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En torno al Proyecto de Ley por el cual se establecen prohibiciones al ejercicio de la docencia y a directivos de planteles educativos

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Bogotá, 25 de febrero de 2019 

El Representante a la Cámara Edward David Rodríguez radicó el Proyecto de Ley Nº 312 de 2019 presentado por “por medio de la cual se

establecen prohibiciones al ejercicio de la docencia y a directivos de planteles educativos”, supuestamente para “preservar el orden legal, los derechos fundamentales, los valores humanos y la ética”.

Decimos con el profesor Santiago Mazo que el Proyecto de Ley miente cuando aduce como propósito el “respeto y protección de los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, libre desarrollo de la personalidad, integridad física y demás reconocidos internacionalmente”; engaña al decir que los Docentes y  Directivos-Docentes realizan proselitismo político dentro de los planteles educativos; es tramposo al pretender que sólo en el área de Ciencias Sociales se pueden presentar discusiones políticas; desorienta al querer legislar sobre lo que ya está instituido en la Constitución y en las Leyes como es la prohibición de aplicar a los educandos cualquier forma de maltrato físico o psíquico; y es malintencionado al acusar a los Docentes y  Directivos de manipular a alumnos y padres de familia para que adopten su ideología política, candidato o programa político.

Los artículos 4º a 7º del Proyecto de Ley, referidos a sanciones, constituyen un entramado de persecución y constreñimiento a los educadores ya que en la práctica inhibirían a Docentes y Directivos-Docentes para el ejercicio de sus misiones y fácilmente los conducirían a los manicomios convertidos en Aparatos Represivos del Estado, con amenazas que llegarían hasta la “cancelación de la tarjeta profesional” (sic.) y multas impagables con los exiguos salarios y las cuantiosas deudas adquiridas para sus estudios superiores, sanciones y procesos que no finiquitarían ni siquiera con la renuncia voluntaria del docente.

La clase trabajadora es consciente del carácter político del acto educativo contemplado en nuestra Constitución Política: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”. Pues bien: con el pretendido Proyecto de Ley, se estarían negando de plano los Principios Rectores de nuestra Constitución, incluyendo los Tratados Internacionales adoptados en la misma. El magisterio colombiano forma a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el amor, la convivencia, el diálogo, la paz y la felicidad; nuestros docentes no son contaminadores ideológicos ni sembradores de odios como la propaganda malsana y guerrerista quiere hacerlos aparecer buscando funestos propósitos divisionistas enfrentándolos con la Comunidad Educativa en un vano intento de inventar la “razón de la sinrazón”: la masacre continuada de docentes que supera hace tiempos el millar de asesinados, cantidades de desaparecidos y miles de desplazados. Nuestras Instituciones Educativas no son apéndices de la Escuela de las Américas.

Detrás de la sucia campaña mediática contra el magisterio, se esconden gravísimos daños contra el pueblo colombiano: privatizar la educación, negar de acuerdos pactados con FECODE, destruir el Movimiento Sindical, desconocer los Acuerdos de Paz logrados con la insurgencia hoy convertida en Partido Político, imponer un Estado ultraderechista de corte fascista, romper los diálogos con la insurgencia del ELN y otros actores armados, favorecer la injerencia imperial en los destinos de la comunidad latinoamericana contrariando nuestra Constitución, ocultar los grandes robos al erario público, tapar la corrupción, dar vía libre a megaproyectos destructores del Medio Ambiente con la ola de asesinatos de líderes sociales que han generado, distraer la atención frente al fracasado modelo de salud, entre otros.

En consecuencia con lo anterior, demandamos el retiro inmediato el manido Proyecto de Ley que pretende minimizar la Libertad de Cátedra y derechos conexos como la Libertad de Expresión, de Conciencia, de Investigación, de Aprendizaje y demás contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pactos Internacionales acogidos en nuestra Constitución Política. Igualmente demandamos el cumplimiento de las Recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la educación, Katarina Tomasevski en 2003.

Convocamos al pueblo de Colombia a rodear al magisterio y a sus organizaciones sindicales, sociales y populares; a defender las Instituciones Educativas de todos los niveles como espacios de creación intelectual; a repudiar el militarismo en favor de la consolidación de América Latina y El Caribe como Zona de Paz afirmando en todos nuestros actos y espacios el diálogo y la solución pacífica de controversias; a ratificar la moral y la ética como base y nutrimento del quehacer político desde el ámbito familiar como principal núcleo social hasta las más altas instancias del poder político.

EJECUTIVO NACIONAL
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT

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