{image}http://eldia.co/images/stories/120911/004.jpg{/image}El pasado martes 6 de septiembre, la Juez Tercero Penal del Circuito de la ciudad de Bucaramanga, ordenó a Ecopetrol reintegrar 2 trabajadoras embarazadas, las cuales trabajaban en los servicios de cafetería para el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) a través del consorcio C.C.A, quienes al terminar su contrato con la petrolera no quisieron renovar la relación contractual con las mujeres mencionadas.
Terminado el contrato con C.C.A, los servicios de cafetería, rocería y mantenimiento menor en el ICP, estos fueron entregados al consorcio C.F.C quien no tomó en cuenta a las 2 trabajadoras embarazadas porque no tenían ninguna responsabilidad contractual con ellas, y tampoco podían asumir el contrato de personal en condiciones de gestación.
Cesar Eduardo Loza, Secretario de Relaciones Externas y Asuntos Internacionales de la Unión Sindical Obrera (USO), manifestó que la actitud permisiva de Ecopetrol fue la responsable directa para no renovar el contrato a 2 trabajadoras sindicalizadas y embarazadas, donde argumentaba no poder inmiscuirse en las decisiones contractuales de las empresas contratistas.
La USO hizo las respectivas denuncias cuando las trabajadoras no fueron contratadas nuevamente y se reunión con los funcionarios respectivos de Ecopetrol donde se expuso la situación de estabilidad reforzada de sus asociadas, y ante la negativa de la petrolera interpuso una acción de tutela reclamando el derecho al trabajo.
En Ecopetrol se manejan 2 lenguajes por parte de sus funcionarios, uno hacia fuera donde se muestra el respeto hacia los derechos de los trabajadores y el medio ambiente, y uno interno donde ocurren situaciones lamentables como la no renovación de los contratos a mujeres con estabilidad reforzada o los despidos injustificados en Cartagena, aseveró Cesar Eduardo Loza.
La USO seguirá defendiendo los derechos laborales y constitucionales no solo de sus asociados sino de todos los trabajadores petroleros del país, tal como ocurre actualmente en Puerto Gaitán, Barranca de Upia, Propilco y Reficar, y le exige a Ecopetrol y sus empresas contratistas respetar las leyes colombianas, especialmente el derecho de asociación y la libertad sindical.
