Bogotá, 12 de diciembre de 2018
El Proyecto de Ley 152 argumenta que “Un país totalmente conectado y una industria TIC dinámica se reflejarán (entre otros) en una disminución de la desigualdad y un incremento del empleo” Si bien la conectividad abre la puerta a nuevas dinámicas, como herramienta por sí sola no garantiza la mejora en las condiciones de vida, ni un incremento del empleo. La conectividad ha transformado las reglas de juego sobre las condiciones de trabajo que hasta el momento, se han direccionado hacia la creación de trabajo informal, precario y sin garantías como lo son el caso de plataformas como UBER o RAPPI, trabajadores cuyos derechos no han sido reconocidos por parte del Estado.
Nos preguntamos, ¿Qué va a pasar con las empresas y los trabajadores que deben competir con las OTT? ¿Cuáles son los estudios que se contemplan en relación al estado actual y futuro del trabajo en la industria de los medios? ¿Cuáles han sido los mecanismos de participación de los trabajadores en la construcción de esta propuesta? Reconocemos la importancia de la creación de una política de convergencia que responda al contexto contemporáneo y que garantice el acceso a la conectividad. Pero no estamos de acuerdo con un proyecto tramitado de manera antidemocrática, que no contempla la participación amplia de la sociedad, y que no garantiza condiciones para el desarrollo de la producción nacional. Tal y como está concebido concentra el poder regulador en el ejecutivo, concede a los privados un bien público como lo es el espectro radioeléctrico, a 20 años, extendibles a 20 más. No grava a las OTT o plataformas digitales de contenidos y si mantiene la carga sobre la televisión nacional. Adicionalmente, una ley de convergencia responsable y coherente con los principios de equidad debe, entre otros, incluir un marco de regulación del trabajo en la era digital y de los grandes conglomerados, que garantice la producción nacional, la creación y acceso al conocimiento, así como condiciones de trabajo decente y vida digna.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, planteamos: Primero, que se archive el proyecto de ley 152 porque no ha sido socializado ampliamente con la sociedad colombiana y porque afecta gravemente la democracia y la soberanía del país. Segundo, que realicen las audiencias regionales propuestas en las comisiones sextas de Senado y Cámara en las que participen los pueblos afro e indígenas, organizaciones civiles, gremios y sindicatos de la industria audiovisual y las telecomunicaciones.
De convertirse en Ley esta iniciativa, el país habrá entregado las tres herramientas más importantes para el desarrollo de las políticas públicas en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: la soberanía, los recursos y la promoción de la cultura. En primer lugar, habrá entregado prácticamente de manera perenne a intereses particulares el espectro radioeléctrico; en segundo lugar, reducirá ostensiblemente los recursos que deben pagar las empresas que usufructúan con fines comerciales el espectro y las redes de telecomunicaciones con las que cuenta el país, recursos imprescindibles para el desarrollo de las políticas públicas en el sector. Finalmente, en tercer lugar, el país habrá perdido la oportunidad de defender y promover cultura y la producción de contenidos nacionales por cuenta de una ley que pretende asfixiar los medios de comunicación públicos y que reemplazará a las productoras de contenidos nacionales por extranjeras, renunciando de esta manera a la promoción de la cultura nacional mediante la política pública de telecomunicaciones.
JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCÍA EDGAR MOJICA VANEGAS
Presidente Secretario General