{image}http://eldia.co/images/stories/020312/006.jpg{/image}El 18 de febrero pasado, Carlos Alberto Núñez Flórez, presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), fue detenido por la fuerza pública en un retén a la entrada de Arauca. Para las organizaciones de derechos humanos es una retaliación por la labor de este líder.
Núñez Flórez es líder social de ese departamento e integrante de la asamblea general de la Fundación social ‘Joel Sierra’. Su detención se produjo en momentos en que se dirigía a una reunión con organizaciones de derechos humanos en el municipio de Arauca. La Policía argumentó que él tenía en su contra una orden de captura proferida por la Fiscalía.
La vida de este dirigente cívico se ha destacado por su compromiso por la defensa de los intereses de los campesinos araucanos. Desde 1997 ha dirigido organizaciones con este propósito en los municipios de Arauquita, Saravena, Arauca y Fortul. Ha liderado gestas desde el movimiento social araucano en favor de la vida y la permanencia en el territorio, y ha sido un protagonista en la movilización contra la explotación de los recursos naturales y la violencia paramilitar en ese departamento.
Estas razones son las únicas que pesan en su contra. La fuerza pública lo ha retenido en diferentes ocasiones con infinidad de excusas, ha sido reseñado, fotografiado y hasta lo han mantenido recluso en guarniciones militares sin justificación alguna. Sobre sí, carga una estigmatización por parte de la fuerza pública de pertenecer al ELN, de allí viene la orden de captura, sólo que esta no cuenta con motivos para la acusación.
Ante esta persecución, que también padecen otros dirigentes sociales del país, fue cobijado por medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual induce al Gobierno Nacional para que se proteja su vida y se garantice su trabajo. El 15 de febrero, fue entrevistado por el Ministerio de Protección Social, bajo el supuesto propósito de una entrevista para elaborar un estudio de riesgo para continuar con el proceso de las medidas cautelares. Tres días después es arrestado.
Sonia López, presidenta de la Fundación ‘Joel Sierra’ de Arauca, consideró esta captura como “lesiva para los interés del pueblo araucano y los territorio ancestrales. Evidencia que la supuesta lucha del Estado no es contra la subversión sino contra la dirigencia social que se ve como un obstáculo a la concreción de los intereses económicos de las trasnacionales”.
