Básicamente se trata del sector financiero, el cual planteó un proyecto que albergaría oficinas privadas y públicas, así como residenciales por un costo de más de 6 mil millones de dólares. El proyecto incorpora los terrenos de más de 20 entidades públicas que se encuentran en el Centro Administrativo Nacional (CAN) y que bordea la Avenida 26 o El Dorado. El terreno incluye territorios de la Clínica del Niño, la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), un hogar infantil del Bienestar Familiar, cinco ministerios y dos superintendencias, entre otros.
Detrás del aval estarían el gobierno Santos y la administración Petro, que modificarían de manera inconsulta el uso de los suelos de todas estas entidades con el propósito de facilitar el negocio.
“La Asociación Distrital de Educadores (ADE) rechazó la pretensión expresada en múltiples ocasiones por el gerente de la empresa de Renovación Urbana, Andrés Escobar, de someter a la Universidad Nacional al más burdo de chantaje, con ofrecimientos de entregar en fideicomiso su terreno para utilizar en provecho de grandes especuladores del suelo a cambio de recursos. La financiación de la universidad pública es un compromiso ineludible del Estado. Ante el déficit acumulado de más de 11 billones de pesos para la educación superior, la ADE exige financiación adecuada del Estado”, manifestó María Antonieta Cano, Secretaria de Asuntos Integremiales y denunciante de este grave suceso.
El gobierno de Santos aprovecha la asfixia financiera a la que tiene sometida a la educación superior para entregar los campus a cambio de recursos económicos. Cano agrega: “Desde la ADE respaldamos a la comunidad universitaria, a los vecinos amenazados por el PRU, a los defensores del ambiente y a los sectores democráticos que entienden como propia la lucha de la universidad pública”.
