Después de 56 meses de congelamiento del precio del ACPM y de $56 billones con el cual el estado ha subsidiado a los transportadores de carga, el gobierno decretó desmontar el subsidio en los combustibles incrementando el precio del ACPM en un 20%.
Esta decisión va encaminada a privilegiar el gasto en inversión social y no a seguir subsidiando a los grandes transportadores. El gobierno ha dicho que buscará un subsidio para los pequeños transportadores, el cual debe establecerse en una ruta concreta y tiempo determinado.
Cuando el gobierno de Gustavo Petro llegó, había un déficit de casi 36 meses tanto en el precio de la gasolina como en el de ACPM. Dicho déficit se ha venido resolviendo, primero ajustando el precio de la gasolina y ahora se apresta a resolverlo de manera definitiva incrementado el precio del ACPM, de manera gradual, en tres momentos, de hoy a diciembre del 2025.
De esta manera el congelamiento del gobierno Duque fue una decisión política y electoral que acumuló un alto déficit en el Fondo de Estabilización Petrolera, que resolvió subsidiar los combustibles trasladándose la problemática a este gobierno de Gustavo Petro.
Los grandes transportadores y generadores de carga en coordinación con el uribismo han visto la oportunidad para impulsar un paro nacional camionero encaminado a generar la mayor ingobernabilidad, y así crear las condiciones propicias en el ambiente político de la nación para que se acentúe un golpe de estado.
Esta fue la misma situación que se presentó en Chile en la década del 70 del siglo pasado, cuando los grandes transportadores resolvieron hacer un paro nacional que terminó en el en el asesinato del presidente Allende y la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet, que a sangre y fuego impusieron el primer experimento neoliberal en la región.
Se comprende que la garantía de estabilidad de precios para el consumo interno no está en los subsidios del gobierno, está EN LA SOBERANÍA ENERGÉTICA, es decir en la capacidad de nuestro país para producir todo el petróleo que requiere para el consumo interno, en el marco de la ruta trazada de transición energética, que exige la crisis climática mundial.
La CUT, la CGT y las Confederaciones de Pensionados CDP Y CPC, junto con la CNPC, considera que las razones aducidas para hacer el paro camionero, no corresponden a la situación que vive el país en el cual su profundo déficit fiscal está presionado por este subsidio a los combustibles y que, por consiguiente, lo que hay en el ambiente es un interés político y electoral frente a un posible golpe de estado contra el gobierno de Gustavo Petro. A esto se le suma la ponencia preparada por el magistrado Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral, por demás vinculado al proceso de falsos testigos con el cual está siendo judicializado el expresidente Uribe, ponencia en la cual se pretende investigar al Presidente de la República y generar un proceso de destitución en el Congreso de la República; además, de la profundización de los medios de comunicación masiva que utilizan la mentira como arma para contribuir al desconcierto e inconformidad.
Llamamos a todas nuestras organizaciones sindicales y sociales, a las Juntas Comunales y demás asociaciones y a todos los sectores democráticos del país a que expresemos nuestro rechazo a este propósito de quebrantar la vida institucional del país y a cerrar filas para que el mandato constitucional ordenado por el pueblo se respete.
Reiteramos nuestro compromiso con la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad a desarrollarse el 14 y 15 de septiembre en la Universidad Nacional de Bogotá.
Convocamos a expresar en la calle el sentir por el proyecto político, democrático, progresista y popular y en la ciudad de Bogotá a concentrarnos en la Plaza de Bolívar, el jueves 19 de septiembre a partir de las 11:00 a.m., para rechazar un intento de golpe de estado.