Bogotá, 12 de octubre de 2022
En la aprobación en el primer debate en las comisiones económicas del congreso, el cabildeo del gran empresariado logró reducir en 3 billones de pesos, la meta de recaudo de la reforma tributaria del gobierno de Petro, presentada por su ministro de hacienda José Antonio Ocampo.
A pesar de esa disminución seguimos considerando que mantiene el criterio progresivo en materia fiscal, de que los que más tienen más pagan, y por tal los 22 billones de pesos que aún se pueden recaudar, son un recurso indispensable para la inversión social y así poder avanzar en acciones contra el hambre, la pobreza, el desempleo y avanzar en acciones en favor de la salud, la educación, el saneamiento y el agua potable.
A pesar de ello, esta reforma está aún muy distante de una justicia tributaria que elimine los inmensos beneficios de las grandes corporaciones y los megarricos.
Seguimos eso sí, considerando inconveniente gravar las pensiones.
Primero, es un precedente negativo hacia el futuro, ya que podrían seguir gravando pensiones cada vez más bajas y, segundo, la Sentencia de la Corte Constitucional C-177 de 1998 precisa que la pensión de vejez es fruto del ahorro forzoso del trabajador durante toda la vida laboral y no se trata de un subsidio o una dádiva que otorgue la Nación. Es, un reintegro de lo debido al trabajador. La Corte es clara en afirmar que la pensión es un derecho constitucional de amplia configuración legal. Y la Sentencia es insistente en asegurar que se trata de un derecho que no es gratuito, pues surge de una acumulación de cotizaciones y de tiempos de trabajo efectuados por el trabajador.
En este sentido exigimos del congreso, eliminar del articulado de la reforma, el
correspondiente al gravamen de las pensiones.