1- Un gobierno bajo fuego.

Desde la llegada a la presidencia de la república, el gobierno de Gustavo Petro, ha estado bajo fuego de los poderes económicos, políticos, mediáticos, congresionales, judiciales e incluso de sectores de las fuerzas armadas.

No han dejado un momento en estos ya tres años de gobierno, en buscar, la oligarquía y la extrema derecha, utilizando el sin número de poderes señalados, la ingobernabilidad, que pueda terminar en un golpe de estado blando o duro o incluso en un magnicidio.

Los poderes económicos del gran capital financiero y las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, así como sus representantes en los gremios económicos y el Consejo Gremial Nacional, han dicho que el gobierno de Petro nos llevaría a una profunda recesión económica. Los poderes políticos en el congreso han bloqueado muchas de las iniciativas del gobierno en materia de inversión social, sea por la vía del presupuesto general, o de las reformas tributarias, o de las reformas sociales.

El poder judicial, en la Corte Constitucional ha hundido la tercera parte de la reforma tributaria y los decretos expedidos al amparo de las conmociones interiores tanto en la Guajira como en el Catatumbo, obstaculizando recursos e inversiones del estado. Así mismo, el consejo de estado no le permitió al presidente decretar reducción de tarifas de energías, ha decretado inhabilidades e incompatibilidades de muchos de los nombramientos del presidente Petro, así como la pérdida de la curul de varios congresistas del Pacto Histórico.

Los grandes medios de comunicación, que son propiedad de los enormes poderes económicos, no han dejado de señalar día tras día, falsas imputaciones y noticias para generar incertidumbre de las acciones del gobierno nacional.

En el Consejo Nacional Electoral intentaron realizar un golpe blando investigando al presidente de la república sin tener competencia para ello. Algunos generales retirados han alimentado la idea de que la tropa se subleve contra el gobierno y el ex canciller Álvaro Leiva intentó junto con congresistas norteamericanos y obviamente sectores de la extrema derecha en Colombia un golpe de estado.

Así mismo se han conocido varios intentos de magnicidio, uno denunciado por el anterior embajador de Estados Unidos en Colombia y el otro revelado por los organismos de inteligencia del estado. Ha sido una febril y sistemática actividad de la irracional oposición al gobierno de Gustavo Petro que, en medio de su desespero, lo ha intentado todo y valiéndose de todo, legal e ilegal, para sabotear este gobierno.

Para fortuna de este gobierno y el mantenimiento de esta democracia, a pesar de débil y restringida, las alertas señaladas por el gobierno y sectores de la vida democrática del país y en especial por la movilización social y popular realizada y convocada tanto por las organizaciones sociales reunidas en la asamblea nacional popular, así como las diversas convocatorias del propio presidente, lograron desactivar estos turbios y protervos propósitos.

Propósitos que nos deben mantener en alerta de aquí a las próximas elecciones, puesto que es extrema derecha, de llegarse a verse perdida en las próximas elecciones intentará cualquier otro mecanismo de saboteo y de ingobernabilidad.

2- Un balance positivo de los tres años de gobierno de Petro.

La realidad muestra que se ha venido creciendo en términos económicos y que, con relación a las economías de todos los países de la OCDE, Colombia ha venido ocupando el sexto lugar y en este año, en el primer trimestre, el PIB ha crecido un 2,7% y se ha visto una recuperación del sector manufacturero.

Los índices con repercusiones sociales, como la inflación y el desempleo, han venido mejorando en estos tres años.

Cuando empezó el gobierno de Gustavo Petro, el desempleo estaba en 11,7% hoy está en el 8,6%. Una disminución importante. Se han creado un millón setecientos mil empleos. La inflación ha pasado del 13,26% al 4,8%. Hechos, no presunciones.

La cacareada tesis neoliberal de que aumentando los costos laborales se generaría desempleo, ha sido definitivamente rebatida por los hechos.

Mientras el gobierno de Gustavo Petro logró un aumento del salario mínimo del 43,6% en estos 3 años, la inflación solo ha sumado 27,5%, es decir, se ha recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo en 16 puntos, un hecho sin precedentes en los aumentos del salario mínimo en los periodos neoliberales.

Los incrementos salariales en el sector público han sido los más altos en los 14 años de negociación de los sindicatos del sector público con el estado. En los gobiernos neoliberales los aumentos oscilaron entre el uno y el 1,32%. Para los 4 años de gobierno de Petro, fueron de 1,55 en promedio en los dos primeros años y de 1,85 en los dos últimos años de gobierno.

Estos aumentos cobijan a cerca del 60% de los trabajadores formales del país y sin embargo ni la inflación, ni la tasa de desempleo crecieron, por el contrario, han descendido.

Los pronósticos apocalípticos del empresariado de una profunda recesión económica quedaron refutados por los hechos.

Con todos estos hechos económicos y sociales, se ha logrado sacar de la pobreza monetaria a 2 millones de colombianos. Esto es un logro muy importante, si bien queda todavía mucho por hacer.

Los presupuestos nacionales de los tres años presentados por el gobierno han privilegiado la inversión social, especialmente en educación y salud. Han sido los rubros que más han crecido.

En el periodo neoliberal de los gobiernos pro empresariales, en el presupuesto, después del rubro de la deuda pública, seguía el de defensa. En el gobierno de Gustavo Petro después del de la deuda ha seguido siempre educación y salud y solo después de ellos aparece el de defensa, mostrando la prioridad que este gobierno le ha otorgado a los derechos de los ciudadanos.

Hizo una reforma tributaria progresiva por cerca de 20 billones anuales que desafortunadamente la corte constitucional le quitó la tercera parte de dichos ingresos, al eliminar el pago de regalías, lo cual ha venido repercutiendo en el déficit fiscal y en la necesidad de presentar nuevas reformas tributarias, que ha bloqueado la oligarquía en el congreso, obligando al gobierno a determinar el escape del cumplimiento de la regla fiscal para los próximos 3 años.

En las reformas sociales del cambio, se ha logrado dos importantes avances: el de la ley laboral, donde se recuperan los derechos conculcados por la ley 50 del 90 y la ley 789 del 2002.

Se recupera una parte de la estabilidad laboral, se formalizan las trabajadoras domésticas, las madres comunitarias y sustitutas, los trabajadores y trabajadoras del programa de alimentación educativa, PAE, así como diversos trabajadores del arte y la cultura y el deporte.

Se recupera el carácter laboral del contrato de aprendizaje, el recargo nocturno desde las siete de la noche y los dominicales y festivos progresivamente en tres años al 100%.

La ley pensional establece el ingreso solidario por $235.000 para 3 millones de adultos mayores, el régimen semi contributivo, la pensión anticipada y la cotización obligatoria al sistema de Colpensiones del régimen de prima media, de todos los trabajadores por los primeros 2,3 salarios mínimos, con lo cual se inicia el marchitamiento de los fondos privados y se reduce el déficit fiscal del estado.

Se avanzó en estos temas del mundo del trabajo también con la ley que establece el código procesal del trabajo y en la ratificación del convenio 190 de la OIT, en la cual jugaron papel determinantes las trabajadoras mujeres y sus respectivas centrales obreras y un conjunto de colectivos de mujeres.

Mención especial es la titulación de 1,2 millones de hectáreas de tierra y la entrega de más de 600 mil hectáreas tierras al campesinado, con lo cual este sector se ha convertido en el jalonador del crecimiento económico del país.

Esta serie de logros muestra la importancia de un gobierno que está cerca a los sectores populares y que gobierna para atender sus históricas demandas y reclamos.

Pero muestra también todo lo que está pendiente por realizarse y que no se ha podido hacer, especialmente por una correlación de fuerzas que sigue siendo muy desfavorable para los populares en el congreso. Este debe ser uno de los compromisos a mejorar en el congreso de la república en el año en las elecciones 2026.

Estos logros no han estado exentos de errores como la corrupción, de un tortuoso aprendizaje en el manejo de la cosa pública y una ineficaz ejecución presupuestal.

Pero también decirlo, estos logros se han hecho, a pesar de la irracional y feroz oposición oligárquica, gracias especialmente, a la decisión del gobierno del cambio de Gustavo Petro de llevarlas a cabo y de estar acompañado de una fuerte, amplia y vigorosa movilización social y popular.

3- El papel de la CUT. La conflictividad laboral.

Nuestra central unitaria de trabajadores estuvo desde el gobierno de Duque en la movilización social, siendo un importante jalonador de los paros nacionales del 21 de noviembre del 2019 y del estallido social del 28 de abril hasta finales de junio del 2021, en contra de toda la política oligárquica y de extrema derecha que representaba dicho gobierno.

Del desarrollo de estas movilizaciones la CUT no dudó un momento en vincularse al respaldo a la campaña electoral del Gustavo Petro y de los sectores democráticos, progresistas, alternativos y de izquierda que lo secundaron y que determinó el primer gobierno de carácter popular en nuestro país.

En correspondencia con ello, lo ha acompañado en estos tres años, defendiéndolo de todos los ataques de la oligarquía y la extrema derecha y respaldando los proyectos que desde el plan Nacional de desarrollo impulsan una reactivación económica, así como las reformas sociales y un presupuesto para la inversión social.

Así mismo lo hemos acompañado en sus propósitos, que, si bien no han avanzado, es un propósito nacional, como es la paz total en nuestro país.

En conjunto con la asamblea nacional popular y sus diferentes expresiones departamentales y territoriales, compuesta por el Comando Nacional Unitario de las tres centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados, la Coordinadora Nacional por el Cambio y la minga social y comunitaria, han sido los motores de toda la movilización social y popular para desactivar los golpes de estado, condenar cualquier magnicidio, acompañar las reformas sociales y seguir impulsando la paz total.

Múltiples movilizaciones de envergadura extraordinariamente significativa, le han dado aire al gobierno para continuar su programa de gobierno no dejándose desestabilizar y pudiendo avanzar en las reformas y en las inversiones sociales.

Podemos decir que el balance para la CUT como un jalonador significativo a nivel nacional y regional de la movilización social, le ha cumplido a la nación, al pueblo y a los trabajadores y trabajadoras.

En los avances y logros del gobierno, está de alguna manera la impronta de la CUT.

Hoy el país reconoce el papel protagónico de la Central Unitaria de Trabajadores en los logros de este gobierno. Allí se ve reflejado el trabajo de todos sus dirigentes nacionales y regionales y como hecho destacable también el papel cumplido por los dirigentes de Fecode y de sus sindicatos filiales. He ahí la importancia de los grandes sindicatos que operan centralizadamente.

Digamos que las decisiones contempladas en la declaración política del VIII Congreso Nacional de la CUT, el VII de la mujer y IV de la juventud trabajadora, han quedado plasmadas en los compromisos y en la movilización social y popular que animamos y en la cual participamos.

Pero así mismo como hemos acompañado al gobierno en sus diversos pulsos contra la oligarquía y la extrema derecha, hemos acompañado a múltiples sectores sociales de toda índole, en sus conflictividades sociales y laborales.

Ellos corresponden a desarrollar lo que siempre hemos sostenido de que con la llegada de un gobierno que hemos respaldado, con ello no se agota la conflictividad social, laboral y popular en el país.

Incluso hemos apoyado diversas expresiones de sectores productivos especialmente de pequeños y medianos empresarios por sus particulares reivindicaciones.

4- La agenda sindical.

Nuestra agenda sindical está determinada por todo lo que nos ha faltado por conseguir en materia de las reformas sociales.
En primera instancia entonces, seguiremos acompañando y respaldando el proyecto de ley de la reforma a la salud, el proyecto de ley orgánica de participación para la reglamentación del acto legislativo 03 del 2004 del Sistema General de Participaciones, cuyo mayor protagonismo ha recaído en Fecode, la del proyecto de ley de la jurisdicción agraria que es una deuda social con el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC del 2016, el proyecto de ley de presupuesto en el entendido de que mantiene recursos importantes para la inversión social y la conveniencia entonces de una reforma tributaria que apropie los recursos que logren financiar esos propósitos del gobierno.

Las cuestiones que nos quedaron pendientes en la ley laboral y pensional serán parte de nuestras insistencias en próximas luchas y proyectos.

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