A propósito del pacto sobre trabajo decente
Bogotá, 9 de octubre de 2018
En Colombia el 64% del empleo se desarrolla de manera informal, es decir, más de 14 millones y medio de trabajadores no tienen estabilidad laboral, ni vacaciones, ni prestaciones sociales, ni seguridad social. Más de la mitad de los trabajadores no ganan el salario mínimo legal ($781.242), cuando la canasta básica familiar es de $1.900.000. Podríamos afirmar entonces que nadie se explica cómo sobrevive la mayoría de los colombianos. La tasa de afiliación sindical no supera el 5% de los trabajadores, con lo cual los derechos de asociación, negociación y huelga, parte sustancial de los convenios de la OIT solo tienen una aplicación marginal en el país; y quienes los ejercen terminan siendo perseguidos, como es el caso de los pilotos de Avianca, quienes en su derecho legítimo a la huelga, les que fue declarada ilegal por el gobierno y los jueces.
La violencia antisindical sigue siendo una expresión que intimida y estigmatiza la labor sindical en el país. En el año 2017 fueron asesinados 19 sindicalistas, y 14 en lo corrido de 2018, que expresa el tratamiento que se le viene dando a la protesta y movilización social en el país, más ahora cuando el Ministro de Defensa – o de guerra mejor – sostiene sin demostrarlo, que la protesta social está financiada por organizaciones armadas ilegales.
Todo este cuadro, que puede ser ampliado para los temas de discriminación: mujeres, jóvenes, etnias, diversidad sexual y el acoso laboral, reflejan un altísimo déficit de trabajo decente en nuestro país.
Hasta ahora el gobierno nacional no ha adelantado ninguna medida importante encaminada a superar este altísimo déficit; muy por el contrario ha anunciado una serie de medidas muy regresivas en materia de reforma tributaria que disminuye impuestos a los ricos y se los aumenta a los trabajadores y ciudadanos de a pie, una reforma pensional que pretende liquidar a Colpensiones y el régimen de prima media, entregándole el aporte de los trabajadores al especulativo capital financiero, y la Ministra de Trabajo ha anunciado una reforma laboral encaminada a flexibilizar aún más los contratos de trabajo y las relaciones laborales con la correspondiente disminución de derechos laborales, ingresos y libertades sindicales.
Teniendo en cuenta este panorama y estas circunstancias del gobierno, la CUT considera que un pacto sobre trabajo decente, no puede ser un decálogo de intenciones para cumplir las normas legales y los convenios de la OIT que de suyo tienen que cumplirse, si no verdaderas medidas concretas para que evidentemente se cumplan esas normas y pueda existir trabajo decente en el país, lo demás es un triste saludo a la bandera, para lo cual pareciese que el Gobierno sigue en campaña electoral.
LUIS ALEJANDRO PEDRAZA FABIO ARIAS GIRALDO
Presidente Secretario General
