Con base en los diferentes accidentes y derrames tanto de crudo como de otras substancias químicas, altamente peligrosas para la vida y las devastadoras afectaciones que han ocasionado a los ecosistemas en diferentes zonas tanto del Departamento como del país y además teniendo en cuenta que de acuerdo con las leyes, las zonas abastecedoras de acueductos deben ser objeto de protección y conservación por tanto no deben ser intervenidas, menos aún por proyectos de la industria de hidrocarburos, las comunidades ven claramente que de continuar este proceso constructivo serían vulnerados los derechos fundamentales a la salud y a la vida de todos los Niños, niñas, adolecentes, adultos mayores y comunidad en general, usuaria de dichosos acueductos además de la población que visita el Centro Poblado Turístico de Humadea, calculada en más de 20.000 turistas al año quienes consumen alimentos en la zona considerada patrimonio Cultural y turístico del Departamento y del país, por el alto riesgo de contaminación del recurso hídrico, el agua potable es un derecho fundamental y como tal debe ser priorizado y protegido por encima de cualquier interés industrial o comercial, como lo manifestó el Defensor del Pueblo del Departamento Dr. Eduardo González, quien en Enero de este año dirigió un oficio tanto a la empresa ECOPETROL como a la procuraduría, invocando la importancia del boque de constitucionalidad compuesto por varias jurisprudencias y acuerdos internacionales suscritos por el gobierno Colombiano, en donde queda clara la prevalencia y relevancia que se le debe dar al recurso hídrico para consumo humano, por ser un elemento vital que garantiza la sostenibilidad de la vida misma.
A la fecha se está a la espera de que la ANLA adjudique fecha para Audiencia Pública Ambiental para el pozo LORITO 1, ya que hay cuatro solicitudes realizadas, una por la Corporación Ambiental y Turística del Río Humadea CORPOHUMADEA, otra por la Gobernación del Meta, una tercera por la Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva y por último una por la Defensoría Regional del Departamento, adicionalmente esta en curso una Acción Popular interpuesta como medida cautelar presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento del Meta, así pues la comunidad ha hecho lo que está a su alcance por la defensa de la Autonomía Territorial y los Derechos Fundamentales a la Salud y a la Vida.
