Bucaramanga, 8 de junio de 2020
INGRID BALLESTEROS VÁSQUEZ
CUT SUBDIRECTIVA SANTANDER
Después de casi cincuenta años de la aplicación de una medida, que se dijo era de emergencia y que terminó volviéndose permanente, como fue la doble jornada impuesta por Carlos Lleras Restrepo, para ampliar la cobertura sin tener que aumentar los recursos, Santos y su ministra Parody, iniciaron el restablecimiento de la Jornada Única; primeros con colegios pilotos hasta alcanzar el 12% y una proyección en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque del 24% de establecimientos educativos, todo sin haber incrementado en cinco décadas el presupuesto para invertir en infraestructura escolar. Jornada Única que se impuso con promesas falsas de ampliar el número de aulas, baterías sanitarias, laboratorios, restaurantes escolares, escenarios deportivos, siendo éstas unas de las principales falencias a corregir para que se adoptara debidamente y que se tradujo al final en un engaño con la imposición de la jornada única sin condiciones, no sólo por la falta de infraestructura, ya fuera en construcciones nuevas o en mantenimiento, sino de alimentación y transporte escolar, nombramiento de maestros y directivos y carencias en la conectividad, entre otros. Imposición que contó con el agravante de la violación, por parte del gobierno, del artículo 85 de la Ley General de Educación que estableció la prestación del servicio público educativo en las instituciones educativas en una sola jornada diurna y que además, desconoció a los gobiernos escolares, quienes en últimas son los que deben decidir, si la institución educativa cumple efectivamente con las condiciones para su implementación y que llevó a FECODE a levantar la consigna de Jornada Única sí, pero no así.
Sin haber remediado las falencias en la implementación de la jornada única, sin haber solucionado las innumerables necesidades en las cerca de 12800 instituciones educativas del país, que van desde escuelas cayéndose, pasando por la escasez de agua y refrigerios en mal estado, hasta la falta de pupitres y computadores; a sabiendas de los efectos nefastos que en la calidad de la educación ha dejado la política de racionalización económica, Duque anuncia con bombos y platillos, como estrategia para educar en medio de la pandemia, la virtualidad. Vuelve y juega el gobierno, ahora con la implementación de una tal virtualidad sin condiciones, que le cae como anillo al dedo en el propósito de limitar la libertad de cátedra y establece una feria de paquetes de contenidos digitales con los que invaden las plataformas y con los que pretenden reemplazar los currículos elaborados por los maestros en ejercicio de la autonomía escolar. En la práctica Duque notifica a los colombianos de la medida y descarga en los rectores y maestros la toma de las decisiones para ejecutarla; de hecho, son los maestros quienes están haciendo lo imposible para que el derecho a la educación se cumpla Pero además, Duque, en una maniobra calculada evade su responsabilidad y la del MEN y deja que sea el magisterio quién afronte sin condiciones el trabajo en casa, se convierta en la víctima del desmedido control y vigilancia de las secretarías de educación, y que de paso responda por las quejas de los padres de familia, que tampoco alcanzan a entender, cómo de la noche a la mañana, en virtud de un decreto presidencial, sus hogares se transformaron en aulas y ellos en maestros sin el tiempo, los conocimientos ni las condiciones de conectividad.
A todas éstas, sin mucho esfuerzo, en medio de la cuarentena los maestros confirmamos, el por qué el sistema educativo en Colombia dista mucho de ser, por ejemplo, como el de Finlandia, país que nos comparan constantemente. Hoy es un secreto a voces, que la pandemia ha desnudado aún más la mediocridad de nuestro sistema educativo; ya no quedan dudas. La educación finlandesa, pública, gratuita, obligatoria, de calidad, democrática, que respeta la autonomía escolar, con profesores reconocidos, con garantías laborales, y que cuenta con excelente formación, de lejos se parece al modelo educativo neoliberal colombiano que sufre una descarada desfinanciación, que suma en veinte años, la no despreciable cantidad de trescientos billones de pesos en recortes; modelo lleno de carencias, de desigualdad, de hacinamiento, que padece la falta de cobertura en todos los niveles y que además impone desde el MEN currículos que por un lado violan la autonomía del docente y por otro, priorizan habilidades en lugar de un conocimiento científico que contribuya al desarrollo del país. Un modelo de atraso que no valora la ciencia ni fortalece la investigación, como ha quedado a la vista de todos; mientras nuestros profesionales con bastante esfuerzo construyen respiradores artesanales, en los países desarrollados están produciendo medicamentos y la vacuna contra el coronavirus. Política educativa de total dependencia extranjera, auspiciada desde la OCDE y aplicada en Colombia con el aval del gobierno para profundizar el atraso del aparato productivo, la desindustrialización, el abandono del campo, la importación, la informalidad, el empleo precario y de ñapa nos enciman en los currículos, la famosa economía naranja que nos venden bajo la retórica de que todos llevamos un emprendedor dentro, que sólo debemos explotarlo para salir de la pobreza.
Ante las medidas establecidas por la OMS para la reapertura de escuelas y colegios, que contemplan entre otras, un distanciamiento social mínimo de un metro, horarios especiales para el lavado de manos, el uso obligatorio de tapabocas, aumentar la distancia entre pupitres en los salones de clase, la desinfección del entorno y elementos escolares, las clases al aire libre, el escalonamiento de los recreos y el aumento del número de maestros; ante la orden de Duque a los rectores reabrir los centros educativos, sin contemplar el nivel de organización que tiene cada uno para mantener la prevención y la propagación del Coronavirus; sin contar con reportes epidemiológicos de las autoridades de salud para cada sede educativa, sin la conformación de un equipo consultor con profesionales que acompañe al rector y al gobierno escolar en la toma de decisiones sobre los verdaderos riesgos que esa decisión conlleva, no nos queda sino decir que una vez más Duque está aplicando medidas sin preparación alguna, sin condiciones higiénicas, ni de salubridad, ni de bioseguridad en las Instituciones Educativas, ni en el entorno. Nuestras escuelas y colegios nunca estuvieron preparados para la implementación de la Jornada Única, ni para la virtualidad, ni menos están preparados para la llevar a cabo el Modelo de Alternancia.
La apropiación de recursos suficientes por parte del Gobierno Nacional para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la conectividad gratuita a internet, la disponibilidad de los dispositivos tecnológicos de uso pedagógico que nunca reemplazarán la escuela presencial, pero que son necesarios; la revisión de las relaciones técnicas para disminuir el número de alumnos, el hacinamiento; la disposición de los planteles que permitan mantener el distanciamiento en los términos de la OMS para toda la comunidad educativa; la mensajería que reemplace el desplazamientos para evitar la propagación exponencial del virus, la aplicación de directrices de la OIT relativas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo; proporcionar los elementos de protección apropiados, asepsia y salubridad en los entornos escolares, aspectos que nos llevan a exigir la urgente materialización de la Reforma Constitucional al SGP, con la que el gobierno se comprometió y que hoy para enfrentar la emergencia educativa por la pandemia, es imperiosa.
Regresar a las aulas requiere que haya condiciones tales que no se ponga en riesgo la vida de lo profesores, el personal administrativo, los padres de familia y la comunidad en general y esas condiciones no se dan en Colombia, por lo cual se debe mantener el confinamiento.
