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Intervención de Francisco Maltes Tello, en el lanzamiento de la campaña pedagógica “Negociación en el sector público”

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{image}http://imagen.eldia.co/cache/cut/reunion-centrales-y-mintrabajo-septiembre-de-2012/reunionestatalymintrabajo_sept2012_595.jpg{/image}Bogotá, 20 de septiembre de 2012

Cordial saludo.

Colombia hace parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y por lo tanto, está obligada de buena fe, a cumplir los convenios y recomendaciones de ésta, así lo contempla la actual Constitución Política.

Con la reforma administrativa del año 1968, los trabajadores estatales fueron reclasificados de trabajadores oficiales con plenos derechos, a empleados públicas como una política de gobierno de negar la negociación colectiva y la estabilidad laboral, dado que el Código Sustantivo del Trabajo vigente, limitaba y limita los derechos de los empleados públicos, es decir, se considera a los empleados públicos minusválidos en materia de derechos.

Simultáneamente se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, FMI, a limitar el gasto público y mantener prudencia en la expedición de las escalas salariales, es decir, a definir los salarios unilateralmente y por debajo del I.P.C.

Adicionalmente, Colombia permaneció por décadas bajo Estado de Sitio, lo cual limitaba los derechos civiles y políticos entre ellos, la movilización social y la carrera administrativa.

Peso a esto, el movimiento sindical estatal se movilizó permanentemente, logrando acuerdos laborales en varios sectores.

En 1978 la OIT, aprueba el Convenio 151, y en 1981 el 154, que reconocen a nivel internacional a los empleados públicos como pares del gobierno. Define  la negociación entre las partes para la solución del conflicto laboral, es decir, las condiciones laborales no pueden ser IMPUESTAS unilateralmente por el patrón-Estado, deben ser concertadas, aunque este conserve el poder de expedir los Actos Administrativos.

En febrero de 1983 Fenaltrase organiza un Paro Estatal y se toma el Ministerio del Trabajo, encabezado por Angelino Garzón, Aída Avella, Ricardo Díaz, entre otros dirigentes, allí se firmó un acuerdo laboral y entre los puntos estaban la obligación del gobierno nacional de incorporar los convenios 151 y 154 a la legislación nacional y a expedir un decreto que garantizara la aplicación de la carrera administrativa.

Con 20 años de retraso Colombia incorporó estos convenios en la legislación nacional a través de las leyes 411/97 y 524/99, siendo depositados en la OIT, estando de Ministro de Trabajo el hoy Vicepresidente Angelino Garzón, desde ese momento venimos exigiendo su reglamentación, para que operen en forma real. En ese momento, concertamos un texto para reglamentar el procedimiento de la negociación colectiva, norma que no fue firmada por el Presidente Pastrana.

En el 2009 se expidió el Decreto 535 que burlaba el derecho de negociación en el sector público, lo cual generó varias quejas del movimiento sindical a la OIT. Hoy, después del Paro Estatal del 7 de octubre de 2011 y 30 de mayo del presente año, el gobierno nacional expidió unilateralmente el Decreto 1092.

Esta norma no satisface plenamente al movimiento sindical estatal, pero sin duda es un avance frente al 535 y refleja la correlación de fuerzas en esta coyuntura política. Fue expedida unilateralmente y desconociendo los acuerdos llevados a cabo en la Mesa del Sector Público, donde hacen presencia las centrales sindicales y las federaciones de estatales.

Los Convenios de la OIT,  particularmente el 151 y 154 y sus leyes en Colombia 151 y 154 respectivamente, no limitan los temas de discusión y negociación entre las partes gobierno-trabajadores, por tal razón, consideramos que en el primer mes del próximo año, debemos presentar un Pliego Único de Peticiones de los estatales al Presidente Santos, que contenga como mínimo los siguientes puntos:

·        Incremento salarial superior al I.P.C.

·        Unificación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

·        Creación de la prima técnica

·        Ampliación de las plantas de personal, eliminando la tercerización laboral.

·        Expedir normas que permitan la vigilancia en la aplicación de la carrera administrativa por parte de los sindicatos estatales.

·        Presentar al Congreso de la República, para su ratificación el Convenio 135

El patrón-Estado, es el empleador más grande, con mayor poder económico, político e ideológico que existe en Colombia, pero hoy los estatales vamos unidos a la lucha, con el Pliego Nacional Estatal y unidos venceremos.

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