La reforma “de fondo” al sistema de salud, anunciada por el gobierno Santos y en particular por el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, como respuesta a la profunda crisis del sector, a la fallida emergencia social decretada por Uribe y a los pronunciamientos de la Corte constitucional, no aparece por ningún lado. Al contrario, las iniciativas del gobierno y su bancada, no van más allá de un retoque a las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007 dejando intactos los problemas centrales y perpetuando indefinidamente la crisis.
El primer borrador de Proyecto de Ley Estatutaria, colocado tardíamente a consideración de las mesas de trabajo, recibió tantas críticas desde diferentes sectores, que obligaron su retiro 10 días después. No era para menos. Se trataba de un proyecto que revivía la emergencia social, que no reconocía el carácter fundamental del derecho a la salud, que regulaba el servicio no el derecho y que desconocía los pronunciamientos de la Corte constitucional.
Ahora aparece un segundo borrador que en nada difiere del primero. Que predica un acceso sin discriminación pero conserva las barreras de acceso y mantiene hasta 2015 la diferenciación entre los planes de los regímenes contributivo y subsidiado; que lejos de garantizar o incorporar los servicios y procedimientos No-Pos, los elimina. Así, propone, en algunos aspectos, una normatividad peor que la establecida en las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1393 de 2010.
El Estado es el gran ausente del proyecto tanto en su acepción general como específicamente en relación con la Nación y las Entidades Territoriales, lo cual es no solo inconcebible sino también violatorio del artículo 49 de la Constitución Política que define la atención de la salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos “a cargo del Estado”. La responsabilidad estatal en la financiación, la administración y la prestación de los servicios, desaparece totalmente en aras de la privatización.
En correspondencia con lo anterior, la financiación del sistema descansa en la solidaridad “entre personas, generaciones, regiones y comunidades” y en los nuevos recursos que puedan captarse por la revisión de los “pagos según capacidad”; aunque retiró las sanciones, por “el menor autocuidado”, incorpora la argucia de “la finitud de los recursos” para condicionar el derecho. Así, la sostenibilidad financiera, se instaura como dogma que prevalece sobre el derecho: “No habrá lugar a recobros”; “evitando que prestaciones individuales pongan en riesgo los recursos necesarios para la atención del resto de la población”; “las prestaciones que reconoce el sistema no podrán exceder los recursos destinados por la ley para tal fin”.
La insistente búsqueda de recursos en los pacientes contrasta con la indiferencia y connivencia del proyecto con las prácticas de la intermediación que tanto en el caso de los medicamentos como en el lucro de las Empresas promotoras de Salud, han jugado un papel determinante en la crisis financiera del sistema. Las EPS, lejos de “asegurar el riesgo financiero” lo que han hecho es colocar en grave riesgo a los hospitales y así lo reconoce el Ministerio Público al denunciar que “adeudan a la red pública de hospitales 3,5 billones de pesos” (El Tiempo. Septiembre 28 de 2010). Con el proyecto continuará el negocio del aseguramiento privado.
Lejos de fortalecer la red pública hospitalaria, el proyecto asigna a las Empresas Sociales del Estado el papel remedial de atender los servicios y procedimientos que no están en el Pos del régimen subsidiado pero están en el contributivo, esto es, los asociados a conflictividad con las EPS y con los engorrosos trámites.
En su empeño por eliminar el derecho a la prestación de los servicios No-Pos y por restringir la actuación del juez de tutela, el proyecto propone la absurda idea de incorporar una instancia nacional que defina las reclamaciones de los pacientes. Así, la Superintendencia Nacional de Salud se involucra como actor y se satura, abandonando las funciones de inspección y vigilancia. El sentido común y la experiencia del país indican, sin duda alguna, que cuando llegue la respuesta de la superintendencia, el paciente estará peor, si es que aún vive.
Aunque el proyecto dice respetar los regímenes especiales, la práctica mostró que fueron socavados por leyes ordinarias y ahora con mayor razón por tratarse de principios revestidos del carácter estatutario. En este punto, como en general en el enfoque de la seguridad social, no ha sido la progresividad para avanzar en el derecho sino la nivelación por lo bajo el principio rector del modelo y del gobierno.
Finalmente, es de lamentar que un proyecto sobre la salud no asuma la calidad en su relación con el bienestar y la plenitud del individuo, sino con la aplicación oportuna de los “protocolos, guías y procedimientos”. Es lamentable que un proyecto con pretensiones de Ley Estatutaria no se refiera a la salud pública ni al saneamiento ambiental, que persista en un enfoque estrictamente curativo y que apenas mencione la prevención y la promoción.
Un Proyecto de Ley Estatutaria que no reconoce la salud como derecho fundamental, que mantiene la discriminación, que sustrae al Estado de sus obligaciones, que insiste en la intermediación y el lucro, que abandona la red pública hospitalaria, no aporta a la discusión y menos a la solución de los problemas que pretende resolver.
Por eso la Central Unitaria de Trabajadores exige el retiro del Proyecto de Ley Estatutaria del gobierno y que la discusión gire alrededor del Proyecto de Acto Legislativo Número 018 de 2010, presentado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, que asume la salud como derecho fundamental y rechaza la intermediación y el lucro, que son los principales responsables de la crisis y de la negación del derecho.
Original Fdo. Original Fdo.
TARSICIO MORA GODOY DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente Secretario General
Original Fdo.
WITNEY CHÁVEZ SÁNCHEZ
Director Departamento Seguridad Social
Bogotá, octubre 25 de 2010
Aprobado en primer debate el proyecto de ley del Reten Social
Con la ponencia positiva de los Senadores Edisson Delgado y Dilian Francisca Toro, se discutió el día martes 19 de los corrientes en la Comisión 7 del Senado de la Republica el Proyecto de Ley 054/10 conocido como Reten Social.
Este proyecto ampara cerca de 80.000 Empleados Públicos que se encuentran en provisionalidad, por la omisión del Estado en la realización de los concursos, y que ostenten una de las siguientes condiciones:
Hombres o mujeres cabeza de familia.
Quienes al momento de aprobar esta Ley le faltaren menos de 3 años para acceder a la pensión.
Quienes tengan enfermedades terminales.
Quienes laboren en zonas de difícil acceso u orden Publico.
Estas condiciones deberán ser plenamente comprobadas, ante la unidad de personal de cada entidad.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas que hacen presencia en esta Comisión, faltándole tres debates para que convierta en ley de la República.
Invitamos a todos los empleados estatales en provisionalidad a continuar en las regiones dialogando con los congresi
stas para que voten favorablemente este proyecto y el proyecto de Acto Legislativo 015 de Senado.
Destacamos la presencia de los dirigentes y activistas sindicales de Sintrenal, Sindistritales y el Comité de Provisionales del SENA.
Atentamente,
FRANCISCO MALTES TELLO
Director Departamento de Comunicaciones
REGLA FISCAL UN RECORTE AL GASTO SOCIAL
El ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, anunció a finales del mismo que después de reducir los niveles de déficit del país, se crearía un fondo en el exterior para ahorrar los recursos provenientes de la bonanza minera y petrolera que permita que los excedentes se utilicen para pagar la deuda. Para ello propondrá ante el próximo Congreso la creación de una regla fiscal.
Esta regla fiscal que hoy propone el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante un Acto Legislativo, no es otra cosa que elevar a norma constitucional una fórmula que pone límite al gasto social del Estado. Se trata de recortar los gastos públicos en la seguridad social (salud y pensiones), las transferencias a los gobiernos locales y el reconocimiento de derechos fundamentales de la población para favorecer los relacionados con el pago de la deuda. Se trata de debilitar la prioridad del gasto social, establecida en la Constitución Nacional. La reparación de las víctimas de la violencia, la restitución de tierras, los fallos de la justicia favoreciendo derechos fundamentales como salud, pensiones, indemnizaciones del Estado estarán limitados en su cumplimiento por el equilibrio fiscal, elevado a norma constitucional. Es recortar gasto social para pagar guerra y deuda externa.
El cumplimiento de las necesidades insatisfechas quedaría condicionado a criterios fiscales y monetarios. La ampliación del gasto social en términos del producto nacional se verá frenado por los topes numéricos, el privilegio del pago de deuda y las exenciones tributarias que se hacen a las multinacionales, exenciones que en 2009 fueron de nueve billones de pesos. Es una medida complementaria de la malsana política de estimular la inversión extranjera en petróleo y gran minería mientras se aniquila la actividad productiva nacional; extraer petróleo, carbón y minerales e intercambiarlos por la importación de alimentos y mercancías a costa de nuestra industria y agricultura, del empleo y el gasto social.
La denominada Regla Fiscal es complementaria con la reforma constitucional de las Regalías, los decretos de la emergencia social de Uribe, hoy vueltos proyecto de ley por Santos, la ley del primer empleo y formalización del trabajo y contrapuesta totalmente al Estado Social de Derecho enunciado en la Constitución Política Nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT, exige la renegociación de la deuda pública; la eliminación de la exenciones tributarias a las multinacionales y el capital financiero; la eliminación del impuesto del 4 por mil; restablecer el monopolio de la moneda por parte del Estado; alentar y proteger la producción nacional agraria, industrial y de servicios; un sistema público de seguridad social que permita retomar los activos de los Fondos Privados de Pensiones y paliar con ellos el déficit pensional; mantener el actual reparto de las regalías y subirle el pago de las mismas a las multinacionales , que son las únicas beneficiadas con la explotación de hidrocarburos y minerales. Los males del país radican en la pérdida de soberanía y democracia y estos solo se resuelven reversando el neoliberalismo.
TARSICIO MORA GODO DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente Secretario General
HACE 12 AÑOS FUE ASESINADO EL COMPAÑERO JORGE ORTEGA GARCÍA
PRESENTE! PRESENTE! PRESENTE!
Por asumir la responsabilidad histórica como dirigente político, social y sindical dentro de la sociedad y no convertirse en un ciudadano del común, la burguesía con la complicidad del Estado Colombiano a través de sus organismos de seguridad y los grupos paramilitares, decidieron acabarlo físicamente.
Pero hoy más que nunca nuestro compañero JORGE sigue vivo, está con ustedes, está con nosotros, está vivo en nuestra lucha y en la construcción de ese nuevo país que queremos y merecemos.
Jorge nació en San Jacinto, Bolívar, tierra del folclor y de rebeldía, desde donde empezó a desarrollar su espíritu solidario con los humildes y su entrega por la búsqueda de un país con justicia social. Destacado dirigente social, actuando en las comunidade
s empobrecidas; luego siguió su vida de compromiso, desde el sindicalismo, donde dio la pelea incansable por el bienestar de los trabajadores y la defensa de las empresas estatales a la no entrega a las multinacionales; y su lucha la fundamentó siempre en la necesidad y la urgencia de la unidad, democracia y paz.
Fue asesinado en Bogotá el 20 de octubre de 1998, siendo Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, cuando se desarrollaba el paro del sector estatal, siendo Jorge de la Comisión Negociadora en representación de los trabajadores. Fue asesor de varias negociaciones colectivas de la USO con ECOPETROL y el Estado Colombiano, siempre al lado de los trabajadores y dirigentes de la USO-CUT.
TARSICIO MORA GODO DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente Secretario General
JORGE E. GAMBOA CABALLERO
Director Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente
Bogotá, 20 de octubre de 2010
COMUNICADO
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
CONTRA COMUNIDADES DE TAME – ARAUCA
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, a través del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad, expresa su enérgico rechazo a las acciones terroristas que últimamente han tenido como blanco a niños estudiantes en el Municipio de Tame.
Hace escasos dos meses el niño José Inocencio Mendoza, estudiante del Colegio Chincá de este municipio, fue víctima de una mina anti-persona que le cercenó sus dos piernas, hoy se encuentra en proceso de recuperación.
El día 14 de octubre del año en curso mientras se encontraban en el finca de su padre, el señor José Álvaro Torres en la Vereda Carraos del Municipio de Tame, los niños Jenny Torres Jaimes de 14 años, Jimmy Ferney Torres Jaimes de 9 años y Jefferson Torres Jaimes de 6 años, fueron brutalmente torturados, la niña abusada sexualmente, asesinados y posteriormente enterrados en una fosa común. Estos niños eran estudiantes de la Escuela Alto Caño Martín.
La CUT exige a las autoridades competentes realizar a la mayor brevedad las investigaciones que permitan identificar y condenar a los responsables de estos abominables hechos, con el fin que no queden en la impunidad.
De igual manera invitamos a la población en general, a proteger la niñez y que se garanticen sus derechos en los términos establecidos por la Constitución Nacional, la UNICEF y los acuerdos internacionales.
TARSICIO MORA GODO DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente Secretario General
LUIS ALBERTO VANEGAS Z.
Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad
