La CUT respalda las inmensas movilizaciones de rechazo a la reforma de la ley 100 que se tramita en el Congreso de la República. Y, junto con las asociaciones médicas, los organismos sindicales y estudiantiles y núcleos ciudadanos -agrupados en el movimiento por la Salud digna-, puntualiza que el destino del intento reformador, prohijado por los mercaderes de la vida y muerte de los colombianos, en contubernio con Juan M. Santos, debe ser su retiro o hundimiento.
La retórica embaucadora de los cortesanos del gobierno y del ministro del ramo, Alejandro Gaviria, no logra más que ofender el discernimiento de los afectados, sin poder mermar las protestas desencadenadas, en cuya progresión estarán presentes las organizaciones de nuestra Central el miércoles 6 de noviembre en todos los lugares del país. La ley 100 se expone a modificaciones mucho más regresivas respecto del atroz régimen de salud implantado por ella. Si en el furor del ciclo neoliberal, los comerciantes de la salud fueron satisfechos con la privatización y la reducción del papel del Estado, ahora exigen de éste la creación de una entidad centralizada para poner a su servicio los $40 billones; aumentados, de ser posible.
Los cambios de denominación de las EPS a Gestoras, del POS a Mi Plan y del Fosyga a Salud Mía, no logran enmascarar el negocio privado de los potentados, algunos de los cuales, con lo que se alcen, podrán ingresar -si ya no lo están- al círculo de los 625 mega ricos que, según Portafolio, detentan US$ 80.OOO millones. La reducción del plan de beneficios calculado en Mi Plan constituye una amenaza mortal para los desposeídos, mientras a los aseguradores privados se les facilita la oferta de programas completos para los sectores más adinerados, o para los que quieran salvarse y de algún modo puedan hacerlo. El negocio de las nuevas EPS remonta si gasta menos en la atención de los usuarios con la utilización por parte de ellas del fondo público creado en la reforma. Exoneradas, por obra y gracia de la modificación, de las deudas con los hospitales y clínicas, que ascienden a no menos de $12 billones (a los de la Capital de la República les adeudan $350.000 millones), todo les quedará a pedir de boca: es decir, la intermediación reinará al lado de su infaltable acompañante: la corrupción. La protesta y las reclamaciones no podrán contar, siquiera, con la inane tutela -solución para contados casos individuales- ideada para remplazar el deber del Estado en el cumplimiento de sus elementales obligaciones.
A la profesión médica, tildada por algunos congresistas de “mafia de bata blanca“, se le promete una mayor reducción de sus ingresos, dizque para lograr la fementida igualdad, sin conocerse si ésta es respecto de los mismos parlamentarios, de los mega ricos o del 75.8% de los asalariados que devengan menos de dos salarios mínimos según Mintrabajo (váyase a saber cuántos congresistas con remuneraciones, merecidas o no de acuerdo con su honrado papel en las corporaciones, están a sueldo de los interesados en adecuar las leyes en favor de la plutocracia opresora, o hacen parte de ella). Como es histórico el menosprecio en los gobiernos hacia la formación científica, y debido a que la atención se dedicará a los menesterosos, la educación médica se impartirá en los propios hospitales; un desatino que nunca los colombianos, aun sabiendo quienes nos rigen, llegamos a imaginar. A los trabajadores de la salud se les incrementan sus afugias: sus derechos de físico código sustantivo del trabajo y de normativa impuesta por las Cortes, se les escamotearán con saña, al igual que al resto de asalariados, y vivirán en nóminas paralelas, contratos basura y salarios decrecientes en poder adquisitivo. Sobran razones para que la CUT se ponga al servicio de las protestas y convoque a toda la población, en pos de derrotar la reforma de la salud y en defensa de la vida de los colombianos.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
