La prohibición del aborto

La prohibición del aborto

Por: Salomón Kalmanovitz

LA CORTE CONSTITUCIONAL LEGISló que el aborto en Colombia se permitía en casos de violación, peligro de la vida de la madre y problemas sin solución en la salud del feto.

La práctica de la sentencia ha sido exitosamente bloqueada por los intereses de los sectores más conservadores de la sociedad colombiana, que han sido liderados, entre otros, por un procurador que ha traicionado la función pública que se la ha encargado, que no es la de implantar a la fuerza la fe católica. Una de las consecuencias de la prohibición es que las mujeres que todavía optan por el aborto terminan atendidas por centros ilegales que atentan contra su salud y su vida.

La Constitución de 1991 promulgó la separación de la Iglesia del Estado. En ese momento casi entramos en una sociedad que se guía por preceptos racionales, inspirados en la ciencia y en la defensa de la salud pública, no en dogmas ancestrales. Es un atropello a la mujer, a las víctimas de la violencia carnal y a las parejas que deben tomar dolorosas decisiones en torno a la vida y la muerte, que la ley inspirada por preceptos medievales las obligue a tomar decisiones que les dañan la vida de manera irreparable.

Me parece cruel que si el embarazo de mi esposa pone en alto riesgo su vida, deba dejarla morir porque unos religiosos pudieron elaborar una legislación siniestra que obliga a su sacrificio. Me parece criminal forzar a una mujer violada a gestar y criar el engendro de la violencia a que fue sometida. Ni quiero ver a una pareja arruinar su vida porque se les obligó a continuar el embarazo con un feto que se sabía malformado y que no garantizaba un mínimo de calidad de vida. En cada una de estas instancias se violenta a la gente en su capacidad de decidir sobre lo que más le conviene y se la obliga a sufrir innecesariamente. Lo que es peor es que el religioso que toma la decisión, invadiendo la esfera privada de las personas, no asume sus consecuencias.

La sentencia de la Corte incluso se quedaba corta frente a lo que sucede en las sociedades civilizadas que permiten el aborto en casos de un embarazo indeseado que puede lesionar la vida de una adolescente o de cualquier mujer o pareja. Ellos pueden sentir que no están preparados para concebir y darles una buena vida a los hijos que deben planificar cuidadosamente.

La Iglesia fue siempre enemiga del control natal. Le corresponde entonces asumir una enorme responsabilidad histórica por millones de embarazos indeseados que gestaron niños sin amor ni cuidado suficientes. De hecho, impedir la educación y los programas de control de la natalidad contribuyó a que la informalidad y el desempleo se dispararan.

El presidente del Partido Conservador quiere cambiar la Constitución para que castigue el aborto en todos los casos, aduciendo que estamos en un país católico. Pero eso no es cierto del todo ni es una buena razón para regular de manera dañina la vida del cuerpo social. Justificaría, por ejemplo, la lapidación de la mujer por infidelidad en los países musulmanes. En Colombia, más de un tercio de la población es protestante. Por lo demás, hay buenos católicos que practican masivamente el control natal, se divorcian y tampoco quieren verse en la disyuntiva de atropellar o hacer morir a las mujeres. Lo cierto es que la práctica del catolicismo se ha debilitado con la modernización del país. El procurador y el presidente del Partido Conservador nos quieren regresar a la edad de la piedra.