{image}http://eldia.co/images/stories/170312/003.jpg{/image}El Estado colombiano está implementando una estrategia mediática y desinformativa para evadir su responsabilidad en la masacre de Santo Domingo. Ahora, una sentencia proferida por un Juzgado Penal de Arauca indica, sin sentido, que las Farc cometieron el hecho.
Las organizaciones sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos enfatizan en que la masacre de Santo Domingo es un hecho de lesa humanidad del Estado contra las comunidades. Sucedió el 3 de diciembre de 1998. Desde un helicóptero de la fuerza aérea colombiana lanzaron una bomba tipo clúster contra el caserío; 17 personas fallecieron, 7 niños entre ellos.
El abogado de la Fundación ‘Joel Sierra’, Juan Carlos Torreglosa, manifiesta que ahora el Estado se ha empeñado en decir que las muertes se debieron a un artefacto camuflado por las Farc en un vehículo.
La semana pasada salió a relucir una sentencia el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, allí el juez deriva que las Farc fueron las responsables. Torreglosa aclara que este fallo no tiene implicación jurídica, porque el proceso judicial de este juez corresponde a la muerte de nueve soldados, la cual ocurrió cerca Santo Domingo entre el 12 y 14 de diciembre de ese mismo año, a causa de combates entre las Farc y el Ejército. Es un hecho diferente a la masacre de los civiles, por lo tanto, “el juez tenía que limitarse a la resolución de acusación que la Fiscalía había hecho contra un jefe de las Farc por la muerte de los soldados”.
Contraria a esta sentencia, un fallo procesal anterior condenó a 33 meses de prisión al piloto y al copiloto de la aeronave desde donde se lanzó la bomba de racimo. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta condena, la cual está pendiente de un recurso extraordinario de casación interpuesto por los defensores de los pilotos.
Por este mismo hecho, se ordenó la captura del agregado militar en Francia y de otro oficial, quienes fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, pero las investigaciones en su contra siguen adelante.
Valiéndose del fallo del juez de Arauca y de una campaña de desinformación, el Estado está haciendo un esfuerzo por perpetuar la impunidad de este crimen de lesa humanidad. De hecho, desde el mismo momento de la masacre, el Estado ha tratado de negar su responsabilidad en ella. El día del bombardeo, el comandante de la Fuerza Aérea para la fecha, General Héctor Fabio Velazco, salió a los medios para informar que habían dado de baja a 17 guerrilleros y otros 25 habían resultado heridos. Todavía hoy, insisten en que no fueron civiles las personas fallecidas sino guerrilleros traslados por sus compañeros.
Torreglosa enfatiza en que esta es una forma de “revictimizar” a las víctimas y desde la Fundación ‘Joel Sierra’ se solicitó que se corrija el fallo del juez.
