trabajar, promueve los días sin IVA, la reapertura de escuelas y colegios sin claridad en las obligaciones que debe asumir el gobierno nacional para garantizar la bioseguridad de las comunidades educativas y pretende descargar sus responsabilidades en alcaldes, gobernadores y rectores, a los que continúa negando los dineros suficientes para atender la emergencia no solo, en el traslado de sus recursos, sino en la entrega de los materiales ineludibles para brindar salud a los infectados que aumentan, ya no por decenas sino, por miles todos los días.
Y, esta legislación antidemocrática se aplica mientras continúa el asesinato de líderes y lideresas sociales, de defensoras de Derechos Humanos y de ex guerrilleros en proceso de reincorporación. De igual manera, el gobierno persiste en aplicar una política de confrontación que agudiza la injusticia y la impunidad, actuando con negligencia frente a los paramilitares y retrocediendo en la implementación de los acuerdos pactados, cerrando la posibilidad de reabrir conversaciones, perturbando los procesos de paz, enredando el cese al fuego y un acuerdo humanitario Ya. Se conoce de nuevas chuzadas del ejército, de persecución a opositores políticos y desapariciones forzadas urbanas y rurales, de incumplimientos a lo pactado para la erradicación de cultivos de uso ilícito y de la violación de niñas indígenas por tropa del ejército, de la penalización de la protesta social y del uso y abuso del ESMAD, de los crímenes de lesa humanidad contra encarcelados, de la decidía para atender la epidemia en regiones como Leticia, Tumaco, el Chocó y otras, de los escándalos de corrupción, la ñeñe política, las movidas de Memo Fantasma y sus vínculos con el gobierno nacional y, en clara violación de la soberanía nacional, permite la presencia de tropas norteamericanas que ponen en peligro la paz regional, la soberanía de Venezuela y la estabilidad democrática de Colombia y, ante el fallo de tutela, se hace el de los oídos sordos y no toma decisiones para cumplir el fallo de la justicia.
Desde la sombra del Estado de Excepción el gobierno nacional funciona sin que sea posible desplegar la debida separación de los poderes públicos, ni ejercitar un control político real del Congreso de la República, lo que facilita -al gobierno Duque- entre otras muchas acciones, burlar la implementación de políticas de erradicación de cultivos, usar la fuerza y la violencia contra esas comunidades y violar lo pactado en los acuerdos de paz con ellas y con los pueblos étnicos.
También pretende, privatizar Ecopetrol y Cenit vendiendo a menos precio estás empresas que son estratégicas, claves, para el desarrollo nacional. Se sabe además de la persistente persecución del gobierno nacional a los mineros ancestrales, tradicionales, pequeños y medianos mientras le extiende patente de corso a las grandes mineras inclusive, en los páramos del país, que se encuentran también, altamente amenazados. Igual sucede con los pescadores artesanales a los que se mantiene en las peores condiciones de vida y trabajo.
El Comité Nacional de Paro insiste en señalar que su lucha es pacífica y democrática y por lo tanto rechaza el uso desmedido de la fuerza y la violencia policial en las marchas realizadas recientemente. Respalda todas las movilizaciones sociales en curso como la Marcha por la Dignidad. La cuarentena no borra la desigualdad social ni la movilización -hoy virtual- ni los plantones, ni la lucha callejera obligada de algunos sectores sociales y de trabajadores, que respaldamos. La pandemia terminará y con ella se reactivará -en todo su esplendor- la protesta social y, una vez decenas de miles de colombianos resuelvan salir masivamente a las calles y carreteras, se acrecentará la movilización social y se normalizará el uso de los espacios propios de la lucha democrática. El CNP se propone la reactivación organizativa territorial y anuncia la unidad alcanzada con las bancadas alternativas y de oposición para defender el pliego de emergencia.
El Comité Nacional de Paro, toma nota del proceder del gobierno, exige que cese en su política neoliberal, garantice el respeto de la soberanía nacional y acepte reunirse, analizar y negociar el pliego de emergencia presentado, eche atrás los decretos que golpean a los trabajadores y demás sectores sociales y deje de legislar contra las clases medias y el pueblo colombiano.
Comité Nacional de Paro, CNP
