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¿‘Masacre laboral’ o reforma necesaria? Las reformas laborales de Petro

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{image}http://eldia.co/images/stories/060212/03.jpg{/image}Los sindicatos del sector salud, apoyados por sindicalistas nacionales, han protestado por los recortes del secretario Guillermo A. Jaramillo. / Gabriel Aponte

Para organizar económicamente al Distrito y luchar contra el clientelismo, el alcalde Petro dejó de renovar numerosos contratos por prestación de servicios. Los sindicatos y el Gobierno Nacional lo critican, pero sus secretarios defienden las medidas.

“Masacre laboral”, “despidos masivos”, “estigmatización”. Esta semana, estas expresiones se volvieron comunes en boca de los sindicatos nacionales e, incluso, la exalcaldesa de la ciudad Clara López.

Unos y otros han reaccionado con ímpetu a los anuncios hechos por el alcalde mayor y algunos de sus secretarios de que, para volver más eficaces las finanzas del Distrito y acabar con el clientelismo que ha imperado durante los últimos años en la ciudad, se debe reducir la ‘contratitis’ y formalizar cientos de contratos que actualmente se encuentran bajo la figura de órdenes por prestación de servicios (OPS).

El anuncio no fue bien recibido ni por los sindicatos ni por la pasada administración y, especialmente, por el Gobierno Nacional.

De hecho, esta semana, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, le recordó en una carta al alcalde Petro que la Corte Constitucional dictaminó la formalización de los contratos de aquellos empleados por OPS y lo invitó a realizar los recortes de forma técnica y no política. “No se puede suponer que todos los contratistas son producto del clientelismo o el amiguismo; en las reformas administrativas debe primar el criterio técnico sobre las cargas laborales y funciones”, escribió Pardo.

Los sindicatos han denunciado “despidos masivos” en la Secretaría de Salud, Integración Social y en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep).

Adicionalmente, una fuente, que pidió la reserva de su nombre, le dio a conocer a El Espectador una resolución de la Secretaría de Gobierno que ordena la no renovación del contrato a 107 de los 472 supernumerarios (funcionarios temporales) de esta entidad.

Para Francisco Maltés Tello, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “esta es la peor masacre laboral en los últimos 10 años en Bogotá”.

Sin embargo, otra es la visión de los funcionarios de la administración Petro.

Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda, asegura que no se están haciendo despidos. “Lo que se está haciendo es no renovar los contratos por OPS que ya se vencieron y que nuestras indagaciones indican que son innecesarios”. Además, asegura Bonilla, “se les ha dado la instrucción a todas las secretarías de que analicen la estructura de sus plantas, estudien todas las cargas de trabajo y definan cuántas personas se necesitan realmente. Así se definirá el número de empleados que se formalizarán”.

El secretario asegura que la ciudad “está llena de OPS”. Las cifras oficiales indican que alrededor de 30.000 personas están contratadas bajo esta modalidad. La cifra ha venido en aumento y no pocos se lo atribuyen a que gracias a este tipo de modalidad de contrato, que tiene términos cortos y definidos, es posible darles más gusto a los concejales que por años negociaron apoyo político al alcalde por puestos en el Distrito.

De ahí que la tarea de la administración sea, como indica Bonilla, “analizar quiénes están realizando labores misionales y luego formalizarlas —como lo indica la sentencia de la Corte Constitucional—. También identificar cuáles son técnicos o profesionales de mayor nivel o quiénes sencillamente no son ni lo uno ni lo otro”.

Para Bonilla, no hay duda de que el clientelismo se esconde bajo los contratos de OPS: “ En algunas entidades encontramos que muchos contratos fueron firmados en diciembre y vencen en marzo y ni siquiera fueron informados en el proceso de empalme, sólo los firmaron por tres meses”, asegura.

´La versión es corroborada por el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según él, “en noviembre de 2011 la cifra de contratistas de la Secretaría de Salud pasó de 1.200 a 1.342. Luego, en diciembre, los contratistas aumentaron a 1.632”. De este último aumento, asegura Jaramillo, 81 nunca fueron reportados oficialmente.

En diálogo con El Espectador, Jaramillo aseguró: “En un año las necesidades de servicios no pudieron duplicarse. No podemos seguir así, debemos hacer una liposucción”. La “liposucción” consistirá en reducir considerablemente los contratos por OPS de su planta, y crear unos 1.000 empleos formales que redireccionará a los hospitales del Distrito.

Ante las críticas de los nuevos secretarios, la ex alcaldesa Clara López se defendió y aseguró que no la pueden acusar de no haber presentado las cuentas claras durante el empalme con la administración Petro. “Se realizó con cada una de las instituciones y secretarías”. López añade que hay que revisar las razones por las que se están dejando de renovar los contratos: “No puede ser que con la presunción de clientelistas no se les esté renovando el contrato a estas personas, afectando a sus familias”.

Como si le faltaran polémicas, la supuesta “masacre laboral” parece ser una más de las espinosas discusiones que la administración Petro tendrá durante estas semanas. Esta vez no sólo con el Gobierno Nacional —con el que ya chocó en el tema de la Avenida Longitudinal de Occidente—, sino con los sindicatos y funcionarios que, alegan, apoyaron su campaña.

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