Esta fue una de las conclusiones surgidas a partir de la audiencia petrolera que se realizó los pasados viernes, sábado y domingo en Puerto Gaitán (Meta). Allí se desarrolló un juicio a varias empresas petroleras que vienen despojando a los colombianos de sus recursos naturales, y particularmente Pacific Rubiales.
Participaron organizaciones de víctimas, comunidades indígenas, campesinos, trabajadores y sindicatos; contó con la presencia de organizaciones sociales y sindicales de Canadá y observadores de diferentes Estados del mundo.
Pero quienes tuvieron preponderancia fueron las comunidades afectadas por la operación petrolera. De acuerdo con sus testimonios, “las afectaciones son muy graves. Las empresas desconocen los derechos de las poblaciones; las están sometiendo a desplazamientos forzados y a acciones que les quitan sus territorios para luego apoderarse de las zonas y explotar gas, petrolero y también compañías forestales”, afirmó Francisco Ramírez Cuéllar, presidente de Funtraenergética.
Las conclusiones recogidas se han documentado como parte de la preparación a la audiencia final que tendrá lugar en Bogotá, los días 17 y 18 de agosto. Los casos servirán como argumentos a los jueces nacionales e internacionales, quienes decidirán cuál es la responsabilidad penal, civil o administrativa para Pacific Rubiales y las demás compañías.
Ramírez Cuéllar agrega: “Hay que seguir con el siguiente paso y es formalizar ante los tribunales nacionales e internacionales los delitos cometidos por estas multinacionales en la región”.
