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La Ley de Primer Empleo y el desmonte de los parafiscales ¿Trampa o alternativa?

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La reducción sistemática del Estado y por consiguiente su desentendimiento de las obligaciones en la garantía de los derechos de la población joven, y el traslado de éstos a un sistema privado en el que se paga para acceder a ellos, ha sido una de las dinámicas impulsadas por los gobiernos de turno durante la última década. El precario presupuesto nacional para atender a dicha población; aunado al poco interés en la creación de un verdadero Sistema Nacional Público de Empleo, ha conllevado a que proliferen la intermediación y la subcontratación.

La política laboral que impuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante los 8 años de mandato, a través de la Ley 789 de 2002 y una serie de decretos reglamentarios, ahondaron la tasa de desempleo, desestimuló el empleo formal y conllevó a que los trabajadores perdiesen poder adquisitivo y los empresarios se ahorraran más de 4 billones de pesos al año, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Tal situación se presentó con el beneplácito de industriales y empresarios; a través de instrumentos que abarataron costos en mano de obra y redujeron los controles sobre el empleador, como: la proliferación de órdenes de prestación de servicio, contratos temporales de empleo y cooperativas de trabajo asociado.

En lo corrido del año 2010 la situación de los y las jóvenes en el mercado laboral colombiano se ha deteriorado aun más con relación a los años anteriores. La tasa de desempleo ascendió un punto, de 21,7% en mayo de 2009 a 22,6% a mayo de 2010. Más grave es el caso de las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo pasó de 28,4% a 28,9%; mientras que en los hombres pasó de 17,1% a 18,1. Así, al finalizar el mes de mayo del año en curso un 1`228.000 personas jóvenes se hallaban desempleadas, casi la mitad (48,7%) de los 2’519.000 desempleados en Colombia. Es decir, 1 de cada 2 sin trabajo en Colombia es joven, mientras que sólo 1 de cada 4 ocupados está en el rango de los 14 a 26 años de edad.

El panorama no es alentador, debido a que los empresarios insisten en ampliar los beneficios que reciben por parte del gobierno, pues exigen el desmonte o eliminación parcial o total de parafiscales, para generar nuevos empleos a través de la Ley de Primer Empleo. ¿Acaso la Ley 789 de 2002 no fue impuesta para generar nuevos empleos?¿Será que esta nueva exigencia de los empresarios, no ahonda los índices de pobreza de los trabajadores colombianos?¿Será que la Ley de Primer empleo es la prueba piloto para llevar a cabo el desmonte total de los parafiscales? La Ley de Primer Empleo y el desmonte de los parafiscales para empresarios que generen nuevos empleos, es un arma de doble filo para los trabajadores colombianos.

¿Por qué es una propuesta que se debe tomar con cuidado por parte de las centrales obreras en Colombia? Aunque es una proposición que genera algunos empleos formales nuevos, el trabajador que emerge a través de la Ley de Primer Empleo está en condiciones laborales más débiles frente a los empleados formalizados actualmente, debido a la carga prestacional más baja. En contraste, está la situación que no será un empleado informal. Por lo tanto, el debate a dar, es que se requieren empleos formales nuevos, pero con la carga de parafiscales y de prestaciones por trabajador que existe hoy. Una Ley de Empleo digna para los jóvenes colombianos, debe contemplar como mínimo: un pago justo, estabilidad laboral, seguridad social integral y ejercer sin obstáculos y con libertad el derecho a sindicalización

Es urgente presionar al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales y municipales para que destinen el presupuesto adecuado para la implementación de políticas públicas para la generación de empleo formal de los jóvenes. Estas acciones deben llevarse a cabo desde el ámbito legislativo, aunado a la movilización social. Se deben generar múltiples escenarios en los departamentos y municipios para la discusión de políticas y programas de empleo para jóvenes, donde sean participes las administraciones locales, las universidades, las secretarias de desarrollo departamental, las organizaciones gremiales y por supuesto los sindicatos.

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