Ecopetrol no ha asumido la responsabilidad que le corresponde en el marco del capítulo de derechos humanos, pactado en la convención colectiva de trabajo. De esta forma, viene adjudicando los esquemas de seguridad, a través de la Unidad Nacional de Protección, a empresas que de manera irregular han asumido esa tarea. Al punto que no suministra los recursos para combustibles, demora los viáticos para los escoltas o no entrega presupuesto para hospedaje de vehículos. Es tan ineficiente el sistema de protección que, por ejemplo, los dirigentes sindicales están obligados a hacer la solicitud de requerimiento de los tiquetes aéreos con 72 horas de anticipación, cuando la movilidad de los directivos es permanente.
Pero el mayor problema y el más delicado es que todos los esquemas de seguridad de la UPN tienen seguimiento de rastreo. Han encontrado hasta cinco GPS y micrófonos ubicados dentro de los vehículos. Al respecto, el Presidente de la CUT hizo una denuncia nacional.
“Estamos exigiendo, primero, a Ecopetrol que asuma las labores de vigilancia de los trabajadores y dirigentes sindicales que hoy tenemos problemas de seguridad reales, derivados de nuestra actividad sindical. Y a la Unidad Nacional de Protección que retire los dispositivos de manera inmediata que existen tanto en los vehículos como en los medios de comunicación que han entregado a los escoltas y a los dirigentes”, señaló Ariel Corzo, dirigente nacional de la USO.
Debido a la poca receptividad de las denuncias ante Ecopetrol y la UPN, muchos dirigentes han llegado hasta Siglo XXI, la empresa privada de seguridad, para devolver las camionetas, sobre todo, los encargados de manejar el área de derechos humanos. “La junta directiva orientará a todos los dirigentes nacionales a que realicen los retiros de los dispositivos de seguridad que se puedan ubicar en camionetas. Es que no hay garantías de que esa información no llegue a manos criminales, como sucedió con el DAS”, agregó Corzo.
Al mismo tiempo, enfatiza en que “no rechazamos la protección, estamos exigiéndole al Estado y a Ecopetrol, en el marco del capítulo de derechos humanos pactado en la convención colectiva, que atendiendo las medidas cautelares que decretó la CIDH en el 2008 para los dirigentes de la USO se nos garantice la protección, el derecho a la vida, a la movilidad y a ejercer la actividad sindical”.
