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La central unitaria de trabajadores apoya la restitución de tierras en Colombia y reclama apoyo para el campo.

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 Con ocasión de la presentación, por parte del Gobierno Nacional del Proyecto de Ley (ya en trámite) por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”, la Central Unitaria de trabajadores reafirma el su apoyo a la restitución de las tierras como lo señala el Auto 008 de la Corte  Constitucional.


Sentencia que es la base jurídica para que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, haya presentado su propio proyecto de ley de “Restitución de Tierras” y que es apenas una respuesta correspondiente con el clamor permanente de las distintas organizaciones conformadas por los ciudadanos que han perdido sus tierras como resultante de la violencia de  paramilitares, narcotraficantes, el despojo de terratenientes, las guerrillas  y la ausencia del Estado.

En un Estado de Derecho, en una sociedad medianamente moderna, nunca ha debido ocurrir semejante atropello y lo menos que puede hacer quien este al frente de ese Estado es restituirle las tierras a sus legítimos dueños


La CUT respalda a las asociaciones campesinas, indígenas y negritudes, que gestionan ante los tribunales un procedimiento judicial especial para la restitución de tierras. La Corte Suprema de Justicia reconoció la competencia de los magistrados de Control de Garantías de Justicia y Paz, para que anulen desde el inicio del proceso, sin que haya que esperar a la sentencia, los títulos y registros fraudulentos para revertir el despojo en los casos de ventas forzadas y falsas, que han contribuido a concentrar tierra que posteriormente usan para megaproyectos de palma de aceite. 

Consideramos que el debate sobre la Ley de Restitución de Tierras y la participación activa de organizaciones sociales, con carácter de veeduría ciudadana, es una buena oportunidad para resarcir el despojo que por muchos años han sufrido cientos de miles de colombianos de las áreas rurales del país, lo cual exige el compromiso del Gobierno con el país, para que en verdad se produzca una solución contra las victimas de las tantas formas de violencia que azotan a Colombia. El Gobierno, debe garantizar la restitución de la totalidad de las tierras aun en manos del para-militarismo desmovilizado, los grupos emergentes y sus testaferros. 

La CUT hace un llamado a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, para que la Ley de Tierras, no se convierta en un instrumento que a nombre de solucionar el desplazamiento y el despojo violento de tierras, sea utilizada por el Gobierno Nacional para encubrir sus falencias en asuntos fundamentales de lo que en verdad debe ser una política agraria nacionalista. En otras palabras, la Ley de Tierras se puede constituir en un sofisma de distracción, si prospera la tesis del Gobierno, que según sus estudios, un 80% de los desplazados no está interesado en regresar a trabajar sus tierras y por lo mismo, el proyecto de ley ofrece alternativas, bien sea de alquilarlas o de venderlas, lo cual, es asunto apetecido por las multinacionales y terratenientes nacionales. Aparecería un nuevo filón para el capital financiero, hacer de las tierras recuperadas grandes extensiones para ofrecer a la producción empresarial, ya el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, oficializó la disposición del gobierno de entregarle tierras en usufructo a la China, lo cual se convierte en el primer mensaje hacia la destrucción final de las Unidades Agrícolas Familiares UAF que el Presidente Uribe no logró liquidar y que las multinacionales de la agricultura y los neoliberales en el Gobierno, siguen viendo como una piedra en el zapato. 

La posición del Mi
nistro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, es coincidente con la del Exministro Carrasquilla, que exhorta al Gobierno a titular millones de predios rurales, para no detener los megaproyectos de desarrollo agroindustrial, en claro acatamiento al llamado del Banco Mundial para que “se promueva la movilidad de titulación de tierras”, “para que el desarrollo agroindustrial quede en usuarios eficientes” exactamente lo que dijo el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en respuesta al debate por las tierras de Carimagua asignadas a desplazados, cuando afirmó que estos no estaban formados, ni tenían experiencia administrativa o capacidad de inversión, por lo cual justificaba entregarlas para su explotación a ricos del agro a cambio de “empleos rurales”.
 

El proyecto de ley en mención no es una reforma agraria ni democratiza la tenencia de la tierra. El gobierno habla de devolverle a sus verdaderos propietarios, dos millones de hectáreas en ocho años, asunto que no modifica  al prevalencia de latifundios improductivos y de ganadería extensiva que con la importación de excedentes agrícolas gringos y europeos, son la causa del atraso en el campo y de la falta de soberanía alimentaria del país. El 65% de la tierra apta para la agricultura sigue en manos de propietarios de más de 500 hectáreas y los minifundistas tienen cada vez parcelas más pequeñas. Nada se resuelve de fondo, si no se cambia la política agraria oficial empeorada por el  neoliberalismo de los últimos veinte años. Se requiere protección de la producción nacional, crédito barato y de fácil acceso, precios de sustentación, investigación tecnología y derechos laborales y seguridad social para los trabajadores agrícolas y pecuarios.

El tema de restitución de tierras, debe salir del manejo exclusivo del Gobierno y la bancada mayoritaria del Congreso. En criterio de la CUT deben darse apertura a la discusión con las organizaciones sociales directamente afectadas y comprometidas, la academia y las distintas organizaciones de productores y otros interesados, de tal manera que pueda debatirse la política agraria y hacerle saber al gobierno que no basta con la restitución de unos pocos predios. Es inadmisible que mientras se tramita la ley, a espaldas de los colombianos se pretenda entregar la altillanura en fracciones de 50 mil o más hectáreas a inversionistas extranjeros para la gran producción empresarial. Mientras no exista una política de Estado que obligue a los distintos Gobierno a proteger y apoyar a los pequeños, medianos propietarios agrícolas y pecuarios, que hacen ingentes esfuerzos para mantener la producción agrícola campesina que va principalmente al consumo interno, será imposible subsanar la injusticia de que han sido objeto históricamente los campesinos colombianos. Los colombianos debemos rodearlos en sus reclamos, que sus tierras sean devueltas sin dilaciones y que reciban apoyos suficientes para continuar con la resistencia ejemplar de proteger retazos de Soberanía Alimentaria como ocurre con muchas comunidades indígenas y campesinas.

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