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El gobierno quiere frenar fallos de la Corte que respaldan derechos fundamentales

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{image}http://lh6.googleusercontent.com/-mBxtzC_u23o/Uajfv-HmFRI/AAAAAAAAAXM/sidgZ74TllM/s595/corte_suprema_justicia.jpg{/image}En estos momentos, el gobierno pretende evitar que las sentencias judiciales garanticen derechos fundamentales. Hay un proyecto de ley que reglamenta la sostenibilidad fiscal y crea un mecanismo para debilitar a la tutela como un instrumento para proteger los derechos fundamentales.

La profesora María Antonieta Cano, Secretaría de Asuntos Integremiales y Cooperativos de la ADE, explica que básicamente la propuesta de Santos es crear un incidente de impacto fiscal, con el que el gobierno podrá objetar sentencias de las Altas Cortes que le ordenen aumentar el gasto  público para garantizarles a los colombianos sus derechos.

De esta manera está atentando contra la tutela en salud, por ejemplo. “Ante el incumplimiento generalizado de los deberes del gobierno y de la gravedad de la violación de los derechos de las personas, estos tribunales han tomado decisiones que, además de resolver los problemas particulares de los demandantes, fijan antecedentes e incluso le dan órdenes al gobierno que lo obligan a aumentar el gasto social”, manifestó la directiva de la ADE.

Por eso, el gobierno está promoviendo este proyecto de ley que tiene muchas posibilidades de ser aprobado, por la mayoría de la unidad nacional en la plenaria del Senado. Y pretenden aprobarla sin que Colombia se dé cuenta.

En otras palabras, por ejemplo, si la Corte con base en una tutela ordena el tratamiento quirúrgico de una enfermedad costosa, como cáncer, el gobierno puede decir que no puede hacerse porque no hay plata, con fundamento en la sostenibilidad fiscal. Así, no sólo estaría por encima de la Corte sino que podría negar sentencias sobre educación, medio ambiente o derechos humanos.

La profesora María Antonieta Cano señala algo más preocupante: “Lo peor es que así las Cortes no acepten los términos del gobierno, las sentencias objetadas se cumplirán en los términos que diga el gobierno. Lo que viola la autonomía de la rama judicial y los principios básicos de una democracia. Como colombianos debemos rechazar de manera enérgica esta propuesta; y que el gobierno y sus mayorías en el Congreso la hayan tramitado a escondidas”.

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