{image}http://eldia.co/images/stories/logos/cut.jpg{/image}La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, manifiesta su irrestricto respaldo a la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CCAJAR , por su firme labor que ha sido estar al lado de los trabajadores y las víctimas de violaciones a los derechos humanos y defender sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral como contribución a la superación del conflicto armado interno y la consolidación de la democracia del país.
En el marco de su labor por la defensa de los derechos humanos el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en total 11 víctimas, de desaparición forzada y homicidio en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación, y quien pone a esta honorable organización en entre dicho por sus declaraciones entregadas a los medios de comunicación.
Las estigmatizaciones y acusaciones por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Presidente de la República, hace parte de una histórica persecución a los defensores de derechos humanos, como: …“Esto es gravísimo porque no solo se trata de un fraude al Estado , cometido por las falsas víctimas y sus abogados, sino que es una burla al sistema internacional de derechos humanos y al sistema interamericano que tanto hemos defendido”…. Además calumnio a los abogados, diciendo que algunos de ellos aconsejaban a sus clientes que no conciliaran en la justicia nacional “porque siempre podían sacar mejor tajada y mayores indemnizaciones si acudían a la Corte Interamericana, pero lo que no nos imaginábamos es que pudieran recomendar que mintieran y se hicieran pasar por víctimas y que no lo eran, qué más acto de corrupción que este”; violan el derecho fundamental a la presunción de inocencia y ponen en tela de juicio la buena fe con la que actúan los defensores y defensoras y promueven la deslegitimación y amenaza para su labor.
La CIDH rechaza estas denuncias temerarias del Gobierno Nacional mediante pronunciamiento del 31 de octubre, en Comunicado de Prensa No. 114/11: “El Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las víctimas de la Masacre de Mapiripán mediante un escrito del 4 de marzo de 2005. El Estado pidió perdón en los siguientes términos: “… expresa su profundo respeto y consideración por las víctimas de los hechos ocurridos en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, y evoca su memoria para lamentar y pedir perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana…”
Durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de Mapiripán y en ningún momento cuestionó.
Por último, los presuntos fraudes que puedan existir en este u otros casos deben ser debidamente investigados por el Estado colombiano.”
Solicitamos a las instituciones del Estado colombiano, esclarecer la verdad de los hechos que dieron origen a la sentencia de la CIDH en la caso de la masacre de Mapiripán, en cuanto al número y la identidad de todas las víctimas. También asumir su responsabilidad en los errores procesales del caso e impartir justicia respetando el debido proceso.
Damos un respaldo al CCAJAR que ha llevado a feliz término cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo victimas sindicalistas, que muestran la alianza entre el Estado y Grupos paramilitares, casos como el del Ex Director del DAS JORGE NOGUERA COTES que pone de presente como el DAS se cometió en un aparato criminal.
Invitamos a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a los diversos mecanismos del sistema de Naciones Unidas en el país, así como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a mantener su respaldo y reconocimiento a la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos y en particular al CCAJAR, e instar a las autoridades colombianas a establecer las garantías para los defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos de oposición.
TARSICIO MORA GODOY
Presidente
DOMINGO TOVAR ARRIETA
Secretario General
LUIS ALBERTO VANEGAS Z.
Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad
