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Informe de presidencia al VIII Congreso de la CUT

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La Central Unitaria de Trabajadores ha venido respaldando al gobierno democrático y progresista de Gustavo Petro y Francia Márquez, una elección excepcional, con gran respaldo popular, que desde el 7 de agosto de 2022 ha liderado un proceso de cambio. Dicho apoyo estuvo antecedido del aval a su candidatura presidencial, que contó con el respaldo fundamentalmente relacionado con la interpretación del estallido social y con los proyectos progresistas que ha venido impulsando. Es una decisión vinculada a la táctica en desarrollo de la autonomía e independencia de la Central.

La CUT en la Conferencia Nacional del Trabajo del 8 de septiembre de 2022, en coordinación con el Comando Nacional Unitario, presentó al gobierno nacional en cabeza de la Ministra de Trabajo, las propuestas de reforma laboral y pensional, la política pública de trabajo decente, y diversas propuestas de decretos y resoluciones, que resumen las exigencias de los trabajadores y trabajadoras, para recuperar derechos arrebatados especialmente en el periodo neoliberal. Varias de esas propuestas han sido recogidas en las reformas sociales que cursan en el Congreso, en el Plan Nacional de Desarrollo y en algunas políticas que implementa el Ministerio del Trabajo. La Central ha realizado varias campañas de socialización y movilización de las reformas sociales para ganar mayor audiencia y respaldo social y popular. En estas reformas están contenidas muchas de las recomendaciones de la OIT, OCDE, y de los Ministerios de Trabajo de Canadá y EE.UU.

En términos de la paz total, la CUT ha reiterado que los esfuerzos de diálogo y negociación deben fortalecerse entre el Gobierno, la guerrilla y demás sectores ilegales. Se debe seguir avanzando. En este sentido, se debe resaltar la creación del Comité Nacional de Participación como una instancia especial y transitoria, articulada a la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN, que viene desempeñando un papel fundamental como organismo encargado de diseñar y promover la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, el cual fue instalado el pasado 2 de agosto y en la cual la CUT tiene asiento, así como FECODE, la USO y SINTRACIHOBI. De otra parte debemos resaltar, que el propio presidente Gustavo Petro como representante del Estado, el pasado 14 de septiembre, en desarrollo de los múltiples reclamos del sindicalismo por la reparación colectiva ante los estragos de la violencia política y antisindical, reconoció al sindicalismo como víctima del conflicto interno y por tal, sujeto de reparación colectiva, ante lo cual propuso que el estado debería fortalecerlo adelantando acciones y campañas de crecimiento de los sindicatos, incluyendo promotores y organizadores sindicales. Así mismo la CUT hace incidencia en las diversas instancias de Derechos Humanos, en el comité de reparación colectiva y actualmente junto con FECODE en uno de los macrocasos de la JEP.

En los temas de la política internacional de la CUT, hemos demandado solución negociada a la guerra Rusia-Ucrania, eso sí, señalando que quien la ha promovido y exacerbado ha sido los EE. UU. junto con la OTAN, se ha rechazado el genocidio contra Palestina y hemos animado y participado en acciones de solidaridad con ellos, frente a los congresos de la CSI, hemos sido muy críticos del accionar de sus direcciones por sus posiciones débiles cuando no complacientes frente al dominio del gran capital financiero, las políticas neoliberales e incluso frente a los hechos de corrupción en que han estado envueltos por la complacencia y el recibo de recursos del gobierno de Qatar, como se conoció en responsabilidades de eurodiputados que salpicaron a quien fuera elegido secretario general de la CSI en diciembre 2022, que a la postre debió ser retirado y nombrado un nuevo secretario general en congreso extraordinario, pero que tampoco respaldamos. Seguimos considerando que la política que desarrolla la CSA y plasmada en el documento PLADA, programa de acción política y laboral desde los trabajadores de las Américas, es un excelente documento, democrático, progresista, antineoliberal que debiera escalar en posiciones en la CSI. En este sentido, la CUT ha participado de campañas en solidaridad con Cuba, promovidas desde la CSA y en acciones continentales por la democracia y contra el neoliberalismo, como la recién celebrada en Fox de Iguazú la semana pasada.

El Gobierno del cambio ha tenido avances en reforma tributaria progresista que, si bien representaba 20 billones de pesos anuales en recolección de recursos para inversión social, desafortunadamente la Corte Constitucional privilegió los intereses de las multinacionales en el cobro de las regalías y no la defensa de ellas como parte de la soberanía del país. Avance importante el incorporar en la legislación nacional la paz total; la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que tiene los elementos sustanciales de paz total, justicia social y justicia ambiental del programa de gobierno; la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad; en el presupuesto 2024 por primera vez en muchos años, los rubros de educación y salud superan el presupuesto de defensa, que muestra que este gobierno está realizando la inversión social, así como múltiples acciones vinculadas a subsidios y entrega de recursos para sectores vulnerables de la población.

La compra de cerca de 300.000 hectáreas de tierra y un millón formalizadas, así como la propuesta de reindustrialización del país, donde juega un papel importante la economía popular, solidaria y comunitaria y la presentación de las reformas a la salud, la educación, la pensión y la laboral.

Los incrementos salariales de los dos últimos años tanto del mínimo, como de los estatales, de los cuales se hizo partícipe la CUT en la mesa de concertación y en la negociación estatal, han significado un alivio para los trabajadores al mejorar el poder adquisitivo, por ser superior a la inflación y adicionalmente, la inflación desde el 2023 ha venido descendiendo, los índices del desempleo y la informalidad, han venido disminuyendo por las inversiones del gobierno en agricultura, educación y salud.

El tema grave está en la desaceleración o congelamiento de la economía, que tiene dos explicaciones; una, es un fenómeno mundial y dos, por las decisiones del Banco de la República que mantienen usureras tasas de interés que restringen el consumo y presionan un decaimiento económico. Es la ortodoxia neoliberal que mantiene los privilegios del gran capital financiero en desmedro de una posible reactivación económica a la que le apuesta el Gobierno, con acciones encaminadas a la reforma agraria y a la reindustrialización del país.

Estos logros y proyecciones del gobierno del cambio se han venido desarrollando no exento de errores, derivados, unos de la propia superestructura del Estado llena de mil atajos, otros se deben al mantenimiento de sectores de la extrema derecha y del neoliberalismo dentro de la estructura del Estado en cargos todavía muy importantes y en cantidades todavía apreciables y otras de falta de decisión política de quienes deberían implementarlas en múltiples instituciones del estado, cuando no pocas en contravía de expresiones que desde el mundo del gobierno progresista-alternativo son inaceptables, como por ejemplo, la falta de diálogo social. Hay que reiterar, que el buen suceso de un gobierno del cambio no acaba la conflictividad social y laboral.

En lo internacional debemos destacar de este gobierno, el señalar la responsabilidad de las grandes potencias económicas del mundo en la crisis climática, la necesidad de rectificar una fracasada política antidrogas de los Estados Unidos, pasando del prohibicionismo a la regulación y la de invocar cumbres mundiales de paz para el tema de la guerra Rusia -Ucrania y la situación en el medio oriente, pero especialmente también por el rechazo al genocidio del gobierno fascista de Netanyahu en Israel, contra el pueblo palestino en Gaza.

Sin embargo debemos decir que el mayor obstáculo para el avance de este gobierno radica en que está bajo fuego, por los poderes de la extrema derecha y el establecimiento neoliberal, representados en los grandes empresarios, la oligarquía colombiana, los medios de comunicación al servicio de dichos poderes económicos, la mayoría de los partidos políticos vinculados a la oligarquía, algunas expresiones desde los militares retirados y las no pocas menciones del sistema judicial que se oponen a los avances de este gobierno, la Corte Constitucional declarando inexequible el pago de regalías, el Consejo de Estado diciéndole al gobierno nacional que no puede modificar las tarifas de los servicios públicos aduciendo que no tiene competencia, la asociación de gobernadores, alcaldes y parlamentarios de la oposición para ejercer saboteo desde los territorios y, su intención que, en nombre de una falsa autonomía territorial puedan apropiarse y disponer el destino de los recursos, incluso con proyectos de modificación del ordenamiento territorial, pero muy especialmente la labor de la Procuraduría y de la Fiscalía quienes en cabeza de Margarita Cabello y Francisco Barbosa se han declarado como opositores políticos al gobierno del cambio de Gustavo Petro. Es evidente que esto tiene como objetivo generar una ingobernabilidad y obviamente señalar entre otras, unas presuntas violaciones de los procesos electorales de este gobierno, para con todo ello, ya enmarcarse en la posibilidad de un golpe blando contra el gobierno de Gustavo Petro.

Así lo ha hecho la Fiscalía, primero en el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia, segundo en el escándalo del hijo de Gustavo Petro, Nicolás y su exesposa Daisy Vázquez sin prueba alguna en ninguno de estos casos, y por último en el que involucra el movimiento sindical y en particular a una entidad emblemática del sindicalismo en Colombia como es FECODE, haciendo aparecer como si se estuviese ejerciendo una actividad delictiva desde el sindicalismo al allanar su sede e incorporándola presuntamente a una violación de los topes electorales de su campaña, cuando ha quedado plenamente demostrado e inclusive mediante escritura pública, que los 500 millones de pesos fueron entregados al partido o movimiento político Colombia Humana, que está en el marco legal de nuestra normatividad en temas electorales.

Frente a este agudo panorama que atraviesa el gobierno, la necesidad de un acuerdo nacional o una nueva coalición se vuelven elementos significativos, aunque nada fáciles de restablecer. La coalición de gobierno que sirvió hasta marzo del año pasado se rompió por la decisión de un sector vinculado y representado en los ministerios de hacienda, de agricultura y de educación, que se opusieron a la reforma a la salud y por tal motivo salieron de sus respectivos ministerios. Ahora, en especial, los avances en la Paz Total y en las cuatro reformas que hemos referido, van a estar dependiendo de la posibilidad de constituir un nuevo acuerdo nacional o una nueva coalición de gobierno.

Para ello los sectores sociales y políticos debemos realizar la más amplia movilización social si queremos que verdaderamente se pueda mantener que este gobierno no sufra un golpe blando o duro y segundo que puedan avanzar las reformas sociales del cambio. Una movilización tal que obligue a modificar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República para que respalden dichas reformas. Sin movilización social y popular, no habrá reformas sociales.

Va quedando claro entonces que, en los cuatro años de este gobierno, no se van a alcanzar y a recuperar todos los derechos, que la nación, el pueblo y los trabajadores hemos perdido en más de 200 años de vida republicana y en especial los conculcados en estos últimos 33 años del modelo neoliberal, de los gobiernos pro empresariales y de violencia política. Se aclara también, que los avances que podamos tener en estos cuatro años deben ser la mejor herramienta política para hacerle entender al conjunto de la población colombiana la necesidad y la conveniencia de seguir eligiendo gobiernos democráticos alternativos, progresistas y de izquierda que terminen con una consideración muy importante y es lograr tener mayorías en el congreso que como se ha visto, se vuelve en uno de los impedimentos más grandes para poder avanzar de manera mucho más rápida y consistente. Es decir, en la discusión sigue habiendo un gran debate sobre la necesidad de mejorar nuestra correlación de fuerzas.

En este sentido nos hemos vinculado a las diversas movilizaciones en defensa del gobierno y de la paz total y las reformas sociales. Unas más contundentes que otras, unas en conjunto con el gobierno, otras solo de los movimientos sociales y políticos. Todas muy importantes, pero no suficientes. Desafío que este congreso de la CUT deberá evaluar y proponer un plan de acción que la revitalice y la potencie en coordinación con el Comando Nacional Unitario y la Coordinadora por el Cambio y otras organizaciones sociales y políticas, para que tengan impactos que logren modificar favorablemente la aprobación y ejecución de las políticas y reformas del cambio.

Para el desarrollo de estos congresos de la CUT, el VII de la Mujer Trabajadora, el IV de la Juventud Trabajadora y el VIII Ordinario, ha habido una muy buena discusión de las tesis, que las diversas organizaciones sindicales, políticas y poblacionales de mujeres y jóvenes presentaron y por la publicación oportuna, permitieron realizar 26 seminarios departamentales, con el apoyo de las respectivas subdirectivas.

Adicionalmente , todo el comité ejecutivo nacional de la CUT, dispuso su mejor y concentrado esfuerzo, en compañía de los trabajadores y trabajadoras de la Central, para la disposición de los recursos suficientes para obtener la mejor logística que contribuye a la realización de los mencionados congresos, resaltamos el apoyo de FECODE, USO, CAFAM y otras Cajas de compensación y Cooperativas, así como OIT y sindicatos internacionales. Así mismo se ha contribuido desde todos los sindicatos y subdirectivas para lograr la elección y presencia de los delegados en los diferentes congresos, todo en el propósito de que estos contribuyan al fortalecimiento de la CUT y del sindicalismo, para avanzar en los derechos e intereses de la clase trabajadora, así como también nuestras responsabilidades políticas para el mejor estar de la nación y el pueblo.

Bogotá, 26 de febrero de 2024.

 

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