{image}http://eldia.co/images/stories/170811/001.jpg{/image}En el centro oriente colombiano diferentes organizaciones sociales y políticas vienen adelantando la campaña contra el capital transnacional, por considerarlo generador de políticas nocivas para la vida y el medio ambiente, así como fuente de persecución a los lideres sociales de la región.
Según denuncio Juan Carlos Torregosa, asesor jurídico de la fundación “Joel Sierra”, un eje de la campaña se fundamenta en la defensa de los derechos humanos y contra la judicialización de los procesos sociales y los líderes y lideresas comunales que hacen frente a los atropellos de las multinacionales.
Es que en la región se ha hecho práctica común el hacer uso de los organismos y el andamiaje judicial para involucrar a la ciudadanía en actos delictivos mediante el montaje de material probatorio o la compra de testigos. Entre los casos emblemáticos se tiene el de Ariela Gelvis Quintero, a quien le fue dada orden de captura con solicitud ante la Interpol, cuando su único “delito” fue ser una profesional trabajadora en varios proyectos comunitarios. Gelvis en un acto de soberanía y resistencia se entrego a los órganos de justicia en el marco del cabildo por el defensa de la vida y los derechos humanos desarrollado en Saravena el pasado 29 de julio.
Otros perseguidos son Samuel Morales Flórez, docente y dirigente sindical de la CUT, Ismael Uncacia Uncacia, reconocido dirigente indígena, Víctor Laguado Boada, dirigente popular y Freddy Ramírez Bokota dirigente indígena.
Lo que tienen en común las victimas de la persecución política y judicial es querer construir un plan de vida contrapuesto a las intereses del capital transnacional y el Estado colombiano, en el cual la militarización de la vida civil, las masacres, desapariciones, muertes selectivas de dirigentes y base social, la corrupción política administrativa, el desplazamiento forzado, entre otras problemáticas, no sean la constante en los territorios.
La campaña busca que se difunda en la escena internacional la difícil situación humanitaria y la persecución judicial ocasionada contra los dirigentes sociales, con el fin que sea la comunidad internacional quien presione y exija al Estado colombiano que se de cumplimiento a las garantías de aplicación y acceso a la justicia, como son el respeto por el debido proceso, el conocimiento de las imputaciones que se hacen en contra de los procesados y el respeto por los derechos y garantías contemplados en el ejercicio de los derechos humanos.
Con la campaña lo que se quiere es que el sistema jurídico y penal colombiano no encuentre en la oposición política al establecimiento, el chivo expiatorio para criminalizar y judicializar, sino que se de lugar a un sistema que busque el respeto de la dignidad del ser humano, toda vez que el establecimiento de normativas que permitan el buen vivir y la convivencia y resolución de conflictos que afectan a grandes capas de la población, enfatizo Torregosa.
